Los discapacitados intelectuales quieren dejar de ser “ciudadanos de segunda”

Son ciudadanos, con sus derechos y obligaciones y no quieren ser ciudadanos de segunda. “Eso es lo que nos piden continuamente, y nosotros lo que hemos intentado es escuchar sus demandas e intentar hacerlas posible” defiende Santiago Villanueva. Preside desde hace tres años y medio Feaps en Aragón, que desde el 2 de octubre ha pasado a denominarse Plena Inclusión, al igual que la Confederación nacional, porque de eso se trata, de resaltar “el valor que aportan a la sociedad”.

Hay 2.500 aragoneses con discapacidad intelectual que no tienen derecho al voto, y solo el 37 % de quienes están en edad laboral están trabajando, el porcentaje baja al 5 cuando la discapacidad es más grave.

Plena Inclusión en Aragón, que este año ha cumplido 25 años, está compuesta por 36 entidades federadas en esta Comunidad autónoma, 3.300 personas atendidas a través de 850 profesionales y 425 voluntarios. Dan empleo a 425 trabajadores con discapacidad a través de los centros de empleo, que son el principal soporte para que estas personas puedan acceder al mercado laboral. “El empleo es lo que da a una persona su autonomía, es la mejor forma de inclusión”, recalca Villanueva.

Las cifras que a veces marean sirven para dar una idea de que hay muchos discapacitados que están integrados en la sociedad gracias al esfuerzo de las entidades sociales a lo largo de estos años, en los que han puesto en marcha centros y programas para que estén bien atendidos, ellos y sus familias. Pero, insisten las familias, no se les reconoce el valor de su trabajo para el resto de ciudadanos.

Eso también lo quieren contar mediante símbolos. El más claro su nuevo anagrama, que muestra un trébol de cuatro hojas, todas de distinto color pero todas iguales, aunque hay una más grande que representa a la discapacidad porque “se destaca la diferencia como valor”, resalta Villanueva.

A nivel nacional, la Confederación aglutina a 884 entidades, 140.000 personas y 235.000 familiares atendidos a través de 40.000 profesionales.

Son una gran minoría que llama la atención sobre sus derechos, insistiendo en que tienen mucho que aportar.

Por ello, a las administraciones Villanueva les pide que continúen el apoyo a las entidades sociales, sobre las que las instituciones dejan la responsabilidad de atenderles. Y a los empresarios, que cumplan la ley que dice que las empresas de más de 50 trabajadores deben tener un mínimo del 2 % de personas con discapacidad, “pero las personas con discapacidad intelectual lo tienen más difícil”, añade.

Y eso, sobre todo, porque “hay mucha gente que no conoce su potencial”, que con un poco de ayuda pueden formar parte del mercado laboral como cualquier persona, añade.

Se necesitan “itinerarios individualizados para cada persona” y sobre todo no olvidar que desde que acaba la escolarización hasta que consiguen empleo los discapacitados intelectuales viven un “parón” en el que las familias encuentran muchas dificultades para atenderles porque no cuentan con el apoyo de la administración.

La crisis, como a todos, también les ha afectado, a los centros de empleo que en la mayoría de los casos desarrollan trabajos auxiliares para otras empresas relacionados con la lavandería, la limpieza, la jardinería o la hostelería. “Las entidades hemos mantenido los puestos de trabajo pero ha sido difícil crear nuevos”, recuerda Villanueva.

Tienen además otro caballo de batalla. Los familiares de los discapacitados intelectuales recibieron la Ley de la Dependencia “con mucho entusiasmo”, pero en los últimos tiempos con los recortes las revisiones del grado de dependencia han sido a la baja. “Son temas económicos, dirigidos a reducir el déficit” señala el presidente de Plena Inclusión en Aragón.

Denuncia con ironía “demasiados milagros” en los últimos años porque “la discapacidad intelectual no se cura”, y esto está pasando “muy a menudo, y es humillante para las familias”.

Los recortes han profundizado en la herida pero los discapacitados intelectuales, denuncian las entidades sociales; se ven perjudicados por los baremos que se utilizan para medir el grado de dependencia, puesto que muchas veces se centran más en cuestiones físicas: valoran si una persona puede salir a la calle, pero no si es capaz de orientarse, o si puede abrir una botella.

Por eso a sus demandas se suma la necesidad de establecer protocolos para que cuando haya un reconocimiento médico de una discapacidad se tenga en cuenta a la hora de valorar la dependencia.

Se trata de justicia social: “Somos familias como las demás pero con unas necesidades concretas para tener las mismas oportunidades que el resto”.