Dos años de cárcel para el empresario Suárez Gil por defraudar a Hacienda
José Miguel Suárez Gil, expresidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, ha sido condenado a dos años de cárcel y a pagar cerca de 900.000 euros entre multas e indemnizaciones por un delito contra la Hacienda Pública. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria considera probado que el polémico empresario ideó y llevó a cabo un plan con el único objetivo de cobrar una comisión por la venta de una parcela propiedad de Fedalime, la patronal de alimentación que entonces presidía, y eludir el pago del Impuesto de Sociedades a través de un mecanismo, el de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), que nunca justificó.
Se trata de la tercera pena de cárcel para Suárez Gil. Quien fuera referente empresarial de las Islas en los años 90 y principios de siglo fue condenado en septiembre de 2011 a un año de prisión por amenazas y coacciones a su exesposa, la abogada Josefina Navarrete, a quien encañonó con una pistola con balas en la recámara a principios de ese año. Posteriormente, en febrero de 2015, volvió a ser condenado a otros diez meses por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja. Por lo tanto, de confirmarse la firmeza de esta nueva sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, el empresario deberá ingresar de nuevo en la cárcel.
Tras el análisis de la documental obrante en la causa y las declaraciones de los testigos que comparecieron en el juicio, celebrado el pasado 13 de noviembre, la magistrada Ivana Aisa Muiños aprecia un “ánimo defraudatorio” en la actuación de Suárez Gil en relación con la constitución, a través de dos testaferros, de una empresa instrumental, PE7 Canarias Macaronésica, que actuó como intermediaria en la compraventa del solar de Fedalime en la zona de La Ballena. La sociedad creada “a instancias” del empresario se embolsó más de 500.000 euros por esta operación, cerrada en 2006 por un montante total de 1,2 millones de euros.
La sentencia considera acreditado que el empresario, que incurrió en numerosas contradicciones durante la vista oral y se mostró visiblemente alterado, gestionaba y adoptaba las decisiones de esa entidad desde el inicio, a pesar de que siempre trató de ocultar su vinculación con la misma.
PE7 Canarias Macaronésica destinó prácticamente el 90% del beneficio obtenido a través de esa comisión, más de 480.000 euros, a la Reserva de Inversiones de Canarias. Con ello, se evitaba el pago del Impuesto de Sociedades. Este potente incentivo fiscal le obligaba, sin embargo, a invertir esa cantidad en un plazo de cuatro años (hasta diciembre de 2010) en el desarrollo de actividades para la empresa y a mantener en funcionamiento los bienes adquiridos otros cinco años.
Transcurrido ese plazo, ya con Suárez Gil como administrador de la sociedad tras dos cambios de titularidades (pasó también por manos de su exesposa, que se desprendió de las acciones cuando advirtió “el pelotazo”), la empresa no había justificado inversión alguna ni había presentado, a diferencia de los ejercicios precedentes, la declaración del Impuesto de Sociedades, que le obligaba a pagar el 30% del beneficio obtenido en 2006 (144.000 euros) al no haber materializado la RIC.
La resolución judicial remarca que Suárez Gil intentó desvincularse de la empresa desde los años en los que obtuvo el beneficio sujeto a tributación, tras la operación de compraventa del solar de Fedalime, hasta la desaparición de los fondos vinculados a la RIC, que salieron de las cuentas de PE7 Canarias Macaronésica a través de disposiciones en efectivo de la cuenta. Se desconoce el destino el dinero, aunque en algunas de las operaciones figuran otras empresas relacionadas con el expresidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
La jueza subraya además que, por su trayectoria como empresario, Suárez Gil tenía conocimiento del funcionamiento de la RIC y “era consciente” de que se había pasado el plazo legalmente establecido para invertir. Por todo ello, concluye que participó “directa, material y voluntariamente” en los hechos.
La sentencia impone al empresario una pena de dos años de cárcel (la Fiscalía, representada por Evangelina Ríos, pedía tres años y medio de cárcel); una indemnización de 178.051,13 euros a la Agencia Tributaria (la cantidad que dejó de ingresar en concepto de Impuesto de Sociedades más los intereses de demora), y una multa de 356.102, 26 euros, el doble de la cantidad defraudada. La misma cifra deberá abonar la empresa de la que es administrador único desde el año 2009.
Durante su declaración en el juicio, Suárez Gil defendió su inocencia y atribuyó toda la responsabilidad a su exesposa, a la que llegó a acusar de urdir un plan para hacerse con su patrimonio haciéndole firmar un poder de autocontratación.
