La Fiscalía pide archivar la investigación contra el consejero de Justicia en el caso de la ciudad deportiva del CD Tenerife

Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias.

Iván Suárez


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La Fiscalía ha pedido el archivo provisional de las actuaciones respecto al actual consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, el socialista Julio Pérez, y de otros tres imputados en la causa que investiga la adquisición por parte de una empresa dependiente del Cabildo de Tenerife de dos parcelas propiedad del Club Deportivo Tenerife y de la empresa NAP en la ciudad deportiva de Geneto, en el municipio de La Laguna. 

Pérez prestó declaración ante la jueza este miércoles. La Fiscalía sostiene que el actual portavoz del Ejecutivo regional “no tuvo intervención efectiva” en esa operación urbanística. “Ni tan siquiera llegó a intervenir realizando actuación material alguna conducente a posibilitar una futura venta”, recoge el escrito. En el momento de los hechos (2011-2012), era primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife y formaba parte, en representación de la corporación municipal, del consejo de administración del Parque Científico Tecnológico (PCTT), la sociedad que compró esos terrenos por cerca de 20 millones de euros, seis veces más de su valor real. 

En su argumentario para pedir el sobreseimiento provisional de la causa respecto al consejero de Justicia, el representante del Ministerio Público pone de manifiesto que Pérez expresó sus dudas sobre la operación y que se ausentó de la reunión que aprobó la compraventa delegando su voto en el entonces consejero José Luis Delgado (PSOE), que es en la actualidad director general de Infraestructura Viaria de la administración autonómica y para quien la Fiscalía también solicita el archivo de las actuaciones, al igual que para Luis Antonio Martínez, representante de la Fundación Starlight en el Consejo de Administración, y para el actual concejal de La Laguna Sergio Alonso (Coalición Canaria), que en aquel momento actuaba en nombre de la Universidad de La Laguna. 

En el llamado caso Geneto están imputados dos expresidentes del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior y Carlos Alonso, los dos de CC. En la denuncia presentada en diciembre de 2021, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife destacaba el papel que desempeñaron ambos en la operación de compraventa. Se les investiga por dos delitos de prevaricación, por promover la compra de esos terrenos “a sabiendas” de que esas parcelas no iban a tener utilidad y, además, comprometiendo el equilibrio financiero de la empresa pública. 

El resto de investigados para los que la Fiscalía no pide el archivo son los exconsejeros Antonio García Marichal y María del Pino León, también de CC: el exdirector insular Juan Antonio Núñez, y el abogado de la sociedad pública PCTT, José Luis Luengo. Todos ellos eran miembros del Consejo de Administración de la empresa pública y sabían, a juicio del Ministerio Público, de la que la compra no solo carecía de utilidad o interés público, sino que, además, comprometía la viabilidad de la sociedad.

Tal y como informó Mírame TV en diciembre del año pasado, tras la denuncia de la Fiscalía, fue en 2012 cuando la empresa pública adquirió al Club Deportivo Tenerife 30.000 metros cuadrados de la ciudad deportiva de Geneto por un importe de 18,9 millones de euros. Una cantidad que se basó en una tasación externa de Tinsa y que, según el interventor del Cabildo, era muy superior a su valor real, cifrado en tres millones de euros según los datos catastrales de 2017. De esos cerca de 19 millones de euros, 13 fueron a parar al club deportivo y casi 6 a NAP de África Occidental-Islas Canarias, una sociedad mixta (el 45% pertenecía al Cabildo y un 55% a capital privado) que en 2007 adquirió una de las parcelas (la original había sido segregada) para construir un centro de datos. 

La operación se había aprobado en la sesión que el Consejo de Administración de PCTT celebró el 28 de diciembre de 2011. El propósito de esa reunión era ejecutar acuerdos previos. En 2009, el consejero José Luis Delgado (PSOE) había propuesto adquirir esas parcelas para ubicar en ellas instalaciones de la sociedad pública, pero problemas técnicos y urbanísticos lo impidieron, teniendo que trasladar la construcción a Cuevas Blancas, en la capital tinerfeña. 

Posteriormente, la idea cambió. Se planteó adquirir esas parcelas pero no para usarlas para la empresa pública, sino para hacer una permuta con la Universidad de La Laguna y obtener unos terrenos en el antiguo Hogar Gomero. Sin embargo, en la sesión de diciembre de 2011, el Consejo de Administración modificó el objeto del contrato. La permuta desaparecía y se estipulaba la adquisición de la ciudad deportiva de Geneto “para futuros desarrollos”. 

En aquella sesión, el abogado de la sociedad advirtió de que la operación solo era posible con la permuta. También intervino Julio Pérez para decir que había que solicitar la oportuna licencia municipal para las obras y que no tenía sentido un nuevo acuerdo de adquisición, que lo que había que hacer era ejecutar los acuerdos anteriores (la permuta). El actual consejero de Justicia delegó su voto en José Luis Delgado, que también había expresado sus reticencias y dudas sobre la compra y que en el acta hizo constar “la falta de sentido de adquirir los terrenos en Geneto” y, en su lugar, propuso “adquirir los terrenos anexos a la universidad en La Higuerita”. 

Finalmente, Delgado votó a favor de la compra de los terrenos en la siguiente sesión del Consejo de Administración del Parque Científico y Tecnológico, celebrada el 16 de enero de 2012. En aquella reunión se eliminaron las condiciones que se habían fijado previamente como requisitos para garantizar la viabilidad financiera de la operación. Esto es, que el Consejo de Gobierno autorizara a la sociedad a endeudarse y que el Cabildo de Tenerife aportara a la empresa fondos suficientes para mantener su estabilidad. 

El entonces consejero Carlos Alonso dijo que no eran necesarios porque ya había aval suficiente con un acuerdo plenario de 2009 y con una carta que el entonces presidente Ricardo Melchior había firmado comprometiéndose a ampliar el capital de la empresa pública en 20 millones de euros, una promesa que nunca fue cumplido. En un informe de 2020, la consejera delegada del PCTT advirtió de que, a finales de 2019, la sociedad no cumplía los objetivos de estabilidad presupuestaria debido a la deuda que arrastraba como consecuencia de la adquisición de los terrenos en la ciudad deportiva de Geneto. 

En su reciente escrito, la Fiscalía remarca que en esas segunda sesión José Luis Delgado cuestionó al abogado de la empresa pública si se tenían por cumplidos los requisitos que se habían fijados para acometer la operación y que, ante la respuesta afirmativa del letrado, votó a favor. En esa sesión el actual director general de Infraestructura Viaria también expresó su inquietud por la estabilidad financiera de la entidad, por lo que el representante del Ministerio Público entiende que “no actuó con conciencia de la ilegalidad de los acuerdos, manifestando en todo momento sus reservas a su adopción”. 

También exime de cualquier responsabilidad a Luis Antonio Martínez, que participaba en el Consejo de Administración en representación del Instituto de Astrofísica de Canarias para “aportar conocimientos suficientes para facilitar la aplicación práctica de los conocimientos técnicos adquiridos y propios de su especialidad” y que no participó en el debate que condujo a la decisión final de compra. Con respecto a Sergio Alonso, hermano del expresidente tinerfeño Carlos Alonso y ahora concejal de CC en La Laguna, la Fiscalía entiende que su intervención era formal y completamente ajena a “cualquier interés más que el de intervenir por cuenta de la institución representada”, es decir, de la universidad. 

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