Hace algo más de diez años, en noviembre de 2015, un agricultor y guía de montaña peruano natural de Huaraz llamado Saúl Luciano Lliuya (Huaraz, 1980) que jamás se había alejado de su ciudad natal, tuvo la osadía de abandonarla y volar desde Lima hasta Alemania. El motivo que le llevó a tomar esta decisión fue su voluntad de demandar judicialmente por daños y perjuicios a una multinacional energética alemana llamada Rheinish Westfalisches Elektrizitatswerk (Compañía Eléctrica de Renania-Westfalia). La elección de un juzgado de primera instancia de la ciudad renana de Essen para llevar a cabo este propósito no fue casual. Obedecía al hecho de que las sedes centrales de E.ON y RWE, los dos mayores generadores de electricidad de la R.F.A., se hallaban y hallan precisamente allí, a que contaba con el apoyo y asesoramiento de algunas organizaciones ecologistas de la misma nacionalidad y a la sospecha de que su iniciativa no iba a caer en saco roto, que posiblemente iba a atraer mucha más atención aquí de la que hubiese obtenido en su país natal por parte de los medios de comunicación.

Su denuncia se fundamentó en dos líneas argumentales. La primera subrayando la existencia de un estudio fechado en 2013 que sostenía que el 71% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde 1988 era obra de 100 empresas energéticas entre las que destacaba RWE. Esta información fue corroborada un año después, en 2014, cuando Greenpeace hizo público un dossier en el que se subrayaba la responsabilidad de las centrales térmicas pertenecientes a esa compañía y asegurando que su participación en las emisiones ascendía al 0´47%. La segunda, complementaria a la anterior, describiendo los efectos y el modo en el que el cambio climático había afectado a la Cordillera Blanca peruana, a sus habitantes e intereses. Unos efectos que incluían el aumento general de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones en forma de nieve y la aceleración del deshielo de los glaciares. Es más, la denuncia interpuesta por Saúl Luciano y su personación en la causa no estuvo motivada por el idealismo sino por algo mucho más terrenal, inmediato o local: el incremento desmesurado del volumen de agua contenido en un lago de montaña situado a 4.562 metros de altitud, en las inmediaciones de Huaraz –su lugar de residencia–, llamado Palcacocha, su riesgo de desbordamiento y la contribución de RWE a ese estado de cosas. Éste y no otro fue el motivo de su acción.

Durante el desarrollo del juicio, los abogados del demandante proporcionaron al tribunal documentos que demostraban que las aguas de la laguna constituían un peligro real, que el nivel alcanzado por las mismas no tenía precedentes. Entre ellos figuraban un antecedente histórico, la avenida causada por Palcacocha en 1941 y que ocasionó la muerte de casi 2.000 personas; un estudio científico publicado en la revista Nature Geoscience en el que los investigadores afirmaban que entre 1941 y 2016 su volumen se había multiplicado por 34 alcanzando los 17 millones de m3; en la alerta de inundación de 2003 y en la necesidad de tomar medidas preventivas para minimizar el peligro y proteger la vida y la hacienda de los vecinos que habitaban en la zona de riesgo. De hecho, la única exigencia de Lliuya era que, en caso de probarse su responsabilidad civil, RWE fuese condenada a abonar el 0´5 % del coste de unas medidas cuyo importe estimado ascendían al equivalente de 3´2 millones de euros,