La comisión de investigación dictamina que el Ayuntamiento gestionó bien las presuntas agresiones sexuales en San Lorenzo
- La polémica provocó que Luis Felipe excluyera a los concejales de Cambiar Huesca del Gobierno municipal
Ha finalizado en el Ayuntamiento de Huesca –sin conclusiones inesperadas– la comisión especial de investigación sobre la gestión de la información por parte de los responsables municipales respecto a las presuntas agresiones sexuales cometidas durante las fiestas de San Lorenzo 2018. El dictamen definitivo, entre otras cosas, concluye que “la gestión fue acorde con la información de la que se disponía en cada momento, trasladada por la Subdelegación del Gobierno en Huesca y adecuada a la naturaleza de los hechos acaecidos y a las circunstancias de los casos”.
Señala, además, que el Consistorio oscense “no es la administración competente en la gestión de la información sobre hechos presuntamente delictivos. La administración competente es la Administración General del Estado en el estadio de investigación policial y el Poder Judicial en el estadio de investigación judicial. Una y otra intervención están presididas por normas jurídicas que imponen el secreto y el sigilo como principios rectores de la actuación y la prudencia y la discreción como reglas de conducta”.
Provocó una remodelación en el Gobierno municipal
Se cierra así –al menos de momento– la enorme polémica suscitada a raíz de la denuncia por un presunta agresión sexual presentada en la noche del 9 al 10 de agosto de 2018, en plenas fiestas de San Lorenzo. Varios días después, el 22 de agosto, el Diario del Alto Aragón publicó una información en la que, según fuentes de la Fiscalía, se confirmaba que se había producido esa denuncia y recordaba que la subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco, señaló, el mismo día 10, “que no había denuncias de esta naturaleza”. Posteriormente, el día 13, mantuvo la inexistencia de denuncias, pero sí habló de la apertura de “dos investigaciones de oficio por posibles delitos sexuales”.
Tras conocerse lo sucedido, CHA pidió la dimisión del alcalde de la ciudad, Luis Felipe, y acusó a los representantes institucionales de dedicarse a “hablar de rumores para no empañar las fiestas en un momento en que una mujer había sido agredida sexualmente”. Y Cambiar Huesca (socio de Gobierno, junto con Aragón Sí Puede, del PSOE en el Consistorio oscense) afirmó que si la información se confirmaba “por las fuentes autorizadas” solicitaría responsabilidades en el ámbito político y de gestión.
El 28 de agosto –ya en plena guerra entre los miembros del Gobierno– Luis Felipe propuso la creación de la comisión de investigación que ahora termina. Cambiar Huesca puso como condición presidir dicha comisión para continuar junto a PSOE y Aragón Sí Puede al frente del Gobierno municipal.
El 6 de septiembre, el alcalde dio un plazo de 24 horas a Cambiar Huesca para que abandonara el equipo de gobierno. Si no lo hacía por decisión propia, dijo, sería él mismo quien tomara la decisión. Así fue, el 7 de septiembre Luis Felipe excluyó a los concejales de esta formación.
El Gobierno central confirmó que se tenía toda la información
El pasado mes de noviembre, y tras una pregunta del diputado de Unidos Podemos por la provincia de Huesca, Jorge Luis, registrada el 5 de septiembre, el Gobierno central replicó que “a las 21:36 horas del pasado 9 de agosto se recibió en la sala del 091 de la Policía Nacional una llamada telefónica sobre la presencia de una joven en la plaza de Navarra de Huesca que podría haber sufrido una agresión sexual. La Policía Nacional se personó a las 21:41 horas de ese mismo día en la citada plaza, donde ya se encontraban agentes de servicio de la Policía Local. La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital San Jorge, acompañada por miembros de la Policía Nacional y Local, e ingresó en el servicio de Urgencias a las 22:04 horas”.
Y aclaró que “la Comisaría Provincial de Policía informó esa misma noche a la Subdelegación del Gobierno en Huesca del inicio de una investigación de oficio para esclarecer la posible comisión de un delito contra la libertad sexual. Como consecuencia de lo anterior, la subdelegada del Gobierno (Isabel Blasco) trasladó de inmediato dicha información al alcalde del citado municipio. Cabe señalar que la Subdelegación del Gobierno dio al Ayuntamiento, en cada momento, la información de la que se disponía, sin valorar la adopción de medidas que, en todo caso, corresponderían al Ayuntamiento”.
