Un avión de Royal Air Maroc traslada desde Gran Canaria a El Aaiun a una veintena de migrantes deportados

Una comitiva formada por cuatro furgonetas de la Policía Nacional llegó en la mañana de este martes 16 de marzo al aeropuerto de Gran Canaria. En su interior, una veintena de migrantes magrebíes observaban cómo se aproximaba el fin de su proyecto migratorio en Europa. Los agentes los acompañaron hasta una zona alejada del paso de los viajeros comerciales y a las 12.44, el vuelo de deportación operado por la compañía Royal Air Maroc, que aterrizó a las 11.31, partió rumbo a El Aaiún.

Se trata de uno de los cuatro vuelos programados esta semana para la ruta entre Gran Canaria y El Aaiún. Según la ampliación Flightradar24, el pasado lunes un avión de la compañía Royal Air Maroc partió con destino a El Aaiún a las 19.50 horas. Este martes estaba programado otro de la misma compañía a las 12.35 horas, al igual que para el miércoles y el jueves. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, reconoció el pasado mes de febrero que se ha acordado con Rabat la deportación de unas 20 personas en cada uno de los cuatro vuelos semanales desde la isla. Durante una rueda de prensa convocada para exponer datos sobre la criminalidad en las Islas, añadió que se estaba intentando negociar un incremento en los trayectos. 

El cierre de fronteras provocado por la COVID-19 imposibilitó las repatriaciones de migrantes marroquíes llegados a Canarias, que supusieron más de la mitad de las 23.000 personas que alcanzaron las islas a través de la ruta migratoria atlántica. En noviembre de 2020, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Rabat con la finalidad de agilizar las deportaciones. Fruto del encuentro junto a su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, se acordó el cupo semanal de 80 personas, a las que se debe practicar una prueba PCR antes de partir, costeada por el Gobierno de España. En los vuelos suelen viajar dos policías españoles por cada inmigrante devuelto, quienes van maniatados con esposas de plástico que se les retiran justo antes de llegar al destino, según ha manifestado una de las personas afectadas a Efe. 

El destino de las personas migrantes es la ciudad más importante del Sáhara Occidental, que está a unos 240 kilómetros de distancia de Gran Canaria. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) la considera su capital, pero se encuentra bajo dominio de Marruecos, que al fijar esta ruta provoca que España reconozca implícitamente su autoridad sobre el territorio. La elección de este trayecto no es causal y no se justifica tan solo por la cercanía, ya que la mayoría de los marroquíes que salen en patera hacia las Islas lo hacen desde Dajla (Sáhara Occidental). Prueba de ello fue que tres inmigrantes rifeños que se encontraban a finales de enero en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia fueron trasladados hasta Madrid, donde embarcaron escoltados por varios policías a Gran Canaria, y desde ahí fueron en otro avión de Royal Air Maroc (RAM) a El Aaiún, en lugar de optar por otra vía desde Península hacia localidades más cercanas como Casablanca o Tánger.

*Ahmed contó a este periódico que tras ser repatriado desde Gran Canaria a la ciudad del Sáhara Occidental, tuvo que recorrer más de mil kilómetros en una guagua para llegar a Beni Melal, donde vive su familia. También *Said, quien fue deportado en el mismo vuelo a El Aaiún, se vería obligado a recorrer las más de doce horas que le separaban de El Borouj, la región en la que creció y donde buena parte de la población ha probado suerte en Europa. Ambos fueron expulsados directamente desde comisaría. A finales de febrero, decidieron abandonar un recurso de acogida al sur de Gran Canaria y al poco tiempo fueron detenidos por la Policía Nacional. “Estuvimos en la comisaría tres días (...) nos daban de comer solo algunos zumos y galletas”, contaba *Said. Durante el trayecto, ha relatado que los agentes que lo acompañaron en el vuelo de deportación tuvieron una actitud “poco humana”, impidiéndole comer ni beber agua para evitar que se quitara la mascarilla.

Escalada de tensión en el Sáhara Occidental

Desde noviembre, el Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos tras acusar a su gobierno de romper el alto el fuego entre ambos, vigente de 1991, después de que el ejército de Rabat desalojara de dicha zona a decenas de saharauis que se habían concentrado para bloquear el transporte de recursos extraídos del territorio ocupado en el Sáhara Occidental hacia el Sahel. Rabat rechaza que exista una guerra y achaca todo la “propaganda” del Polisario. Sin embargo, sucesivos ataques contra las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos se han producido en la zona de Mahbes, en el extremo noreste del Sáhara Occidental, muy cerca del lugar donde se ha construido un nuevo muro de 50 kilómetros para evitar infiltraciones y ataques del Frente Polisario.

Poco después de la declaración de guerra, al final de su mandato, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y el Gobierno español manifestó públicamente una postura basada en buscar una solución al conflicto respetando el consenso internacional auspiciado por la ONU, es decir, ni apoyó abiertamente el reconocimiento de EE.UU a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ni el derecho a la autodeterminación propuesto por la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental). Aunque los ministros de Exteriores de España, Arancha González-Laya, y Marruecos, Nasser Burita, hayan remarcado las “excelentes relaciones” entre ambos países, lo cierto es que la Reunión de Alto Nivel fijada para el 17 de diciembre entre los Gobiernos de España y de Marruecos, con una audiencia entre el presidente Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI, quedó aplazada y sigue sin fecha.