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Aragón prohíbe herir a las reses en festejos populares y permite el toro de fuego, ensogado y engamellado

Imagen del 'bou embolat' de Benimàmet (Valencia).

Óscar F. Civieta

Zaragoza —

El 18 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden por la que se concretan las condiciones generales de celebración de los festejos taurinos populares. En el artículo 3 de la misma se prohíbe “herir, pinchar, golpear o tratar cruelmente a las reses”. Por trato cruel, especifica, “se entiende también el lanzamiento de objetos a las reses, la utilización de objetos, útiles, petardos, vehículos o cualquier instalación que puedan dañar o causar dolor o sufrimiento a los animales o la alteración de cualquiera de los sentidos de la res, aunque no medie contacto físico con ella”.

Es este aspecto uno de los que más destaca el Ejecutivo autonómico dentro de las medidas que “protegen el bienestar animal”. Sin embargo, en el mismo texto señala que se puede autorizar, “en aquellas localidades en que se venga celebrando de forma continuada en el tiempo, de acuerdo con la costumbre y tradición local arraigada socialmente, determinados festejos populares tradicionales, como el toro de soga, el toro ensogado, el toro embolado y el toro de fuego y el toro engamellado”.

Para Olga García, coordinadora del Partido Animalista PACMA en Zaragoza, que en la orden se hable de garantizar que no se maltrata a las reses es una gran muestra de “cinismo”. Cualquier festejo taurino, dice, conlleva un maltrato: “Una res corre por miedo, no porque quiera mantener la línea. Y si se revuelve e intenta embestir es porque trata de defenderse, porque ese animal ya está sufriendo”.

Eso pasa, según García, “en el mejor de los casos; pero si se sigue permitiendo que se le pongan bolas de fuego o ensogarlo y otro sinfín de barbaridades, la cosa ya es mucho más grave”.

Trámites administrativos más laxos

Apunta Olga García “que la gran mayoría de la población se ha posicionado en contra de los festejos taurinos mayores -las corridas- pero hay muchos que siguen tolerando el divertirse a costa del miedo de los animales. Aunque, poco a poco, hay un despertar social”.

En este sentido, la animalista piensa que “el Gobierno de Aragón está nadando contracorriente de lo que pide la sociedad, que es el fin de los festejos taurinos”. Recuerda que esta orden se ha elaborado “con el consejo de empresarios taurinos. A nosotros no nos han llamado”, señala con ironía, “ni a ninguna otra asociación similar. Los aragoneses somos muy capaces de divertirnos sin hacer sufrir a los animales”. La Administración, termina, “lo que hace es promover festejos y abaratar costes para los empresarios”.

Se refiere, principalmente, a otra de las novedades más significativas de la orden: la que flexibiliza los trámites para obtener el correspondiente permiso. En concreto, se dicta que “cuando un mismo festejo se celebre en un municipio en dos o más sesiones dentro de una franja horaria no superior a 12 horas, se considerará un único acto, debiendo la empresa organizadora presentar una única solicitud”.

Por añadidura, “la duración máxima de un festejo no podrá superar las tres horas desde su inicio, salvo que el desarrollo del festejo se divida en dos o más sesiones dentro de una franja horaria de 12 horas, en cuyo caso la duración conjunta no podrá superar el límite de las siete horas”.

Con la consideración de un único festejo taurino cuando no se superen las 12 horas, según el convenio colectivo nacional firmado por los sindicatos representativos de los profesionales taurinos y los empresarios del sector, se explica en la orden, “percibirán los directores de lidia 350 euros por festejo. De esta forma, además de tutelar los derechos laborales de los profesionales taurinos, obtienen seguridad jurídica todos los municipios de Aragón, cumpliendo sus obligaciones con la Seguridad Social”.

Esta era una cuestión, dicen, “que llevaba cinco años ocasionando graves fricciones y problemas entre unos y otros hasta el punto de haberse trasladado a la Inspección de la Trabajo, organismo que había levantado numerosas actas de infracción a muchos ayuntamientos aragoneses, por el incumplimiento del convenio laboral nacional”.

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