Insumisión constitucional

Esta semana el Tribunal Constitucional ha dictado varias resoluciones que a pesar de su importancia han pasado desapercibidas por todo el ruido mediático desatado por Trump y su afán imperialista.

La primera de ellas, una resolución que corrige una decisión del Tribunal Supremo que anuló en dos ocasiones la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Menores, por la entonces fiscal general del Estado María Dolores Delgado. El nombramiento, que cumplía con todos los requisitos legales, supuso una vulneración de los derechos fundamentales de Esteban, por quien debería ser su garante, el Poder Judicial, con la gravedad de que se produjo por el máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo. Y constituye además un ataque al sistema democrático, negando a la entonces Fiscal General el ejercicio de potestades que tiene constitucional y legalmente atribuidas. El Tribunal Constitucional viene así a corregir una decisión que perseguía deslegitimar a la fiscal general del Estado y al propio Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo, una vez más, haciendo. El que pueda hacer, que haga, como dijo Aznar.

La otra resolución se refiere a la inadmisión reiterada por la Mesa de la Asamblea de Madrid de iniciativas que cuestionaban el papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, o que implicaban control en la gestión de la pandemia. Con absoluto desprecio a la posición de la Asamblea de Madrid, que tiene encomendada la función de control político del gobierno, el Partido Popular de Ayuso usa su mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara para inadmitir todas aquellas iniciativas de la oposición que le incomodan, con absoluto desprecio a los valores democráticos más elementales. Veremos cómo se da cumplimiento a esta sentencia y si se aplica también en otros parlamentos autonómicos.