Palabra de Alba

Además de ser el presunto autor de cinco lindos delitos que le conducirán en breve al banquillo, del magistrado Salvador Alba Mesa también se puede decir que es un embustero redomado. De la escuela de su mentor y compañero de confidencias en Salinetas José Manuel Soria.

Después de más de dos años de instrucción, que acaba de concluir con la apertura de juicio oral, el magistrado cordobés ha decidido que ha llegado el momento de soltar la lengua a paseo y lanzar al mundo insinuaciones muy graves sobre el comportamiento de algunos de sus compañeros de la magistratura. Y no precisamente de Victoria Rosell, sobre la que ya se ocupó en su momento de verter todo tipo de acusaciones que alimentaron la querella de José Manuel Soria, finalmente archivada por tratarse de imputaciones falsas.

Han sido dos años en los que Alba ha perdido la oportunidad de denunciar las irregularidades que ahora proclama contra, por ejemplo, dos sus dos compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En concreto, la noche de este lunes señaló en el programa El Foco, de Televisión Canaria, a Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y a Carlos Vielba, uno de los magistrados que le acompañó en el tribunal del caso Faycán. A ninguno de los dos ha denunciado jamás, como tampoco ha hecho con las “autoridades judiciales” de alto nivel que fueron mencionadas en su conversación con Miguel Ángel Ramírez y a las que ahora parece lanzar sus indisimulados recaditos.

Su comportamiento a lo largo de la instrucción, que le ha conducido a que la Fiscalía pida para él diez años de prisión, ha sido el de un diligente imputado que ha tratado de enredar con decenas y decenas de escritos, periciales, recursos, saltos mortales sin red, recusaciones, querellas y divertidas pendejadas. En ninguno de esos escritos ha pedido la imputación de nadie, y solo al final, al apreciar que el suelo se abría bajo sus pies, solicitó de la magistrada instructora que declarara como testigo el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya. Le fue denegado.

Lo más pintoresco de su defensa ha sido, como siempre, pretender que todos creyéramos que la grabación que efectuó en su despacho el empresario Miguel Ángel Ramírez está manipulada, que en concreto es producto de tres conversaciones distintas en las que él participa, y que la última de ellas se produjo en su despacho, de pie, también en presencia de Miguel Ángel Ramírez, al salir de la famosa declaración en la que se cumplió el pacto que ambos habían sellado días antes. Según su versión, Ramírez fue tan hábil que desde la puerta del despacho alargó la mano, en plan inspector Gadget, hasta depositar su móvil sobre la mesa de su despacho, ponerlo a grabar y recuperarlo justo a tiempo para llevárselo sin que nadie (salvo el sagaz magistrado) se diera cuenta.

También ha lanzado la suerte (este lunes lo volvió a decir en Televisión Canaria) que la grabación de Ramírez pudo haberse realizado “desde distintos puntos”, es decir, mediante micrófonos colocados dentro de su despacho por expertos de Seguridad Integral Canaria traídos de Tennesy. Omite, claro, que él mismo se encargó de pedir a la Policía que hiciera un barrido para comprobarlo, y que de ese examen se concluyó que allí lo más llamativo que había era un bocazas.

Su cambio de estrategia mediática coincide con la incorporación a su equipo jurídico del atrabiliario abogado Eduardo López Mendoza, que saltó a la fama por la defensa que hizo de José Miguel Suárez Gil, el Zorro Plateado, que acabó en prisión y luego lanzado al fuego eterno del olvido y el desprecio. López Mendoza se codea con lo mejor de cada casa y a él se atribuye también cierta relación de hermandad universal con el médico que ha firmado la baja por enfermedad del juez Alba, que también huele a pucherazo que tira para atrás. Dice el juez que nos va a meter una terrible querella por publicar tal asunto: estaremos encantados de vernos con él, con su médico y con su flamante y orondo nuevo jefe de prensa en los juzgados. Como se podrán imaginar, no nos vamos a estar callados ahora que él ha empezado a hablar.

Porque hasta ahora la estrategia había sido la del silencio, quizás porque alguien le debió haber prometido a Alba que este expediente se iba a solventar mediante un leve tirón de orejas o, quién sabe, con una sonada absolución, como la que disfrutó aquel expresidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, que se salvó porque la Fiscalía se equivocó en la calificación de sus delitos y el Supremo le dejó que se jubilara en paz.

Como los que no tienen relato creíble, Alba culpa ahora a los medios de comunicación de haberlo silenciado. Otra falsedad. Habló como una cotorra cuando estalló todo, luego prefirió guardar silencio; y ahora amenaza con hablar de no se sabe muy bien qué cañerías que, por lo que parece, conoce perfectamente bien. Seguramente porque durante muchos años ejerció de eficaz fontanero.