El juez del caso canario de las mascarillas traspasa la investigación a la Fiscalía Europea

El magistrado Francisco Javier García García-Sotoca traspasa las diligencias del denominado caso Mascarillas a la Fiscalía Europea. El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado este lunes un auto de avocación del conocimiento de ese procedimiento a favor del organismo comunitario. Es decir, renuncia a presentar una cuestión de competencia, se inhibe y deja la investigación en manos de la Fiscalía Europea, que será a partir de ahora quien instruya el procedimiento.

El caso Mascarillas investiga el fallido contrato de emergencia suscrito en mayo de 2020, al inicio de la pandemia, entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y la empresa de automoción RR7 United para la adquisición, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales de las Islas pese a que el importe se abonó íntegramente por anticipado. 

La causa dio un giro el pasado 7 de noviembre. En esa fecha, la Fiscalía Europea dictó un auto en el que pedía asumir la instrucción al sospechar que ese contrato de emergencia fue financiado con fondos comunitarios y que, por ello, pudo perjudicar los intereses de la UE. Ejerció el denominado derecho de avocación y solicitó al juez instructor que le traspasara las diligencias. 

El salto a Europa de esta investigación solo podía ser evitado por el juez instructor y por el Tribunal Supremo. Para ello, era necesario que el magistrado que ha instruido el caso desde el pasado mes de julio presentara una cuestión de competencia si entendía que no estaban comprometidos fondos europeos y que, por tanto, el proceso debía seguir residenciado en las Islas. De haber optado por esta vía, hubiera sido la Sala de lo Penal del alto tribunal quien hubiera tenido que resolver la controversia.

Hay que recordar que el Gobierno de Canarias aportó recientemente al magistrado un informe de la Intervención General, adscrita a la Consejería de Hacienda, que concluía que los cuatro millones de euros de ese contrato de emergencia se sufragaron íntegramente con fondos propios a pesar de que había sido incluido como gasto susceptible de ser financiado con cargo al programa comunitario Feder (Fondos Europeos para el Desarrollo) para el periodo 2014-2020 (aún vigente).

Según ese informe, la comunidad autónoma no recibe por adelantado el 100% de los fondos estructurales europeos, sino que anticipa la mayor parte del montante y después va certificando los gastos para que les sean devueltos. Intervención precisaba que, para ser considerado como gasto cofinanciado por la UE, es necesario que hubiera una certificación del organismo intermedio de control (la Dirección General de Planificación y Presupuestos del Gobierno regional en este caso) antes de su remisión a la Comisión Europea. Y esa certificación “no consta” en el expediente, por lo que el informe del Gobierno regional atribuía el perjuicio a las arcas canarias en cuatro millones, la totalidad del contrato de emergencia.

Fuentes de la investigación ya habían advertido a este periódico de que, en cualquier caso, se trata de un asunto “complejo y discutible”, ya que la Fiscalía Europea es un organismo de reciente creación (en verano de 2021), hay un procedimiento de reembolso y no constan apenas antecedentes. El objetivo de la Fiscalía Europea es instruir los procedimientos en los que se investigue un posible perjuicio a los fondos comunitarios.

Finalmente, el juez instructor ha decidido aceptar el traspaso de competencias a la Fiscalía Europea y remitir a este órgano todas las actuaciones, además de poner a su disposición las diligencias y los efectos intervenidos hasta el momento. El tribunal de garantías será la Audiencia Nacional.

En el caso Mascarillas están imputadas siete personas, entre ellas Conrado Domínguez, exdirector del SCS; Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del organismo autónomo, y Rayco Rubén González, administrador de la empresa adjudicataria. Se investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales.

El juez ha difundido la parte resolutiva del auto, pero no su argumentación, al encontrarse la causa bajo secreto de sumario desde el pasado 30 de octubre, tres días después de que declarara ante el instructor el administrador de RR7 United y diera un “giro” a la investigación, abriendo la puerta a nuevas imputaciones y contratos y desvelando contactos antes negados con Conrado Domínguez.

Cuatro millones por mascarillas inservibles

En mayo de 2020, dos meses después de la declaración del estado de alarma, Canarias era, después de Andalucía, la comunidad con el mayor porcentaje de sanitarios infectados en relación con el total de contagios. Es en este escenario en el que se produce la polémica adjudicación a la empresa RR7 United S.L., dedicada al sector de la automoción, de un contrato de emergencia por importe de cuatro millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas FPP3, las de máxima protección, que tenían como destino los hospitales de las Islas y que nunca se sirvieron. A las Islas solo llegó una partida de algo más de 900.000 unidades que acabó siendo destruida en Aduanas después de que la empresa fabricante, 3M, alertara a la Agencia tributaria de que se trataba de mascarillas falsas. 

La Fiscalía Anticorrupción ha calificado este procedimiento de “abrumadoramente irregular”, incluso de “grotesco”. En su querella, remarca que el contrato se negoció durante 21 días a través de Whatsapp y que durante ese periodo en ningún momento se preguntó por la solvencia de la empresa, su capacidad para conseguir y transportar el material, su relación con el proveedor o los plazos. Señala que, a pesar de que se justificó por la necesidad “urgente e imperiosa” de suministrar mascarillas FFP3, las de máxima protección y rendimiento, a los sanitarios de las Islas, lo que acabó contratando fueron FFP2 y, además, al mayor precio que se pagó en toda la pandemia (más de un euro por encima por unidad con respecto a la segunda más cara).

También reprocha al SCS que acordara un segundo pago (de dos millones de euros, el 50% restante del contrato) sin haber recibido ni una sola mascarilla de las comprometidas y después de que dos jefas de servicio del área de contratación de la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público advirtieran de que el riesgo de estafa “era notorio” y de que RR7 United era “una empresa fantasma, pirata”. O que en junio de 2021, cuando ya había resuelto el contrato por incumplimiento de la empresa, decidiera aceptar una modificación por la que el adjudicatario se comprometía a entregar por el mismo precio un 20% más de mascarillas (1,2 millones) de otro modelo, un compromiso que tampoco cumplió y que asumió tres meses después de que llegara a Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que fueron destruidas en la Aduana tras constatarse que eran falsas.

Este mismo mes el hasta ahora director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, fue cesado de su puesto por su implicación en este caso.