El juicio del procés va a durar bastante más tiempo de lo que el tribunal esperaba cuando comenzó, hace dos meses, y la sentencia no se conocerá en pleno verano, como se pretendía inicialmente, sino que se demorará al otoño, probablemente a octubre. En el entorno del tribunal, que preside Manuel Marchena, reconocen ya sin ambages la demora. Carles Puigdemont y Quim Torra, que barajaban convocar elecciones autonómicas catalanas pasados los tres importantes hitos de los próximos meses -las generales del 28 de abril, las europeas y locales del 26 de mayo y la sentencia-, y en función de cómo le hubieran ido las cosas en todas ellas al mundo postconvergente, tendrán que revisar también su calendario.
Inicialmente, el tribunal se hizo un cálculo temporal muy ajustado. Febrero para las cuestiones previas, el interrogatorio de los acusados y los principales testigos políticos. Marzo para el resto de los testigos, unos 500 en total, y para las pruebas periciales. Abril para las pruebas documentales (las fotos y sobre todo los vídeos, en los que tanto las acusaciones como las defensas tiene albergadas muchas esperanzas) y para finalizar, como es preceptivo, con los informes finales de todas las partes y dejarlo visto para sentencia antes de las elecciones generales que se celebrarán el domingo 28. Y la sentencia, ya avanzado julio, con media España de vacaciones para así rebajar el impacto en la opinión pública de la decisión judicial, fuera esta dura, semidura o blanda.
La previsión de calendario del tribunal comenzó a saltar por los aires hace tres semanas, cuando los fiscales emplearon hasta tres horas en interrogar a alguno de los mandos políticos de los diferentes cuerpos policiales, en busca de las pruebas que avalaran la acusación de rebelión que ha formulado el ministerio público. Quizás la Fiscalía (Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno), muy cuestionada los primeros días por su aparente falta de preparación de algunos interrogatorios a los acusados, intentaba así resarcirse de aquella impericia con este nuevo celo interrogador.
Adentrados en el mes de abril y con la fase de los testigos aún sin concluir, en el tribunal crece ahora la impresión de que el juicio durará al menos hasta junio y de que Marchena, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, quiere hilar muy fino, lograr consensos con los otros seis magistrados (Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo y Ana Ferrer) y no dictarla hasta bien pasado el verano, en concreto hasta octubre.
En las sesiones, a Marchena se le ve poniendo mucho cuidado en que ninguna de sus intervenciones pueda sembrar dudas sobre su imparcialidad o provoque un incendio en el juicio; mordiéndose algunas veces la lengua ante excesos de algunas de las partes, especialmente de algunos abogados de las defensas; y tomando notas, muchas notas, en un ordenador. Quien lo conoce bien considera que son apuntes para la redacción de la sentencia.
¿Y si toma esos apuntes es porque ya tiene una idea de por donde irá su ponencia? Parece que no, que ni en el ponente ni en el resto del tribunal se ha perfilado por ahora una apreciación definitiva sobre lo más sustancial del juicio: si hubo o no hubo un uso de la violencia como una acción concertada, instrumental, y se cometió por tanto el delito de rebelión del que inicialmente la Fiscalía acusaba. “Inicialmente” porque algunos observadores no descartan, a estas alturas de juicio, que en su informe final el ministerio público añada a esa calificación de rebelión la alternativa de sedición. “Dependerá en parte de cómo vayan las pruebas documentales, de los vídeos aportados por la Guardia Civil y por la Policía que se vean en la sala”.
Lo que sí tiene claro el tribunal es que va a intentar no quemarse con la patata caliente de los acusados y presos que a la vez son candidatos electorales en algunas de las urnas de las próximas semanas. Le pasará la patata a la Junta Electoral Central, para que ella determine si para preservar la igualdad de oportunidades de los candidatos ha de autorizar un debate en alguna prisión, y en menor medida a Instituciones Penitenciarias, para que calibre si técnicamente es posible hacerlo sin menoscabo de la seguridad general de la prisión que corresponda y de sus normas de régimen interno. El Supremo sólo intervendría, según las fuentes consultadas, si se planteara hacer el debate fuera de cárcel, en un estudio de televisión. Es muy probable que no se autorizara.
Pasadas las elecciones, sí es seguro que el alto tribunal permitirá que los presos que hayan resultado electos salgan unas horas de prisión, se pasen por el Congreso de los Diputados a recoger su acta... y vuelvan a la celda.
Sobre este blog
Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas lingüísticas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en elDiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas. Con especial atención al lenguaje y al léxico de la política.
