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ARAGÓN

Más de 300 investigadores de la Universidad de Zaragoza reclaman que se les aplique la subida salarial

Acusan al centro universitario de no aplicar la subida salarial aprobada por el Gobierno, como sí han hecho las universidades de Navarra, Valencia, Salamanca o todas las catalanas

Señalan que estas subidas salariales implican, “entre otras cosas, la subida del 2,25 % correspondiente a todos los empleados públicos españoles para el año 2019 (además de 0,25 % adicional por el incremento del PIB recientemente anunciado)

Desde la Universidad de Zaragoza aseguran que se está trabajando “con la urgencia y dedicación que merece para cumplir con el Estatuto del Personal Investigador en Formación, pero existen problemas técnicos y jurídicos que deben salvarse"

“El contexto actual de prórroga presupuestaria a nivel estatal y autonómico impide que desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o desde el Gobierno de Aragón se puedan realizar las acciones necesarias para que la Universidad pueda, de forma legal, cumplir con la demanda”

Más 300 investigadores de la Universidad de Zaragoza han constituido el colectivo PIF Unizar

Más 300 investigadores de la Universidad de Zaragoza han constituido el colectivo PIF Unizar Universidad de Zaragoza / Zaragoza

Más 300 investigadores de la Universidad de Zaragoza han constituido el colectivo PIF Unizar para reclamar al centro que aplique la subida salarial aprobada por el Gobierno. Apuntan que otras universidades, como las de Navarra, Valencia, Salamanca y todas las catalanas ya se han comprometido a aplicarla.

En un comunicado, señalan que estas subidas salariales implican, “entre otras cosas, la subida del 2,25 % correspondiente a todos los empleados públicos españoles para el año 2019 (además de 0,25 % adicional por el incremento del PIB recientemente anunciado) y la aplicación del Estatuto del Personal Investigador (EPIF) –aprobado por Real Decreto el marzo pasado–, que supone una mejora sustancial de las condiciones laborales de estos investigadores, así como el pago de los trienios”.

La Universidad de Zaragoza, dicen, “reconoció públicamente en la reunión de la Mesa del Personal Docente e Investigador que debía pagar. Aun así, mostró su intención de no cumplir la ley a corto plazo”. A ello, explican, “hay que añadir que la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades de España) ha publicado un dictamen que concluye que los salarios deben actualizarse inmediatamente”.

Aseguran que no descartan emular a otros colectivos, como los investigadores de las universidades públicas de Catalunya, “que, tras la huelga del pasado 22 de mayo, consiguieron que dichas instituciones se comprometieran por escrito a aplicar estas medidas salariales”.

La Universidad de Zaragoza ni debe ni puede negarse a cumplir la Ley

Desde la Universidad de Zaragoza aseguran que se está trabajando “con la urgencia y dedicación que merece para cumplir con el Estatuto del Personal Investigador en Formación contenido en el Real Decreto RD 103/2019 pero existen problemas técnicos y jurídicos que deben salvarse. Además se está estudiando de forma conjunta con otras universidades para tener un posicionamiento y unas acciones que sean coherentes y comunes en todo el territorio nacional”.

El campus público aragonés, señalan, “cuenta con un plan de trabajo para abordar este problema de forma monográfica”. Un asunto que afecta a “una masa de personal importante y con una labor esencial en el engranaje de la investigación. Y de ahí que la institución considere que es fundamental que se resuelva de la forma más adecuada para los interesados, pero también dentro del marco legal y jurídico”.

El Real Decreto, explican, “reconoce un incremento salarial a los investigadores predoctorales en el tercer y cuarto año de su contrato que conlleva un aumento del presupuesto. Pero también advierte que este incremento no puede suponer un aumento de gasto público. En este momento, las universidades españolas estudian cómo acometerlo”.

Indican también que “el contexto actual de prórroga presupuestaria a nivel estatal y autonómico impide que desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o desde el Gobierno de Aragón se puedan realizar las acciones necesarias desde estas instituciones para que la Universidad pueda, de forma legal, cumplir con la demanda”.

También señalan que “en la propia reunión de mesa sindical del pasado 7 junio se emplazó a los representantes de los afectados a un nuevo encuentro con los distintos responsables de Consejo de Dirección que están trabajando en este asunto para ofrecerles información de la forma más clara y directa posible”.

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