El informe de la Audiencia de Cuentas revela que solo el 7% de la contratación pública canaria cumple la ley

La Ley de Contratos del Sector Público obliga a programar, planificar y publicar con antelación la actividad de contratación de las administraciones públicas, pero en el caso de Canarias de 819 órganos de contratación inspeccionados, solo el 7% cumple la obligación de programar sus contrataciones, según un informe de prevención de la corrupción realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El 60% de las contrataciones de las administraciones locales canarias se realiza a través de contratos menores y en general se incumple en la administración pública cualquier programación y planificación, abunda el informe, que ha sido presentado este lunes por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, en una comisión parlamentaria.

“La programación contractual debe formularse con anterioridad al ejercicio en que debe tener efecto”, ha insistido Pacheco, quien ha calificado la situación de incumplimiento general como “preocupante”.

El presidente de la Audiencia de Cuentas ha precisado que los datos del informe corresponden a 2022, pero se han repetido en 2023 y ejercicios siguientes.

Pacheco ha señalado que el contrato menor “está previsto para circunstancias imprevisibles y excepcionales”, pero se utiliza “de una manera muy generalizada”.

El contrato menor es una comodidad para funcionarios y gestores porque lleva menos trámites, pero “puede ser utilizado para otro tipo de cosas más oscuras o grises”, ha advertido Pacheco, y ha recordado que este tipo de contratación no favorece la transparencia ni la igualdad de acceso y distorsiona la competencia.

Pacheco ha asegurado que la norma, que obliga al sector público a programar y dar a conocer previamente la actividad de contratación en un ejercicio presupuestario o en periodos plurianuales, “no es inasumible”, como se demuestra en el caso del Servicio Canario de la Salud, que sí cumple ese requisito.

“No hay mayor volumen ni mayor complejidad de contratación que el del Servicio Canario de la Salud, y es el que más programa”, dijo Pacheco para ilustrar que la norma no es “inasumible” por parte de la administración.

El informe de la Audiencia de Cuentas defiende la necesidad de una norma autonómica que clarifique cuáles son los contenidos que debe tener esa publicación previa de las contrataciones, puesto que en muchos casos la programación no refleja los contenidos mínimos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público.

“La Dirección General de Patrimonio tiene competencias en contratación y puede aclarar la obligación, los contenidos y la periodicidad”, ha subrayado Pacheco, quien ha denunciado que “a ciertos niveles” de la administración, “la programación se considera una 'maría'”.

La programación “brilla por su ausencia, es algo minoritario, igual que la evaluación de las programaciones” que debería realizarse al concluir cada ejercicio presupuestario y que “también es minoritaria y sería otra asignatura pendiente”.

Del 7% de órganos de contratación cumplidoras que programan 25 son de la Comunidad Autónoma y 29 en las entidades locales, en su mayor parte cabildos.

En el caso de la administración autonómica hay un incumplimiento general excepto en seis entidades, según el informe, que destaca el Servicio Canario de la Salud, que sí programa habitualmente la contratación.

En el ámbito de los cabildos, los de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro realizan una planificación unificada de todos sus órganos de contratación, mientras que en el caso de los ayuntamientos solamente Tuineje, Teguise y Santa Cruz de Tenerife, junto con los organismos autónomos de este último y la Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, realizan una programación.