No cometamos errores evitables con el pasaporte europeo COVID-19 ni con la Semana Santa

Al terminar el mes de febrero, pese a la mejora experimentada, nos encontramos en una situación incierta dados los aún altos niveles de incidencia de nuevos casos, la penetración de las nuevas variantes y la baja cobertura vacunal tanto en España como en toda Europa. En este contexto y en previsión de un escenario hipotéticamente más favorable cara al verano, los líderes de la Unión Europea han decidido impulsar durante los próximos tres meses los trabajos técnicos para diseñar un certificado vacunal que, a modo de pasaporte, favorezca la movilidad en el territorio común e impulse una cierta reactivación económica, sobre todo con base en el fomento de la actividad turística.

Retos de un certificado o pasaporte vacunal en Europa

Una iniciativa como esta tiene la virtud de proponer un planteamiento común evitando decisiones descoordinadas de unos u otros Estados miembros, pero tendrá que encontrar soluciones aceptables a los diversos interrogantes que plantea. Para empezar, hay que recordar que su utilidad será muy diferente en función del porcentaje de población vacunada en el momento de su implantación. Por tanto, acelerar la administración de la vacuna sigue siendo una prioridad si, como han señalado los líderes europeos, el propósito del certificado vacunal es ayudar a reactivar los movimientos de personas entre los Estados miembros a partir de este verano.

Además, dado que las vacunas no son de libre acceso para todas aquellas personas que quieran vacunarse, la introducción del certificado vacunal requerirá dar respuesta a las demandas de quienes, deseando viajar, no puedan sin embargo acceder a él, bien por no formar parte de los colectivos prioritarios en la aplicación paulatina de los planes de vacunación, por ser menores de edad o por tratarse de personas con contraindicaciones médicas para recibir las vacunas. Como también será el caso de aquellas personas que, siendo voluntario vacunarse, hayan decidido no hacerlo.

De igual forma, para evitar posibles discriminaciones y estigmas por el hecho de no estar vacunados, será imprescindible garantizar la confidencialidad de la información contenida en el certificado que, en todo caso, no debería incluir otra información que la relativa a la fecha de aplicación de la vacuna, el tipo de vacuna aplicada y el lugar de aplicación. En ese sentido parece muy problemática la inclusión de información sobre niveles de inmunidad, resultados de pruebas diagnósticas u otro tipo de información clínica. En todo caso, sobre la utilidad y la pertinencia de incluir cualquier información adicional a la mencionada deberían pronunciarse organismos técnicos competentes como el ECDC y la propia OMS.

También es importante señalar que, con la información actualmente disponible, no está claro hasta qué punto las vacunas impiden que las personas vacunadas sean capaces de contagiar a otras. Nuestro conocimiento sobre este asunto, de capital importancia para el control de la pandemia, irá probablemente evolucionando durante los próximos meses y deberá ser tenido en cuenta a la hora de decidir el uso del certificado para, por ejemplo, permitir a las personas vacunadas participar en reuniones o actividades masivas, sobre todo en lugares cerrados.

Tampoco debe perderse de vista que, si finalmente se establece, un certificado de esta naturaleza debe ser utilizado exclusivamente para propósitos de sanidad internacional y de cruce de fronteras y debería prohibirse para propósitos de empleo o de restringir libertades individuales, incluida la libertad de movimientos dentro del Estado miembro de residencia.

En su afán de reactivar el flujo turístico y los viajes aéreos al interior de sus Estados miembros, la Unión Europea no puede soslayar el hecho de que, de acuerdo con la evidencia de la que hoy disponemos, la vacunación no exime del riesgo de infección y de contagio. Protege afortunadamente contra la severidad, la hospitalización y el fallecimiento por COVID-19, pero no es garantía de que la persona vacunada no tiene una infección activa y asintomática que hace que pueda transmitir el virus. Debemos tener muy claro que no hay atajos posibles para la reapertura de ciertas actividades y que todavía tenemos un trecho largo por recorrer para vacunar a un mayor número de personas y para abatir suficientemente la incidencia y doblegar verdaderamente la tercera ola, algo que aún no hemos conseguido.

A lo anterior se añade el hecho de que hay que estar atentos al posible surgimiento y expansión de nuevas variantes del SARS-CoV-2 capaces de escapar, total o parcialmente, de la acción protectora de las actuales vacunas; algo que requiere una vigilancia epidemiológica más estricta y eficaz de lo que ahora se realiza en España, con un planteamiento común y bien coordinado en toda Europa y que debería ser también considerado a la hora de diseñar el mencionado certificado.

Y, por último, pero no por ello menos importante, habrá que resolver la cuestión del reconocimiento mutuo de certificados de vacunación análogos, pero no necesariamente idénticos, expedidos por países extracomunitarios con procesos masivos de vacunación ya en marcha y donde una parte de la población habrá sido vacunada con vacunas aún no autorizadas en el territorio de la Unión Europea (y viceversa). Una dimensión que aconseja plantear y en su caso resolver el asunto en el marco de organismos internacionales como la OMS, y bajo el paraguas del Reglamento Sanitario Internacional que contempla el concepto de Certificado Internacional de Vacunación (actualmente para la Fiebre Amarilla y en su momento para la Viruela antes de que fuese erradicada) para propósitos exclusivamente de sanidad internacional y circulación entre países.

La situación epidemiológica requiere continuar con medidas de control

En cualquier caso, además de los esfuerzos vinculados a la continua extensión del programa de vacunación en toda Europa, en muchos países, incluida España, tenemos que seguir adoptando medidas que permitan vencer la tercera ola consiguiendo la incidencia más baja posible. Algo en lo que algunos países de la UE están empeñados aplicando medidas incluso más restrictivas que las vigentes en nuestro país.

La situación epidemiológica en España muestra aún signos para la preocupación, la prudencia y la cautela ya que, a pesar del paulatino descenso de la incidencia y de la presión asistencial, los indicadores nos sitúan aún en niveles de alerta que requieren mantener las medidas de control de la movilidad y de limitación de actividades no esenciales hasta alcanzar el objetivo marcado de niveles de incidencia por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Con una incidencia acumulada de 193 casos por 100.000 habitantes el pasado viernes, estamos aún muy lejos del objetivo perseguido, más aún cuando varias comunidades autónomas superan la barrera de los 200 casos e incluso Madrid se sitúa en los 305. Además, los indicadores de la incidencia acumulada de 14 días en mayores de 65 años y de ocupación de UCI por pacientes con COVID-19 están todavía en niveles de alerta extrema (rojo oscuro), de acuerdo con los umbrales que establece el semáforo que fue acordado en el Consejo Interterritorial.

Varios países de la Unión Europea muestran repuntes (Suecia, República Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Bélgica) o signos de dificultad en el control de la incidencia (Francia), la mayoría atribuidos a la llamada cepa británica, que muestran la necesidad de no bajar la guardia, más aún con el bajo nivel de cobertura vacunal existente en la práctica totalidad de Europa.

Hasta este momento, el balance de la aún no doblegada tercera ola en España es dramático: desde el pasado 11 de diciembre hasta hoy se han notificado 21.518 fallecidos (10.823 de ellos en lo que va del mes de febrero) y los hospitales ha soportado una enorme presión asistencial que probablemente habrá causado en torno a un 30% adicional de mortalidad por causas no COVID. Este es el coste más evidente del fracaso de las medidas adoptadas de cara a las pasadas navidades creyendo que se había doblegado ya la segunda ola. Eso nunca se consiguió y es importante recordar que esa tercera ola comenzó con un suelo similar a las cifras publicadas este viernes: 189 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días según los datos del 11 de diciembre.

Reconocimiento de errores y propuestas para no repetirlos

Por eso es importante subrayar el reconocimiento de errores en la gestión de la pandemia que el presidente Pedro Sánchez hizo en días pasados en la tribuna del Congreso de los Diputados, al afirmar que la desescalada de la primera ola se había hecho demasiado rápido y que la flexibilización de las medidas de control de la movilidad durante la pasada Navidad había dado lugar a la tercera ola, cuestiones sobre las que algunos habíamos alertado de manera anticipatoria y reiterada. Ese reconocimiento debería llevar a definir una nueva estrategia para no repetirlos en el futuro y ciertamente para no ceder a la tentación de incurrir en una permisividad en las próximas semanas que tengamos que lamentar con repuntes importantes que nos conduzcan a una cuarta ola.

Una gran parte de la responsabilidad de la gestión de la pandemia recae también en las autoridades autonómicas que en el marco de sus competencias han adoptado decisiones unas veces acertadas y otras veces desacertadas, pero cuyos presidentes y presidentas, por lo general, han guardado silencio respecto a los eventuales errores cometidos.

En todo caso, la necesidad de una nueva estrategia para no repetir errores en el futuro nos lleva a insistir en la importancia de adoptar un planteamiento riguroso, coordinado y lleno de cautela sobre las medidas de restricción de la movilidad durante el mes de marzo y, en especial de cara a la Semana Santa. A finales de noviembre, bastaron un puente largo con buen tiempo y unas rebajas para desencadenar la tercera ola. Marzo seguirá siendo un mes de mucho riesgo y no se debería caer en la tentación de flexibilizar las medidas vigentes. A eso parece responder el anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha planteado trabajar en la articulación de un marco común de medidas para la Semana Santa.

Tiene más sentido plantearse el objetivo de un segundo semestre más seguro y con más posibilidades de nuevos espacios para la reactivación de la economía que tirar por la borda los avances conseguidos, aún insuficientes y por desgracia más lentos y con mayor daño en la salud de lo que habrían sido con una estrategia de confinamientos estrictos y selectivos durante diciembre y enero.

A ello podría también contribuir la creación de un comité asesor que incorpore la pluralidad de enfoques científicos y técnicos que requiere el abordaje de la gestión de esta fase de la pandemia, aprovechando el altísimo nivel experto que atesora España entre sus numerosos profesionales e instituciones. También en este aspecto, sería útil y adecuado rectificar.

La agenda es muy clara: 1) Mantener las restricciones hasta doblegar verdaderamente la tercera ola y no desescalar de forma precoz en torno a la Semana Santa; 2) No bajar la guardia de las medidas sanitarias de diagnóstico precoz, rastreo exhaustivo, suficientes pruebas diagnósticas, vigilancia de las nuevas variantes y aislamiento efectivo de positivos asintomáticos; 3) Acelerar el ritmo de la vacunación hasta duplicarlo, garantizando un mayor número de dosis disponibles y operaciones eficientes de aplicación de las dosis disponibles por parte de los sistemas sanitarios de las CCAA; y 4) Llevar al ámbito europeo los criterios objetivos epidemiológicos y los preceptos rigurosos de salud pública, no discriminación y respeto a las libertades individuales, que deben prevalecer en el desarrollo y aprobación de un certificado digital COVID-19.