Levantar el pie del acelerador

Trump ha calificado de pobres y atrasados a los que están asumiendo que debe frenarse y regularse internacionalmente la acelerada expansión de los centros de datos y de la Inteligencia Artificial (IA). Entre ellos, a algunos de sus amigos multimillonarios, Sam Altman (Open AI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (SpaceXAI) que se han sumado repentina y sorpresivamente al temor por el irreversible daño que una IA sin control humano puede ocasionar a nuestras vidas. Algo de lo que ya avisó el Papa León XIV el pasado mes de mayo en su encíclica “Magnífica Humanitas” (Magnífica Humanidad) al ensalzar la naturaleza humana y su dignidad única frente a la IA.

Recordemos que un centro de datos es una nave industrial para albergar sistemas informáticos que almacenan, procesan y ejecutan aplicaciones, alojan páginas web, procesan transacciones y entrenan modelos de IA para distribuir información digital a gran escala.

En Estados Unidos, donde no existe un mercado integrado y son operadores regionales los que generan, transportan y distribuyen la energía eléctrica, republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo en la Cámara de Representantes y en el Senado para que los grandes consumidores paguen íntegramente la infraestructura eléctrica adicional de generación, transporte y distribución que exigen sus inversiones. Este requisito solo se aplicará a los que hayan firmado un contrato de suministro a partir de la entrada en vigor de la norma. 

Detrás de este acuerdo sin precedentes, que distancia a los republicanos de Silicon Valley, está la presión de las comunidades locales de estados y condados bajo una premisa: que la factura de las grandes tecnológicas no la paguen las familias trabajadoras. Haya o no sol y viento, los centros de datos consumen y se refrigeran continuamente durante las 24 horas de cada día mientras que los efectos positivos de las energías renovables son discontinuos. Algo que puede disparar el coste para el bolsillo de los consumidores si, por ejemplo, hay que recurrir al gas durante determinadas horas. 

Un ejemplo es el del condado de Pierce, en el estado de Washington, que tiene una población aproximada a la de Zaragoza y ofrece corredores industriales llanos como Aragón con acceso directo a las infraestructuras públicas de agua y de electricidad. Pierce ha congelado un año los permisos para centros de datos que superen los 10 megawatios. Quieren ganar tiempo para establecer salvaguardas permanentes para los contribuyentes, normas de transparencia en materia de consumos de agua y de electricidad, y estándares ambientales estrictos en cuanto a las emisiones de carbono.

Otro ejemplo. El del ayuntamiento de Seattle que ha aprobado por unanimidad una moratoria de un año en la tramitación de los nuevos centros de datos mientras los técnicos municipales realizan estudios exhaustivos sobre sus repercusiones reales en materia de energía, agua y salud pública. En Seattle, los centros de datos, que entre los finalizados y los que están en tramitación superan la treintena, ya están consumiendo la energía para abastecer a aproximadamente 300.000 hogares.

Y otro más. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, ha paralizado tramitar nuevas conexiones hasta auditar todos los centros de datos pendientes. Las solicitudes superan 5 veces el máximo de consumo histórico del segundo estado más poblado de Estados Unidos. El de Pensilvania, Josh Shapiro, lo tiene claro: “Si las comunidades locales no aprueban un proyecto, el Estado tampoco lo aprobará”. 

En España y en Aragón, aunque esté generalizado el minifundismo de las comunidades locales, también es obligado escuchar, respetar la autonomía municipal y evaluar a fondo todos los proyectos de centros de datos solicitados o en tramitación.

El Gobierno de Azcón ha tirado por el camino más previsible, el de atacar al Gobierno de España por querer regular, en línea con la Unión Europea, la implantación de nuevos centros de datos. Sus argumentos: la inseguridad jurídica y los requisitos imposibles que pueden ahuyentar decenas de millones de euros en inversiones.

Según los datos del Gobierno de España, en Aragón los centros de datos (hay 11 tramitados como Proyectos de Interés General Autonómico) se han llevado ya más de 3.600 megawatios, el 67 por ciento de la nueva capacidad concedida a consumidores en la red. Más del doble del pico de demanda eléctrica de toda la comunidad autónoma.

En el borrador de real decreto del ministerio de Transición Ecológica, que pretende priorizar los proyectos más eficientes teniendo en cuenta la capacidad limitada de la red eléctrica, se exige que el 80 por ciento del consumo de los centros de datos proceda de energías renovables, que se proteja al consumidor y que los operadores tecnológicos estén establecidos en la UE (soberanía tecnológica).

¿Qué pasaría con los que ya tienen contratos en marcha y permisos de acceso a la red concedidos? Los derechos adquiridos, las hipotéticas indemnizaciones y el plazo de 6 meses para que los proyectos que ya tienen permiso de acceso se adapten a los nuevos requisitos, son algunas de las cuestiones que tendrán que debatirse en la tramitación parlamentaria.

En todo caso, un saludable escepticismo invitaba a no precipitarse con una barra libre de solicitudes y de ayudas públicas que puede colisionar no solo con algunos municipios a los que no se ha consultado previamente sino también con la gran industria (automóvil, siderurgia, metal, química, cerámica) que consume intensivamente electricidad y que estaba antes.

Son esas compañías las que están reclamando a las tecnológicas memorias obligatorias de consumo de agua, auditorías de costes para evitar fuertes subidas de la factura de la luz y prioridad frente a la IA a la hora de acceder al agua, a la red eléctrica y a los proyectos de descarbonización.

A bote pronto, en Aragón podemos visualizar ejemplos de proyectos logísticos, del sector del automóvil como la planta de baterías destinadas a coches eléctricos en Figueruelas o agroalimentarios como Bon Área en Épila.

No es un asunto de titulares en los que se van sumando con trazo grueso inversiones multimillonarias una tras otra. Ni tampoco de atrasados o de visionarios. Es un asunto complejo que requiere regulación, evaluación rigurosa, y criterios selectivos y eficientes. 

Un dato final. Los análisis económicos de The Guardian, un diario británico que está siendo un ejemplo de reporterismo humano sobre el terreno y de crítica global frente a la acelerada expansión de los centros de datos, revelan que este sector suele inflar los beneficios locales. Han evidenciado, por ejemplo, que los centros de datos en el Reino Unido apenas generan el 25 por ciento de los empleos que las tecnológicas prometen inicialmente.