La Fundación Nueva Cultura del Agua pide una moratoria del porcino en Aragón ante la alta contaminación por purines
La Fundación Nueva Cultura del Agua reclama una moratoria del sistema de producción intensiva de porcino en Aragón y en España tras detectar en su último informe los impactos y efectos dañinos que esa actividad está ocasionando en los territorios donde se desarrolla. La FNCA asegura que es necesario y urgente aprobar en España una moratoria en la implantación de nuevas instalaciones de ganadería intensiva de porcino para proteger los acuíferos de los residuos que producen los purines. Así lo señalan los investigadores de esta entidad, especializada en políticas de gestión del agua, en un informe publicado hoy.
En España, más del 80% de la producción se realiza con el sistema de integración, en el que grandes empresas, dedicadas a la fabricación y comercialización de productos porcinos, son dueñas del cerdo y suministran el alimento y medicamentos, mientras que el ganadero se hace cargo de la gestión de la instalación intensiva, de los purines y de otros impactos ambientales asociados.
España es actualmente la tercera potencia del porcino industrial del mundo, con 30 millones de cabezas, y la primera de Europa. Mientras en 2018 la producción de porcino se redujo en Europa un 2% de media, en España creció un 3%. En 2017, la producción de cerdo en España representó el 174% de la que se consumió dentro del país, lo que significa que una buena parte se destina a la exportación, principalmente hacia China. Aragón es la primera comunidad en porcino tras rebasar a Catalunya y sobrepasar los ocho millones de animales a un ritmo de crecimiento de 6.000 cabezas semanales durante los últimos cinco años. Aunque el Gobierno de Aragón vetó a principios de este año el crecimiento de la ganadería intensiva en once municipios aragoneses debido a los purines, permite la instalación de granjas dedicadas a la ganadería intensiva a un mínimo de 500 metros del perímetro de los espacios naturales protegidos y sin más restricciones que las que se aplican en el resto del territorio en las zonas periféricas, según recoge la orden del Departamento de Desarrollo Rural.
Las explotaciones intensivas generan dos metros cúbicos de purines por cerdo al año, lo que supone en torno a sesenta millones anuales de toneladas altamente contaminantes. Estos residuos incluyen nitratos, que contaminan las aguas subterráneas; materia orgánica y amoníaco, que contaminan las aguas superficiales; y metano, que produce un efecto invernadero entre 21 y 23 veces mayor que el dióxido de carbono. Asimismo, preocupa a los expertos el elevado consumo de agua que se necesita en estas explotaciones intensivas: diez cerdos de ganadería intensiva consumen tanta agua como una persona.
El informe de la FNCA apunta también a los impactos sociales de estas instalaciones en espacios rurales o de interés natural. Las explotaciones ganaderas intensivas erosionan otras opciones de desarrollo rural más sostenibles, como el turismo rural y las actividades ecoturísticas. A ello se une la pérdida de calidad de vida debido a los malos olores, la contaminación y la degradación del paisaje. Además, la ganadería industrial supone en muchos casos la desaparición de actividades ganaderas tradicionales, por la incapacidad de competir con las empresas intensivas del modelo de las llamadas “integradoras”.
“Quien contamina paga, quien degrada paga”
Junto a una moratoria en la implantación de nuevas instalaciones de ganadería intensiva, la FNCA reclama la revisión del marco regulatorio y fiscal de las explotaciones ganaderas industriales para garantizar que se aplica el principio de “quien contamina paga” y “quien degrada paga”.
Entre las propuestas de medio plazo, se encuentran la redefinición de la ganadería intensiva como actividad industrial, mediante la ubicación de este tipo de instalaciones en polígonos industriales. Otra medida asociada es la garantía de que el integrador asume los costes completos del proceso, incluidos los necesarios para prevenir la contaminación, al mismo tiempo que se establecen las condiciones para proteger económica y jurídicamente a los pequeños productores frente a las grandes empresas integradoras.
La FNCA también considera necesario elaborar un plan estatal para la gestión sostenible de la ganadería intensiva, lo que implica la elaboración de estudios previos que analicen si un territorio puede asumir la carga ecológica y social que suponen estas instalaciones. Asimismo, se propone trabajar en regulaciones adicionales a escala autonómica que promuevan modelos ganaderos sostenibles, priorizando la conservación de paisajes, pastos, vías pecuarias y razas autóctonas, entre otros elementos.
Como medidas a largo plazo, el informe señala que la reducción de los impactos de la ganadería intensiva pasa por la reducción del consumo de carne en la dieta y la reducción de la importación y exportación de la misma. También se propone realizar desarrollos legislativos para la promoción de la ganadería extensiva y de circuitos de distribución locales, un modelo que los expertos de la FNCA defienden como ambientalmente más sostenible y socioeconómicamente más justo. Asimismo, se propone que todos estos cambios se reflejen en una reorientación de la PAC a nivel europeo.
