El adelanto electoral de Azcón le salió caro a los aragoneses: 12 millones de euros, el triple que el coste en 2023

El operativo desplegado durante las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero —cuyo resultado aún no se ha traducido en la formación de un gobierno, a la espera de un acuerdo entre PP y Vox— ha supuesto un coste mayor a lo previsto: en torno a los 12 millones de euros.

La convocatoria de elecciones anticipadas tuvo como consecuencia que el Gobierno de Aragón se vio obligado a asumir el gasto en solitario, a diferencia de otras convocatorias en las que coincidían elecciones municipales y autonómicas y el Ejecutivo central se encargaba de la gestión de colegios electorales o la recogida de datos, tradicionalmente en manos del Ministerio del Interior. Así ocurrió en 2023, en cuyas elecciones el Ejecutivo autonómico gastó 3.930.260 euros, según consta en la liquidación del ejercicio.

De los 12 millones que supuso la convocatoria del 8F, casi cinco millones se destinaron al contrato con Indra para el tratamiento de datos; alrededor de 2,5 millones, a subvenciones electorales; otros 2,5 millones a infraestructuras (cabinas, papeletas o urnas). Y a eso hay que sumar unos dos millones a gastos de personal.

El Gobierno de Aragón ha evitado por el momento trasladar a elDiario.es el montante global del desembolso, aunque fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico lo confirman.

En relación con el último capítulo, los gastos de personal, el Ejecutivo autonómico ya ha activado el pago de las gratificaciones a los funcionarios que participaron en el dispositivo electoral. Este importe, próximo a los dos millones de euros, incluye tanto al personal de las juntas electorales —Central, provinciales y de zona— como a las más de 6.500 personas que formaron parte de las mesas.

Malestar por el retraso

Aunque el retraso en los abonos ha generado malestar, el director general de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Lafuente, asegura a elDiario.es que los plazos son los habituales. Según explica, estos pagos se realizan una vez finalizado el proceso electoral y presentadas las liquidaciones correspondientes. Además, la Junta Electoral mantiene su actividad hasta 100 días después de los comicios, tal como establece el artículo 15 de la LOREG, para resolver recursos y completar trámites administrativos.

Lafuente subraya que se trata de miles de “micropagos” que se están tramitando desde los servicios de Intervención y Tesorería, y cuya demora responde a la necesidad de recopilar toda la documentación.

En la Junta Electoral de Aragón, las gratificaciones oscilan entre los 3.916 euros de la Presidencia, los 1.523 de la vicepresidencia, los 1.418 de los vocales y los 3.045 de la Secretaría. Por asistencia a sesiones, el presidente y el secretario perciben 82 euros, mientras que el vicepresidente y los vocales reciben 70 euros. El personal colaborador tiene un límite de 7.047 euros.

En las juntas electorales provinciales, las retribuciones en las más de mil mesas van desde los 3.617 euros del presidente hasta los 904 euros de los vocales no judiciales, pasando por los 1.582 euros del vocal judicial y delegado del censo y los 3.391 euros de los secretarios.

Más de 9.000 personas participaron en el dispositivo, procedentes de distintas administraciones y empresas. En total, se habilitaron 2.213 mesas en 999 locales electorales repartidos por 731 municipios, con un censo de 991.892 electores, además de 44.433 aragoneses residentes en el extranjero (CERA) distribuidos en 131 países.

Pagos y contrataciones

El resto del presupuesto se distribuye en una amplia variedad de gastos y contratos: desde los 455.000 euros destinados a compensar con 70 euros a cada una de las 6.500 personas que trabajaron durante la jornada electoral hasta la impresión de 15 millones de papeletas, actas y sobres, el transporte de urnas o la preparación de los materiales para las mesas.

También se incluyen los costes asociados a la seguridad, con la participación de 391 policías locales en 42 municipios, además de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la policía autonómica.

Asimismo, más de 200 voluntarios de Cruz Roja, con unos 40 vehículos, facilitaron el traslado de personas con movilidad reducida. El operativo contó además con Protección Civil, bomberos, personal sanitario y técnicos especializados para garantizar el desarrollo de la jornada “con normalidad, seguridad y libertad”.

En paralelo, se impartió formación obligatoria a 1.300 representantes de la administración en 14 sedes, a quienes se entregaron tablets utilizadas por primera vez para la transmisión de datos.

Un reto organizativo en 54 días

La convocatoria anticipada —inédita en la comunidad— obligó a organizar todo el dispositivo en apenas 54 días, cuando lo habitual es disponer de cerca de un año.

Entre las novedades, destaca el envío de documentación en braille a personas con discapacidad visual, así como el diseño de cinco campañas institucionales: convocatoria electoral, instrucciones para mesas, voto por correo, voto CERA y voto accesible.

El despliegue técnico incluyó más de 3.000 metros de cableado, otros 2.000 de fibra óptica, dos grupos electrógenos y un equipo de más de 60 técnicos.

Los resultados se difundieron a través de una web alojada, por primera vez, en la nube de Amazon Web Services, con el objetivo de evitar colapsos y garantizar un acceso ágil.