La Guardia Civil investiga por maltrato animal a la presidenta de una protectora en Gran Canaria

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha registrado las instalaciones de una protectora de animales situada en la Montaña de los Vélez, en Agüimes (Gran Canaria), cuya presidenta está siendo investigada por un presunto delito contra los animales.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas detalla que el registro fue ordenado el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, a raíz de las denuncias presentadas por antiguas colaboradoras de la protectora y de una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2022, cuando los agentes del Seprona comprobaron que la asociación llevaba alrededor de doce años dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales, tanto a nivel nacional como internacional.

En la primera inspección se localizaron 34 perros y 22 gatos, mientras que la documentación de la entidad reflejaba un total de 397 animales registrados a su nombre.

Como consecuencia de esta actuación inicial, se formularon denuncias administrativas ante el Ayuntamiento de Agüimes por la falta de documentación que amparara la actividad y por deficiencias graves en las instalaciones destinadas al alojamiento de animales.

También se cursaron denuncias en materia de sanidad animal por la ausencia de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, la inexistencia de un libro de registro de entradas y salidas y la falta de tramitación de certificados de movimientos intracomunitarios.

Posteriormente, en enero de 2025, los agentes del Seprona regresaron a las instalaciones junto a personal veterinario del Ayuntamiento de Agüimes para realizar una segunda inspección.

En esta ocasión, la presidenta de la protectora impidió el acceso, motivo por el que fue denunciada por negar la entrada a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, sin cobertura legal para ello.

A partir de entonces, las gestiones policiales permitieron constatar que en 2025 la entidad seguía sin iniciar el procedimiento para su alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas y que las autoridades de Países Bajos habían detectado movimientos de animales procedentes de esa protectora de Agüimes sin los certificados sanitarios exigidos en el marco del programa de control del comercio intracomunitario de animales de compañía en la Unión Europea.

Asimismo, se verificó que la protectora no figuraba inscrita como núcleo zoológico ni disponía de autorización para desarrollar la actividad en la parcela inspeccionada.

Como resultado de estas actuaciones previas, en septiembre de 2025, agentes de la Guardia Civil, veterinarios del Ayuntamiento de Agüimes y del Gobierno de Canarias y personal especializado en recogida de animales se incautaron de 28 perros y dos gatos.

Los ejemplares presentaban distintos estados de salud y, durante la inspección, se observaron graves deficiencias en las condiciones de las instalaciones para albergar a los animales.

Durante el registro también se localizó un bidón metálico que contenía restos compatibles con el cadáver de un animal incinerado, hallándose entre los restos un microchip registrado a nombre de la propia protectora, método de eliminación contrario a la normativa vigente, y se intervinieron veintidós cartillas sanitarias de felinos cuyos animales no se encontraban en el lugar.

En el transcurso de la actuación se revisaron los productos farmacológicos almacenados en el centro, confirmándose la presencia de medicamentos de uso humano y veterinario sometidos a fiscalización internacional, sin que se acreditara prescripción veterinaria ni autorización sanitaria de almacenamiento, por lo que fueron requisados.

Para la retirada y acogida de los animales se contó con la colaboración de los Ayuntamientos de Agüimes y Telde y de personal de Gesplan, siendo trasladados al albergue municipal de mascotas y al albergue insular de Gran Canaria.

Tras el análisis de los informes técnicos sobre el estado sanitario de los animales, se constató que algunos presentaban bajo peso, suciedad significativa, descamación de la piel, callos de apoyo en los codos, problemas dermatológicos, uñas largas, dieta inadecuada y ausencia de vacunación frente a la leptospirosis y la rabia, subraya la Guardia Civil.

Además, añade, las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones fueron calificadas como muy deficientes, al no reunir los requisitos técnicos y normativos exigidos, no garantizar el bienestar animal y favorecer la proliferación de plagas con riesgo para la salud pública.