La gravedad de la pandemia requiere medidas aún más contundentes

El rápido avance de la pandemia está dejando atrás las medidas contenidas en el reciente Real Decreto aprobado el domingo pasado y que ha sido ratificado este jueves en el Congreso con leves cambios.

Y es que los datos de España son incontestables: la incidencia media acumulada de 14 días para España ha subido un 71% en los últimos quince días. Este jueves se situó en 468,17 casos por cada cien mil habitantes, cuando hace dos semanas estaba en 263. En todas las Comunidades Autónomas, menos en Madrid, este parámetro sube de manera preocupante. Y en Madrid, durante los últimos días, aún sin considerar la posibilidad de infraestimación de la incidencia real, ha bajado muy poco, hasta los 420 casos por cien mil habitantes.

Además, el total de casos registrados en las últimas 24 horas fue 23.580, nuevo máximo de positivo de toda la pandemia. Además, la positividad de las pruebas PCR es del13%, cuando hace 15 días estaba en el 11%. Los brotes en las residencias geriátricas son cada vez más frecuentes. La ocupación de las UCI por personas con Covid-19 no desciende y se sitúa por encima del 25% cuando el 13 de octubre fue del 18,80%. Este es el recurso más tensionado y su situación tiende a empeorar: los datos a 28 de octubre muestran que se han dado 1.866 altas y 2.292 ingresos. Hay ya seis Comunidades, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, donde esta tasa supera el 35%. De seguir así unos pocos días más, estaremos abocados a una situación cercana al colapso asistencial.

Este fenómeno está aconteciendo también en los países de nuestro entorno, donde los contagios se desatan de manera vertiginosa y las capacidades de los sistemas sanitarios se ven cada vez más desbordadas. Pero hay una diferencia fundamental. En Francia, en Alemania y en Italia, entre otros ejemplos, se está actuando con contundencia y prontitud sin perder tiempo en discusiones bizantinas. Se han adoptado posiciones de Estado por parte de gobiernos y oposiciones, se han puesto en marcha actuaciones resolutivas de salud pública que anteponen la seguridad sanitaria de la población y el imperativo de evitar muertes prevenibles a cualquier otra consideración. Y no se ha permitido que la naturaleza federal o unitaria del Estado sea un obstáculo para la acción.

Por eso Francia inicia este viernes el confinamiento domiciliario. Por eso Alemania cerrará restaurantes y bares por un largo periodo. Por eso Italia ha impuesto restricciones severas desde tempranas horas de la tarde. Y en todos los casos no parece que la declaración de un estado de emergencia se haya convertido en un tabú ideológico capaz de frenar la lucha contra el virus como ha sido el caso en España.

En España el estado de alarma fue declarado antes de que la situación de la pandemia alcanzara estas proporciones y en pocos días hemos llegado en varias Comunidades y en varias capitales de provincia a niveles de incidencia, positividad a pruebas PCR y presión asistencial que demandan acciones más contundentes que las que fueron establecidas el domingo pasado.

Hay siete Comunidades y Ciudades Autónomas en la fase roja extrema del semáforo y siete Comunidades autónomas en la fase naranja o de riesgo alto y esto demanda acciones que van más allá del “toque de queda”, de la limitación del número de personas que pueden reunirse y de los cierres perimetrales.

Durante los últimos días, muchas Comunidades Autónomas han adoptado un goteo de decisiones de confinamiento perimetral con enfoques no siempre coincidentes, que probablemente no serán suficientes. Además, esta forma de actuar, está generando incertidumbre y dudas en buena parte de la población española.

Los cierres perimetrales sirven para establecer un dique que impide la irradiación de casos, por un lado, y la importación de casos por otro. Es una medida adecuada para limitar la “exportación” de casos de poblaciones o ciudades con una alta incidencia, hacia zonas colindantes de baja incidencia, o bien para prevenir la entrada de personas que potencialmente puedan introducir la infección en el territorio confinado. Sin embargo, carecen de sentido cuando se efectúan, como ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, en unas zonas básicas de salud y no en otras de una misma área urbana donde hay alta transmisión comunitaria, gran contigüidad y un importante trasiego de personas de unas zonas a otras mediante, por ejemplo, redes de transporte colectivo urbano compartido.

Y pierden mucha eficacia cuando se aplican a zonas extensas y pobladas donde la movilidad interior sigue siendo importante. Por sí solos no atajan la transmisión al interior del área circunscrita, y además no son fáciles de controlar. Si, también, los territorios colindantes tienen incidencias parecidas, su inutilidad es aún más evidente, pues en ese caso el cierre debería abarcar simultáneamente a todos esos territorios.

Por lo pronto es importante mantener el cierre perimetral sostenido hasta el 9 de noviembre en tantas CCAA como sea posible para evitar la diseminación más amplia del COVID-19 en todo el territorio durante el puente del fin de semana.

Además, los cierres perimetrales que hasta el momento han decretado nueve Comunidades, y en las demás que afectan a numerosas poblaciones, han creado una sucesión de anuncios que ha generado desconcierto. La ciudadanía asiste perpleja a un goteo de declaraciones sobre la gravedad de la situación que, salvo alguna excepción, no se corresponden con la contundencia o la coherencia de las medidas adoptadas.

Sobre todo, cuando la Unión Europea y la OMS advierten de la gravedad de la situación en Europa y países de nuestro entorno como Italia, Francia o Alemania, con incidencias iguales o inferiores a las nuestras, anuncian medidas de restricción de la actividad y de los contactos entre personas mucho más generalizadas, coherentes y enérgicas.

Consideramos que se está acabando el tiempo para actuar de manera eficaz con medidas de más calado para reducir los contagios y se está agotando la ventana de oportunidad para prevenir situaciones más severas antes de dar el paso para un confinamiento total. Es comprensible que se considere que el último recurso deba ser el confinamiento para toda la población en todo el país como se hizo en la primavera.

Todos queremos evitarlo, pero seguramente pueda acabar siendo necesario ante el avance de la pandemia, salvo en aquellas Comunidades o territorios en los que el umbral de incidencia no supere los 250 casos por cien mil en los últimos 14 días, (Canarias 77; Baleares 191; Valencia 207, Galicia 254 según los datos del miércoles 28 de octubre)

De hecho, dada la situación epidemiológica y asistencial en España, creemos que se debería proponer una medida de confinamiento poblacional de, al menos, 15 días de duración para aquellos lugares que se sitúan al borde del colapso sanitario, sin descartar tener que ser aplicarlo en toda España, con la probable excepción de las Comunidades indicadas, tal como lo hará Francia a partir de este viernes, 30 de octubre. El objetivo de este confinamiento no sería “salvar la campaña de Navidad” como algunos proponen, sino salvar al sistema sanitario del riesgo de colapso. En otras palabras, evitar sufrimientos y muertes todavía evitables.

Este confinamiento poblacional debería incorporar las lecciones aprendidas durante el confinamiento de la primavera. Es decir, se deberían autorizar solamente las actividades productivas que se incluyeron en la fase uno del anterior estado de alarma, y mantener abiertos los colegios, institutos y universidades con las mismas normas que hasta el momento. Se debería seguir fomentando el teletrabajo. Y adoptar medidas especiales de protección en las residencias de personas mayores.

Por supuesto, se deberían cerrar los negocios de restauración, los gimnasios, cines, teatros y espectáculos y, en general, aquellos locales públicos que faciliten la agregación de personas en espacios cerrados. Las actividades comerciales deberían cerrar con carácter general a las nueve de la noche. Las reuniones en los domicilios deberían limitarse a los convivientes. Y el trasporte público debería cesar a las once. Sin embargo, se deberían permitir las actividades individuales al aire libre tales como caminar, correr o montar en bicicleta.

En las actuales circunstancias, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debería evaluar cuanto antes el riesgo de cada Comunidad con los criterios incluidos en el “semáforo” de alertas aprobado la semana pasada. También debería de revisar las medidas que corresponden a las fases de alerta alta y alerta extrema, sin timidez alguna y con el propósito de que sean no solo proporcionales sino también anticipatorias a la magnitud del riesgo. Y recomendar la adopción de los mecanismos jurídicos que hagan posible todo ello.

Los acuerdos del Consejo Interterritorial deberían ser, en su caso, refrendados por una Conferencia de Presidentes inmediatamente posterior de modo que la ciudadanía percibiera un mensaje claro, y pueda visualizar la coordinación de esfuerzos de las administraciones y una co gobernanza política de la lucha contra pandemia. Co gobernanza y autoridad sanitaria no son dos estrategias contrapuestas, en realidad son las dos caras de una misma moneda.

Llegado el caso, la ciudadanía debe tener la seguridad de que las medidas se adoptan con criterios objetivos y con sólidas bases epidemiológicas y alto rigor científico, y no en base a negociaciones tácticas en las que la seguridad sanitaria ocupa un segundo plano. Tenemos que anticiparnos a la curva y no ir detrás de ella.

Para luchar con éxito contra esta pandemia, se requiere que todos cerremos filas evitando agendas dispersas e incoherentes en las que cada Comunidad va a su aire y tiene discrecionalidad para aplicar o no las medidas que establece el Consejo Interterritorial en cada una de las fases de alerta del semáforo aprobado.

En nuestra opinión, si no se actúa, con plena convergencia autonómica y estatal para tomar medidas más tajantes, coherentes, eficaces e inmediatas la situación se tornará rápidamente inmanejable y acabaremos pagando un precio muy alto.