Financiación justa para nuestra singular realidad

El debate sobre el Sistema de Financiación Autonómica no es una discusión técnica reservada a expertos. Es una cuestión que determina cuántos recursos tienen las comunidades para sostener la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales. Y en ese debate, Canarias no puede quedar diluida en una media estadística que no refleja su realidad.

Reivindicamos que el nuevo modelo recoja todas las singularidades territoriales del Estado. La dispersión poblacional, la llamada España vaciada, el envejecimiento, la extensión territorial o la baja densidad son factores que deben ponderarse adecuadamente porque influyen directamente en el coste de prestar servicios públicos. No se trata de competir en agravios comparativos, sino de construir un sistema verdaderamente equitativo que asuma la diversidad real del Estado.

Esa misma lógica debe aplicarse a Canarias con la misma coherencia. Somos un archipiélago de ocho islas habitadas, con una fragmentación territorial que condiciona la organización administrativa y multiplica el coste efectivo de los servicios. Sin embargo, la variable de insularidad, ya insuficientemente ponderada en el modelo vigente, pierde peso en la nueva propuesta en lugar de reforzarse. Esa decisión no responde a un análisis riguroso de costes, sino a una simplificación que perjudica objetivamente a nuestra comunidad.

Prestar sanidad, educación o servicios sociales en un territorio discontinuo exige estructuras distribuidas, plantillas dimensionadas para realidades insulares distintas y redes logísticas complejas. No es una cuestión simbólica. Es un sobrecoste medible. Si el sistema no lo reconoce de forma adecuada, el resultado es una financiación que no cubre plenamente las necesidades reales.

A esa dimensión territorial se suma un factor social ineludible. Canarias mantiene tasas de pobreza y exclusión superiores a la media estatal. No hablamos solo de desempleo, sino de una pobreza estructural vinculada a salarios más bajos y a una mayor vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Esta realidad incrementa la demanda sobre los servicios públicos. Cuando los ingresos familiares son insuficientes, la sanidad pública, la educación y las políticas sociales se convierten en el principal soporte de estabilidad.

Un sistema de financiación que ignore esa combinación, mayor coste estructural y mayor presión social, no puede considerarse equitativo. La igualdad entre territorios no consiste en repartir lo mismo, sino en garantizar que todos puedan ofrecer servicios en condiciones similares. Si las necesidades y los costes son distintos, la financiación también debe serlo. 

Por ello exigimos al Gobierno de España que el nuevo modelo incorpore con rigor las especificidades de Canarias, debidamente ponderadas. No pedimos un trato excepcional, pedimos un cálculo justo. Y corresponde al Gobierno de Canarias defender esta posición con firmeza, aportando datos comparativos sobre el coste efectivo de los servicios, el diferencial de precios y el impacto presupuestario de la fragmentación territorial.

El debate no puede resolverse con fórmulas abstractas ni con porcentajes arbitrarios. Debe basarse en evidencia. ¿Cuánto cuesta mantener una red hospitalaria distribuida en ocho islas? ¿Cuál es el sobrecoste de garantizar educación en territorios insulares con menor escala? ¿Qué impacto tiene la vulnerabilidad social en el gasto sanitario y en las políticas de dependencia? Esas preguntas requieren respuestas técnicas, no aproximaciones genéricas.

Además, la coherencia territorial debe extenderse a otras decisiones financieras del Estado. Resulta difícil entender que los 1.000 millones de euros destinados a mitigar el cambio climático se orienten exclusivamente hacia comunidades mediterráneas, como si el impacto climático no afectara con intensidad a otros territorios. Canarias sufre de forma cada vez más evidente las consecuencias del calentamiento global: episodios recurrentes de calima, temperaturas extremas sostenidas, alteraciones en los patrones de lluvias y fenómenos marítimos más adversos. Nuestra condición insular nos hace especialmente vulnerables a estos cambios.

Si el criterio es la exposición al riesgo y la necesidad de adaptación, Canarias debe estar incluida de manera proporcional en ese esfuerzo inversor. El cambio climático no entiende de mapas políticos ni de etiquetas geográficas. Afecta con mayor crudeza a quienes dependen de recursos limitados, a quienes viven en territorios frágiles y cuentan con menor margen económico para adaptarse.

Financiación autonómica y transición climática son dos caras de la misma moneda: la capacidad real de un territorio para sostener derechos y afrontar desafíos estructurales. No se puede exigir resiliencia sin garantizar recursos. No se puede hablar de cohesión si se aplican criterios que invisibilizan realidades complejas.

Canarias no cuestiona que otras comunidades necesiten reconocimiento por su dispersión o por el envejecimiento de su población. Lo que reclamamos es coherencia: que todas las singularidades se midan con la máxima contundencia y precisión, y que la nuestra no pierda peso en el proceso.

El Gobierno de España debe garantizar un modelo que no simplifique la diversidad territorial. Y el Gobierno de Canarias debe asumir la responsabilidad de defender con determinación esta posición en todos los foros. No es una batalla partidista, es una cuestión de equidad institucional.

Porque cuando la financiación no refleja la realidad, los efectos no son abstractos. Se traducen en menos capacidad para reducir listas de espera, en más presión sobre los centros educativos, en menor margen para combatir la pobreza y en menos recursos para adaptarnos al cambio climático.

La justicia territorial no consiste en tratar a todos igual, sino en financiar correctamente lo que realmente cuesta sostener cada territorio. Y sostener Canarias exige reconocer su fragmentación, su vulnerabilidad social y su exposición climática con datos, con rigor y con recursos.

Porque sin financiación justa no hay igualdad real, y sin igualdad real no hay cohesión posible en un Estado que presume de ser diverso.