Una encuesta sobre el alquiler vacacional en Gran Canaria concluye que cuanto antes pueda regularse la oferta, mejor

La percepción del alquiler vacacional en Las Palmas de Gran Canaria varía según el contacto directo con la actividad y la tenencia o no de pisos turísticos. Pero más allá de las diferencias entre particulares, todo hace indicar que gran parte de la ciudad está de acuerdo con tres parámetros fundamentales: la explotación de viviendas para estos fines aumenta el precio de los alquileres residenciales, disminuye la oferta de domicilios en arrendamiento para residentes e incrementa el coste de la vida.

Los resultados proceden de un estudio demoscópico recientemente publicado en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles que analiza la visión de 402 residentes de la capital grancanaria sobre el impacto de la vivienda vacacional en la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria cuenta con más de 3.500 pisos turísticos, poco menos del 2% del total de las casas censadas, según las cifras del registro oficial del Gobierno canario, aunque es probable que ese dato infraestime la penetración real de dicho negocio debido a la falta de regulación.

Para los autores de la investigación era importante conocer la visión de los vecinos a escala local sobre una actividad en auge que “ha dado lugar a un intenso debate público acerca de sus efectos en la economía, los precios de la vivienda, la convivencia vecinal o el medioambiente, entro otros muchos aspectos”, aún sin consenso. El trabajo parte de un cuestionario que busca, por un lado, precisar el conocimiento de la existencia de pisos turísticos en el entorno residencial del encuestado y, por otro, las repercusiones que ello tiene a través de 24 preguntas, formuladas durante el primer trimestre de 2022. La muestra fue distribuida por grupo de edad, sexo, nivel de estudios y si este es propietario o no de un domicilio por el estilo.

Los resultados de la encuesta indican que el 46,9% de los ciudadanos de la capital grancanaria considera que la vivienda vacacional “es positiva para el municipio”, mientras que un 26,8% opina lo contrario. Al mismo tiempo, el 50,6% está de acuerdo con que “mejora la economía familiar”, el 42,9% cree que lo hace en toda la comarca y el 47,4% mantiene que ayuda a optimizar la conservación de los bienes inmuebles, en especial los del caso histórico de la ciudad, donde los edificios presentan importantes niveles de degradación.

La buena impresión en general sobre este asunto está en concordancia con otras encuestas realizadas en Canarias al respecto de la actividad turística. En 2019, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) publicó un sondeo que precisaba que el 76% de los isleños sostiene que el desarrollo del turismo ha sido beneficioso para las Islas y sus habitantes. Pero estas aproximaciones al principal motor económico del Archipiélago priman las consecuencias económicas y no tanto las sociales o culturales, en palabras de los firmantes de la investigación.

Ellos aseguran que existe una “opinión alineada” de la sociedad canaria ante la llegada masiva de turistas, “que ante todo se enjuicia como un factor de desarrollo en un contexto económico con pocas opciones”. Pero que, en algunas ocasiones, desprende juicios de valor críticos sobre algunos puntos, tal y como ha demostrado el estudio en cuestión sobre la vivienda vacacional.

Las únicas dimensiones del cuestionario que presentan más de un 60% de apoyo son las que hacen referencia a que los pisos turísticos aumentan los precios de los alquileres (un 69,4% está a favor de esa afirmación), reducen la disponibilidad de domicilios residenciales (68,7%) y es necesaria una mayor regulación del sector (65,2%). Hay otras inquietudes relevantes, como el incremento del coste de la vida (52,6%), el deterioro de la convivencia ciudadana (43,9%) y la pérdida de población en el casco histórico (43,9%). Pero las tres primeras preocupaciones mencionadas destacan por encima del resto porque, “por lo general, son quizá los tres aspectos que más afectan a una urbe con oferta de viviendas vacacionales relativamente extendida”, apunta José Ángel Hernández, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y uno de los autores del sondeo.

El experto matiza que ese sentir, aunque podría decirse que es general, fluctúa más o menos según el contacto directo con la actividad y la residencia en hotspots (puntos calientes) del alquiler turístico.

“En los barrios en los que la vivienda vacacional no abunda, se valoran especialmente los beneficios económicos positivos que genera, mientras que para los residentes de las zonas donde se ubican la mayor parte de estas [distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, sobre todo, donde ya ha habido reivindicaciones por esto mismo], se tienen en mayor consideración las consecuencias en el coste de la vida, el mercado de la vivienda en alquiler o la convivencia ciudadana, entre otros”, reflexiona Hernández.

El diferente criterio de apreciaciones está todavía más presente entre los propietarios de una vivienda con fines turísticos y los que no. Hernández agrega que “la propiedad de un domicilio por el estilo conlleva, por lo general, un estatus socioeconómico mayor, ya sea por herencia familiar o por un mayor nivel de estudios de sus propietarios”. Y que son estos los que “presentan una visión menos crítica (…) condicionada [no solo] por los beneficios económicos personales, sino también por las expectativas de negocio”.

Con respecto a la diferenciación por sexos, las mujeres manifiestan una percepción global menos positiva sobre esta actividad que los hombres. Los investigadores consideran que la divergencia radica en que “ellas parecen poner más en valor las consecuencias sociales”, como por ejemplo la expulsión de los residentes por culpa de los alquileres abusivos. Por otro lado, los grupos de edad más críticos son los que van de los 31 a los 40 años y los mayores de 50, “seguramente en el primer caso porque asocian la existencia de la vivienda vacacional con dificultades para arrendar o adquirir una casa de uso habitual, mientras en el segundo grupo etario porque valoran aspectos culturales, de identidad y convivencia ciudadana”.

De todos modos, el análisis de Hernández y el resto de firmantes concluye que “indistintamente del grupo demográfico, la situación residencial o la posesión de una vivienda en explotación”, todos coinciden en señalar las consecuencias negativas del alquiler turístico mencionadas anteriormente y que terminan provocando dinámicas de gentrificación, como las acaecidas, entre otras localizaciones, en Santa Cruz de Tenerife, según un artículo académico. En cualquier caso, el “sentimiento de expulsión por el desarrollo turístico” visto en Barcelona y que derivó en la aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT) aún no es apreciable.

Para intentar enmarcar la relación entre turistas y residentes de la capital de Gran Canaria, los investigadores se han apoyado en un “trabajo pionero” difundido en 1975 que modeliza el citado vínculo en cuatro fases: euforia y placer en el contacto con el desarrollo temprano de la actividad debido a las expectativas generadas; apatía con el aumento del número de visitantes; irritación y preocupación cuando la densidad turística crecía y se percibía un aumento de los precios, modificación de la cultura local o surgían problemas de seguridad; y, por último, oposición e incluso agresión abierta a los visitantes, cuando los efectos son cada vez más evidentes.

En Las Palmas de Gran Canaria, los expertos creen que la población general aún no ha pasado del segundo periodo, pero que sí lo han hecho los residentes de los barrios más turistificados. Y entonces “se hace necesaria (…) la necesidad de establecer límites y regulaciones efectivas”, remacha el estudio. Las restricciones fijadas hace unos años en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad son vistas como un avance. La nueva consejera de Turismo del Gobierno canario ha abogado por “poner el cascabel al gato” del arrendamiento turístico.

“Es muy importante contar con las opiniones de los ciudadanos (…) en aras de detectar las denominadas zonas calientes, donde el fenómeno del alquiler vacacional es más extendido. Ayudaría a una mejor planificación y ordenamiento de la oferta, poniendo condicionantes a su desarrollo. Y no quiere decir que la administración tenga un papel intervencionista, sino regulatorio, para consensuar los intereses de los vecinos (propietarios o no de pisos turísticos), al igual que complementarla con el turismo tradicional”, razona Hernández.