Al gobernador del Banco de España no le gusta la propuesta de PGE

Al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no le gusta el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Gobierno. No es la primera vez que el Banco de España interviene en el debate político y con una fijación especial en las pensiones. En agosto pasado se conoció un trabajo de dos economistas de esta entidad, que estudió el sistema de pensiones desde el punto de vista del rendimiento financiero del mismo, como si el nuestro fuese un modelo de capitalización -difícilmente compatible con el artículo 50 de la Constitución- en lugar de estar sustentado, como recomienda el Pacto de Toledo, en los principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad.

Evidentemente, el gobernador del Banco, como cualquier persona, tiene derecho a opinar de lo que considere oportuno, pero sería bueno que quedase claro que lo hace como ciudadano, para evitar que cale la impresión de que la entidad supervisora dedica sus recursos a trabajos impropios, que se preocupa más de apuntalar la ortodoxia neoliberal que de vigilar la estabilidad y solvencia del sistema financiero.

Pablo Hernández de Cos considera optimista la previsión de ingresos del proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno. Coincide en esto con la Autoridad Fiscal, que prevé 9.000 millones menos de ingresos, pero no con la Agencia Tributaria, que considera acertada la previsión de ingresos del Proyecto. Es posible que el Ejecutivo se equivoque, porque los presupuestos se basan en previsiones y predecir el futuro siempre tiene riesgos, pero hasta ahora sus previsiones de crecimiento han sido bastante prudentes, incluso se han quedado cortas. Bien se merece un voto de confianza.

Otro punto de crítica es la subida del 0,9% de pensiones y salarios públicos, crítica a la que se han sumado, en lo referente a los trabajadores públicos, diferentes analistas incluso de la órbita socialdemócrata. ¿Por qué en periodos de crisis, y en los últimos años son casi continuos, hay tanta gente que cree que no se debe subir el sueldo a los empleados públicos? Sin duda por la mala opinión que una buena parte de la sociedad tiene de los funcionarios.

La imagen, totalmente distorsionada, del funcionario que no atiende bien, no se gana el sueldo y tiene el trabajo fijo está muy extendida -siendo que el 28%, más que en el sector privado, son eventuales-, y declaraciones como la del gobernador del Banco de España no ayudan nada a corregirla ¿Qué da a entender Pablo Hernández de Cos cuando defiende la congelación salarial de los empleados públicos menos el personal sanitario? Solo cabe una interpretación, que estos últimos, los sanitarios, son los únicos que se merecen la subida; el personal educativo, el que gestiona las ayudas, la policía… parece que no han hecho el esfuerzo suficiente.

¿Qué pretende el gobernador con esa discriminación positiva al personal sanitario? ¿Darles una propina? Lo que necesitan los sanitarios es que el sistema de salud del que forman parte se someta a una reestructuración a fondo, que incluya una aproximación a la media de los países de nuestro entorno en número de camas, personal… y salarios.

Entre los trabajadores y trabajadoras públicos hay de todo como en cualquier colectivo, gente que se escaquea y gente maravillosa y, en cualquier caso, suponiendo que quienes trabajan para la ciudadanía no sean suficientemente eficientes, la solución no puede ser congelarles el salario. Seguro que la función pública necesita reajustes, pero son sus responsables, en última instancia quienes gobiernan las instituciones, los encargados de llevarlos adelante y garantizar el correcto funcionamiento de las distintas estructuras administrativas.

Es razonable pensar que hay otras prioridades en la inversión del dinero público -en estos momentos, por ejemplo, mejorar el sistema sanitario, garantizar un mínimo vital a todo el mundo o ayudar a las empresas más afectadas-, que no es lógico que cuando la mayoría de la población va a ver disminuidos sus ingresos en este año, desde el Gobierno se garantice a estos colectivos cierto incremento salarial. Comparto plenamente la idea de que hay otras prioridades, creo que este no es el mejor momento para que los empleados públicos y pensionistas recuperen parte del poder adquisitivo perdido años atrás, pero los costes de la crisis deben pagarse de manera equitativa.

Una parte no desdeñable de las pensiones son casi de subsistencia y entre quienes trabajan para la ciudadanía también los hay mileuristas, ¿hay que congelarles las nóminas? La única manera de ser equitativo, de evitar que las desigualdades crezcan, es hacer que el reparto de la carga se haga en función de la riqueza de todos los ciudadanos -tanto del sector público como del privado-, a través de los impuestos, aunque esto suponga, en el caso de salarios y pensiones altas, que el incremento impositivo sea mayor que el salarial. Lo que hay que poner en cuestión es la timorata política impositiva del Ejecutivo, no el incremento de pensiones y salarios públicos.