El Servicio de Orientación Penitenciaria asistirá legalmente a presos pese a perder la financiación
Garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Ese es el fin que ha llevado a los miembros del Servicio de Orientación Penitenciario (SOP) a continuar visitando las cárceles aragonesas de Zuera y Daroca, pese a no percibir ninguna retribución desde enero de 2015. Los abogados han decidido continuar con su labor por considerar que “el derecho constitucional de defensa debe estar debidamente salvaguardado en todas las situaciones”.
El SOP, que en el año 2014 realizó más de 1000 asistencias, ha dejado de estar subvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), tras la modificación de la convocatoria de la ayuda económica que recibía anualmente, por medio de un decreto, de 31 de marzo de 2015, que excluye de la misma a las corporaciones de derecho público y, por tanto, a los Colegios de Abogados.
Lourdes Barón, coordinadora del SOP, ha incidido en la importancia de este servicio recalcando que “la imposibilidad de acudir a los recursos sociales y jurídicos desaparece en la cárcel, por lo que nuestra misión es acercarles los medios más óptimos para el ejercicio de su defensa, evitando así situaciones de desconocimiento de sus derechos que pueden añadir mayor penosidad a sus condenas”.
La asistencia legal a presos, una cuestión de derechos
El SOP se creó hace 17 años en el seno del Colegio de Abogados de Zaragoza a través de un grupo de colegiados interesados en los derechos de las personas privadas de libertad. Según explica Barón, “el asunto de la financiación ha sido siempre conflictivo porque el tema de la protección de los derechos de los presos no es muy popular”. Sin embargo, añade la letrada, “la DPZ fue muy sensible a este tema concediendo la ayuda que venía prestando anualmente”, por lo que “ha sorprendido mucho esta variación repentina”.
La gran mayoría de consultas que realiza el SOP son relativas a cuestiones estrictamente penitenciarias: permisos de salida, grados de clasificación, libertad condicional, traslados de prisión, asuntos de salud, acumulaciones o refundiciones de condena, entre otras. Además, también informan y dan acceso al procedimiento de solicitud y trámite de la justicia gratuita para procedimientos laborales, de familia, etc.
Para Barón, “este servicio es muy necesario sobre todo en estos momentos” debido a que “el 1 de julio entrará en vigor la reforma del Código Penal, que afectará a las penas de los reclusos y reclusas que acuden a él y tienen el mismo derecho que las personas en libertad a estar debidamente informados”.
