Plan de choque para una generación casi perdida

Entre otros muchos desastres, la Gran Recesión que sacudió el mundo a partir de las crisis financiera global que se desató en 2007-2008 truncó las expectativas laborales, profesionales y vitales de muchos jóvenes españoles. La lenta y desigual recuperación económica posterior y la nueva crisis económica de 2020 causada por la pandemia de coronavirus han convertido de alguna manera a buena parte de esas cohortes de población en una generación perdida. Viven bastante peor de lo que vivieron sus padres a su edad. Pese a estar por lo general mejor formados que sus progenitores, muchos de ellos aún no han desplegado todas sus potencialidades, casi década y media después de aquellas primeras graves dificultades surgidas en su camino.

Se pueden discutir las medidas concretas que lleva dentro, pero el plan especial para jóvenes que el Gobierno ha incluido en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 parece oportuno y necesario. Becas, formación profesional, inserción laboral, el bono de alquiler y el bono cultural son las principales líneas dirigidas a los jóvenes, que por primera vez tendrán en unos Presupuestos del Estado un capítulo propio. 

La iniciativa no ha sido bien explicada por el Gobierno, que se ha dejado enredar en debates estériles, y no ha sido entendida por la oposición. Pese a que aún estamos a mitad de la legislatura y no hay elecciones a la vista, una parte de la oposición ha tildado las medidas de electoralistas. Otra parte ha centrado el debate en si los toros han de incluirse o no entre los consumos culturales que se subvencionen, pese a que la del bono cultural es la menos cuantiosa de las partidas dedicadas a los jóvenes: 210 millones de ese total de 12.550. Y el líder del PP, Pablo Casado, ha despreciado las ayudas al alquiler con una afirmación -“Si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler”- que indica que está o mal informado o mal asesorado o ambas cosas.

Lo admita o no el líder del PP, el acceso a la vivienda, en compra o en alquiler, es un problema para muchos españoles con trabajo y con nómina. No sólo jóvenes, también no tan jóvenes. Aunque la pandemia ha impactado en el mercado inmobiliario, y ha bajado precios en muchas zonas tensionadas al salir a la oferta residencial estable muchos inmuebles que hasta marzo de 2020 se dedicaban al alquiler turístico, muchísimos jóvenes tienen aún hoy muy difícil acceder a una vivienda. Los datos son incontestables. La edad media de emancipación ha vuelto a subir, y jóvenes que se habían emancipado han tenido que volver a la casa familiar. Y los pisos compartidos -e incluso los minipisos compartidos- han vuelto a ser la única solución, y no solo para estudiantes, también para trabajadores con empleo y nómina. 

El Gobierno espera que en 2022 se acojan al bono alquiler entre 40.000 y 50.000 jóvenes. Parecen muchos, pero no es así. Según estudios oficiales, unos 600.000 jóvenes con bajos ingresos viven de alquiler. 

El trámite parlamentario de los Presupuestos debería servir para que el Ejecutivo se explique mejor y para que la oposición entendiera que este de rescatar a nuestra generación perdida puede ser un buen asunto de consenso de Estado.