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Los sindicatos y Arcelor alcanzan un principio de acuerdo para aplicar un ERTE a 7.000 empleados

Una fábrica de ArcelorMittal en Asturias.

elDiario.es Asturias / Efe

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La dirección de AcerlorMittal y los sindicatos han llegado a un principio de acuerdo para la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en principio durante seis meses, que afectará a unos 7.000 trabajadores. El acuerdo establece garantías económicas del 90% del salario bruto y la totalidad de las pagas extras y las vacaciones. Su aplicación será para los empleados del Clúster de Asturias, que incluye las plantas de Gijón y Avilés, además de las de Sagunto, en Valencia, Etxebarri, en Vizcaya, y Leska, en Navarra.

UGT ha asegurado que acepta la propuesta de la empresa “siempre y cuando se respeten escrupulosamente las mismas condiciones económicas pactadas en el expediente anterior” y ha pedido un compromiso por escrito por parte de la dirección de la reparación del horno alto de Gijón que se quemó el pasado mes de marzo, además de marcar un límite temporal de la vigencia del ERTE

Por su parte, CCOO ha expresado la necesidad de que se clarifique un límite temporal más definido del ERTE y ha pedido las mismas garantías que las acordadas en el pasado expediente de 2022, que expiró el mes pasado.

El pasado 22 de marzo se produjo un incendio en el horno alto A de Gijón, donde la empresa cuenta con dos instalaciones de este tipo, cuya vida útil estaba programada hasta 2025 y que había retomado su actividad el pasado 6 de febrero después de estar parado desde finales de septiembre por la contracción de la demanda de productos siderúrgicos.

ArcelorMittal presentó en julio de 2021 un plan de descarbonización de su producción que planteaba la sustitución de este horno alto por una planta de reducción directa del mineral de hierro, que en un primer momento utilizaría gas natural y después hidrógeno verde, y un horno híbrido de arco eléctrico.

La Comisión Europea aprobó en febrero una ayuda estatal española de 450 millones de euros, autorizada el pasado 4 de abril por el Consejo de Ministros, para un proyecto que contaría con una inversión de 1.000 millones de euros aún está pendiente de aprobación definitiva por la multinacional siderúrgica.

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