Nadie pujó por 'La Gaceta de Canarias'
La subasta de la cabecera de La Gaceta de Canarias, una marca que ha sido arrendada por Medios de Información de Canarias S.A. (Micsa) a Periódicos y Ediciones de las Islas Canarias, fue declarada desierta este miércoles al no presentarse nadie a la puja, ni personas físicas ni jurídicas.
La marca Gaceta de Canarias fue embargada tanto por los representantes de los trabajadores, a quienes se adeuda más de un millón de euros, según sostiene el abogado que los representa, Miguel Ángel Díaz Palarea, como por la propia Seguridad Social, a la que Micsa debe más de 600.000 euros. Varias sentencias, además de tres informes de la Inspección de Trabajo, vinculan de forma directa a Micsa con el grupo Salatín.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración hizo público en la página web de la Seguridad Social la subasta, fijada para este miércoles a las 12.30 horas en la sede de la Tesorería General de Santa Cruz de Tenerife. El valor de tasación fijado es de 91.418 euros. Para pujar por la cabecera era necesario haber dejado en depósito una fianza de un 25% de ese valor (22.854,5 euros) o bien depositar en el mismo acto de la subasta el 30% (27.426 euros), pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Nadie pujó.
La subasta se anunció cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aún debe resolver un recurso presentado por los trabajadores para que sean readmitidos en sus puestos de trabajo, después de que un juzgado de lo social declarase nulos los despidos de cerca de los cincuenta profesionales de la comunicación de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria que fueron contratados hace más de un año para relanzar La Gaceta de Canarias, uno de los medios de comunicación más veteranos del Archipiélago.
De hecho, la presencia de los representantes de los trabajadores en la subasta tenía el único objetivo de hacer valer la tercería para mejor derecho. De acuerdo con esta tercería, los trabajadores, que son quienes primero pidieron el embargo de la cabecera del periódico, debían ser también los primeros beneficiados del dinero obtenido en la subasta, explicaron fuentes de la propia Seguridad Social.
Ahora sólo queda esperar a que la Seguridad Social reciba la nueva documentación legal, como la sentencia del TSJC contra el grupo Salatín y a favor o en contra de la nulidad de los despidos de los trabajadores, y que se espera que sea notificada antes de que acabe el mes. De acuerdo con esa documentación, la Seguridad Social decidirá si celebra una segunda subasta de la cabecera.
Para los trabajadores, tanto periodistas como los profesionales de otras categorías en La Gaceta de Canarias, lo ideal sería que el periódico volviese a la calle, pero saben que el peligro es que un tercero compre la cabecera para su cierre definitivo.
