Gran Canaria aprueba instar al Gobierno canario a anular las sanciones a los vecinos que viven en zonas turísticas
El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este martes una propuesta en la que se insta al Gobierno de Canarias a elaborar un decreto ley que anule las sanciones impuestas a vecinos del municipio de San Bartolomé de Tirajana por residir en zonas turísticas.
El Cabildo recuerda que, desde hace años, “la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha denunciado la indefensión legal de cientos de vecinos y vecinas que, residiendo legalmente en sus viviendas, han sido sancionados por no destinar sus propiedades al uso turístico”.
Y añade que hace un año se rechazó en el Parlamento regional una proposición de ley de iniciativa popular en el mismo sentido.
Por ello, la Corporación ha aprobado la propuesta para instar al Gobierno de Canarias a que derogue con carácter urgente el reciente Decreto-Ley 2/2025, de 17 de marzo, de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, con la aprobación de forma inmediata de un nuevo Decreto Ley para la paralización de los expedientes sancionadores, tanto en curso como conclusos.
Además, también propone instar al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Turismo y Empleo, así como a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias a que apoyen las medidas impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), con la presentación de enmiendas que modifican la actual Disposición Transitoria Sexta del Proyecto de Ley de Uso Turístico de las Viviendas.
Con la polémica ley de renovación y modernización turística de Canarias aprobada hace más de una década se prohíbe a los propietarios de apartamentos turísticos de las Islas residir en ellos e incluso rentabilizarlos individualmente a través del alquiler vacacional. Quienes lo hacen, reciben multas de más de 2.000 euros. Los dueños de esos pisos, aunque los hayan habitado desde siempre, están obligados a cederlos a una empresa explotadora por el deseo del Gobierno autonómico de lograr la especialización de usos. Es decir, que en los edificios de uso turístico solo haya turistas. Mientras tanto, en los edificios residenciales sí se permite la existencia de pisos turísticos.
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