El coronavirus empuja al Gobierno de Lambán a volver a la casilla de salida en 2021

Después de meses de no parar de achicar agua por las urgencias del coronavirus, el Gobierno de Javier Lambán encara este nuevo año como si se tratara de volver a la casilla de salida, a agosto de 2019. El cuatripartito acaba de aprobar el Plan del Gobierno de la décima legislatura, la hoja de ruta de su gestión de los próximos meses, adaptada a las consecuencias de la pandemia y a la Estrategia de Recuperación Social y Económica, aprobada en junio pasado por los partidos con representación en las Cortes, a excepción de Vox, y los agentes económicos y sociales.

Ha sido un año en blanco, meses para olvidar en los que la pandemia ha marcado cada minuto de la gestión del Gobierno autonómico y la capacidad de elaborar leyes sobre asuntos al margen del virus ha brillado por su ausencia. El pasado debate sobre la situación política de la comunidad reflejó con toda su crudeza la dura realidad que ha marcado la vida política desde marzo: el hemiciclo a mitad de su aforo, diputados separados por mamparas de plástico, la tribuna de público vacía y todo el protagonismo para el covid-19.

En los socios del Pignatelli existe en buena lógica el anhelo de que la época post covid pueda ser realidad lo antes posible, siempre que lo permita la vacuna que empezó a suministrarse el pasado domingo. Es como si la legislatura se pusiera en marcha ahora. Esa es la sensación que se respira y la que se interpreta del Plan del Gobierno que se ha tenido que rehacer dadas las circunstancias pandémicas.

La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, establece en su artículo 14.2 que el Gobierno aprobará, en los primeros meses de cada legislatura, un plan con contenido abierto. Y en cumplimento de este precepto legal, el documento fue elaborado al inicio de la legislatura con las propuestas formuladas por los departamentos con carácter previo a la declaración del estado de alarma. La base programática del plan contenía las 132 medidas del Acuerdo de investidura de los cuatro partidos políticos (PSOE, PAR; CHA y Podemos). Sin embargo,  la aprobación del Real Decreto de 14 de marzo que declaró el estado de alarma obligó al Gobierno a posponer, en su reunión del 6 de mayo, la aprobación del plan correspondiente a  la legislatura para adecuarlo a la nueva situación económica y social generada por la pandemia.

Actuaciones para la legislatura

El plan aprobado por el Gobierno a mediados de noviembre incluye un amplio listado de actuaciones que cada Departamento se propone desarrollar en esta legislatura. De todas las acciones sobresalen la futura creación del cuerpo autonómico de bomberos, la mejora de la financiación local, el establecimiento de una relación con el Estado en términos de bilateralidad, la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno de Aragón, el desarrollo de soluciones para las Cuencas Mineras turolenses en el marco de la transición energética, la reclamación de una armonización fiscal en todo el territorio español y la exigencia al Gobierno central de la firma del Acuerdo Bilateral Económico-Financiero previsto en el Estatuto de Autonomía.

La nueva Ley de Vivienda, el futuro plan extraordinario de carreteras, el Plan Ebro 2030 y la finalización de las obras de los hospitales de Teruel y Alcañiz son otros asuntos prioritarios de esta legislatura para el Gobierno, que ansía dejar atrás una situación inesperada y dramática provocada por la pandemia, que parece no haber hecho mella en las relaciones de los cuatro partidos, y empezar a vender gestión con los presupuestos más altos de la historia ya aprobados y listos para gastar desde ayer viernes, 1 de enero.

El Gobierno se pone las pilas

Prueba de la necesidad que tiene el cuatripartito de exhibir gestión, el Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión del año, celebrada el 23 de diciembre, un paquete de iniciativas de fuerte calado político, como el proyecto de ley de reforma del controvertido Impuesto de Contaminación de las Aguas, que pasará a denominarse Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) y que será remitido en breve a las Cortes para su debate y votación. También vieron la luz el proyecto de ley sobre Simplificación Administrativa; la Oferta Pública de Empleo del Salud de 2020, con 639 plazas, y del. personal docente no universitario, y el convenio con la propiedad del Monasterio de Sijena, que permitirá habilitar nuevos espacios expositivos y una mayor difusión del monasterio.