Tras el estado de alarma limitado en la Comunidad de Madrid, la agenda sanitaria es inequívoca: hacer lo necesario para doblegar la curva en España

La zozobra sanitaria que introdujo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del jueves 8 de octubre, en el que se dejaban sin efecto las restricciones de movilidad dictadas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y que trasponían la orden ministerial del viernes 2, ha quedado por fortuna superada con el Real Decreto 900/2020 de 9 de octubre, de estado de alarma en nueve municipios de la Comunidad, incluida la capital.

Este real decreto otorga la seguridad jurídica necesaria para la puesta en marcha de las medidas de control de la movilidad y de confinamiento perimetral acordadas previamente por amplia mayoría en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No entraña automáticamente el confinamiento domiciliario estricto que se puso en práctica durante la fase aguda de la pandemia de la pasada primavera, aunque deja la puerta abierta para ponerlo en práctica si fuese necesario. Su publicación en el BOE es simple y llanamente un acto que pone la salud de las personas por delante de cualquier otra consideración, es decir, que la sitúa como “ley suprema”.

En tribunas anteriores hemos insistido en que la seguridad jurídica debe apuntalar la seguridad sanitaria y nunca obstaculizarla. Por ello, desde hace varias semanas hemos venido señalando la idoneidad del mecanismo de los estados de alarma limitados para ejercer la autoridad sanitaria del Estado cuando el Gobierno de una comunidad autónoma no hace lo que debe para controlar una situación explosiva de la pandemia, poniendo en entredicho la salud y la vida de sus habitantes y amenazando además la seguridad sanitaria de otros territorios.

Son necesarias más acciones

También hemos dicho que las medidas adoptadas en el real decreto de estado de alarma aplicado en la CAM, si bien más completas que las inicialmente planteadas por el Gobierno regional, probablemente no serán suficientes para conseguir, dentro de ese plazo, el objetivo de situar la curva de incidencia en los niveles deseables en torno a 50 casos por 100.000 habitantes como incidencia acumulada en 14 días. Lo que está aplicándose ahora, tanto en los municipios confinados como en algunas otras zonas básicas de la CAM, son medidas necesarias, pero todavía insuficientes para este propósito. Habrá que ir más allá si se quiere tener un mayor impacto sobre la transmisión, acelerar el descenso de la curva y frenar cuanto antes el creciente ritmo de fallecimientos que, por desgracia, se sigue registrando.

Para doblegar la curva de contagios en la forma que se requiere habrá que poner en marcha no solo las restricciones a la movilidad, los aforos y los horarios recién establecidas, sino que el Gobierno de España debería acelerar, con el concurso y la colaboración plena del Gobierno de la CAM, la puesta en marcha de un conjunto de acciones sanitarias adicionales que son imprescindibles.

No son medidas nuevas. Se han defendido desde numerosos foros y se han aplicado desde hace semanas con buenos resultados en varias CCAA (por ejemplo, Asturias, Galicia, Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana). Su manifiesta insuficiencia en la CAM (y en otras CCAA) a estas alturas de la pandemia es sencillamente inaceptable.

Nos referimos a medidas como las siguientes:

No se puede olvidar que el personal sanitario de la CAM (y de las CCAA más golpeadas por la pandemia) ha soportado durante meses condiciones de trabajo muy duras, por lo que debería ser apoyado y reforzado de inmediato.

Lo que ahora corresponde, una vez superado el conflicto político e institucional en la CAM que ha obligado a la declaración de un estado de alarma limitado, ante una incidencia acumulada de 540 por cien mil habitantes, una positividad de pruebas PCR del 18,2% y una ocupación de UCI del 39%, es un esfuerzo rotundo y simultáneo para doblegar la curva en toda España.

Hay que recordar que ocho comunidades y ciudades autónomas además de la CAM tienen en estos momentos incidencias acumuladas de 14 días superiores a la media nacional de 258 casos por cada cien mil habitantes. Por tanto, se torna indispensable adoptar en ellas medidas adicionales de restricciones de movilidad, horarios y aforos ante la magnitud de la transmisión comunitaria que enfrentan. Además, en todas ellas el porcentaje de positividad de las pruebas PCR ha ido creciendo, al igual que la ocupación de camas de UCI.

Esto incluye a las comunidades y ciudades autónomas de Navarra (675), Melilla (460), Aragón (381), La Rioja (378), Castilla y León (371), Castilla-La Mancha (360), Murcia (342) y Ceuta (304).

Por tanto, en todas ellas sería aconsejable establecer mecanismos de cooperación reforzada entre sus gobiernos y el Gobierno de España a fin de estudiar y proponer medidas adicionales y conjuntas para abatir la curva de contagios.

Mejorar la información y generar un semáforo de alertas y medidas restrictivas

Creemos conveniente insistir en que es urgente mejorar la frecuencia con que se ofrece y el grado de desagregación de la información oficial sobre la pandemia. Debería volverse a una información diaria, sin “agujeros negros” durante los fines de semana, así como ofrecer una información desagregada por edad y por sexo (como se hacía hasta el mes de mayo) y también por municipios, que permita seguir mejor la dinámica de la pandemia.

Y, sobre todo, trabajar en la elaboración y aprobación de un semáforo con niveles y umbrales que disparen luz verde, amarilla, naranja y roja con las correspondientes actuaciones sanitarias y restricciones en materia de aforos, actividades y movilidad en todo el territorio español y que tenga convergencia con lo que está proponiéndose en la Unión Europea.

Como hemos planteado en ocasiones anteriores, ese semáforo deberá tener una correspondencia entre esos niveles de luces de distinto color, definidos con varios indicadores y umbrales diferenciados, y las medidas restrictivas a aplicar en cada uno de ellos, tomando como base las que se definieron en su día para las distintas fases de la desescalada.

Reiteramos nuestra propuesta para que, por ejemplo, los umbrales definidos en el BOE del viernes 2 de octubre, complementados y mejorados, constituyan la base para definir la luz roja del semáforo y den lugar a activar la fase I de la desescalada. Una serie de umbrales menores, como una incidencia acumulada mayor de 375 casos por cien mil habitantes, una positividad de PCR mayor del 8 por ciento y una ocupación de UCI superior al 25% darían lugar a la luz naranja y ello debería corresponderse con implantar medidas similares a las de la fase II;  una incidencia mayor de 250 casos por cien mil habitantes, una positividad superior al 6% de las PCR realizadas y una ocupación de más del 15% de las UCI daría lugar a la luz amarilla correspondiente a las restricciones establecidas en la fase previa a la nueva normalidad.

Indicadores y parámetros para fortalecer la atención primaria y la salud pública

De igual forma, creemos que este es el tiempo de preparar con indicadores y parámetros concretos el tan reiteradamente reclamado fortalecimiento de la atención primaria y de la salud pública, que fue una de las recomendaciones unánimes de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados.

Los meses de otoño e invierno auguran un crecimiento de patologías respiratorias, incluida la gripe estacional, que se unirá al enorme y negativo impacto de la pandemia en miles de pacientes con patologías crónicas, los cuales ya están sufriendo el retraso y la insuficiencia en la respuesta a sus necesidades sanitarias. Todo ello obliga a trabajar con una perspectiva global para todo el SNS que incluya asegurar la dotación de recursos humanos que se estableció en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria aprobado en abril de 2019.

En ese sentido convendría concretar acciones que permitan establecer en toda España un cupo máximo en 1.500 personas asignadas de edad adulta y de 1.000 personas en edad pediátrica, con un margen máximo del 10%, que se debería aplicar en la definición de nuevas necesidades de personal tanto en el caso de médicos como en el de los profesionales de enfermería.

De igual forma, para asegurar la disponibilidad de recursos suficientes en las actividades de rastreo, se debería contar con al menos un profesional para rastreo por cada 5.000 habitantes, incorporando también a estas tareas profesionales de las oficinas de farmacia y veterinarios, entre otros, y asegurando la formación específica a todos los que se dediquen a esta labor.

La dotación de estos recursos humanos y de las tecnologías necesarias para la mejor respuesta posible desde la atención primaria debería condicionar el destino de los incrementos presupuestarios y de las partidas específicas para COVID-19 anunciadas para los próximos presupuestos tanto por el Gobierno de España como por las propias CCAA.

Perfeccionar el marco normativo y aceptar la utilidad del estado de alarma

Por último, habida cuenta de las tensiones a las que hemos asistido a lo largo de las últimas semanas en relación a la aplicación del estado de alarma, sería importante plantearse una reforma legal que permita actualizar y modernizar la normativa sanitaria existente para gestionar las decisiones que conllevan limitar libertades individuales y colectivas protegidas por la Constitución, con las garantías necesarias y con plena adaptación a un modelo de cogobernanza.

Ello requeriría, como también hemos señalado en anteriores tribunas, promulgar una nueva ley orgánica que necesitaría un amplísimo consenso parlamentario y un cierto tiempo para su aprobación por mucha prioridad que se le pudiera dar en las Cortes Generales. Mejor sería, por tanto, iniciarlo cuanto antes.

De todos modos, si las condiciones políticas hiciesen inviable esta opción, los grupos políticos deberían asumir de una vez por todas que, en ocasiones extraordinarias, cabe la utilización del estado de alarma cuando las circunstancias epidemiológicas así lo requieran, evitando, como se ha estado haciendo, demonizar una alternativa que se ha demostrado eficaz y que están usando sin tantas tensiones países europeos tan cercanos como Italia y Portugal.

Estamos convencidos de que las próximas semanas pueden y deben servir para fortalecer nuestro sistema sanitario en la lucha frente a la COVID-19 y sus consecuencias negativas sobre la atención a otras patologías, si se camina en la dirección que señalamos. Una tarea que se beneficiaría de manera decisiva de incorporar a expertos y sociedades científicas en el proceso de asesoramiento que consideramos necesita el Consejo Interterritorial, sumando de esa forma experiencia y asesoría al buen trabajo de nuestros funcionarios de las administraciones sanitarias, no siempre adecuadamente valorado.

La agenda es inequívoca. No deberíamos perder el tiempo en conflictos políticos e institucionales estériles que desaniman a los ciudadanos y dificultan la lucha contra pandemia. Corresponde actuar con determinación en las próximas semanas para doblegar la curva de la pandemia en España. Esa debe ser nuestra gran prioridad.