La petrolera de Cañete tenía un plan de emergencias obsoleto cuando se produjo el accidente en el que murió un trabajador
Petrologis Canarias, petrolera que presidió hasta 2012 el dirigente del Partido Popular (PP) Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y actual comisario de Acción por el Clima y Energía de la Unión Europea, carecía de un Plan de Emergencias Interior (PEI) actualizado cuando se produjo el accidente laboral que se cobró la vida de un trabajador y provocó heridas de gravedad a otro en febrero de 2010 en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Así se desprende de las declaraciones prestadas en sede judicial por el gerente de la empresa en el momento de los hechos, Octavio Parada, ya jubilado, y por un técnico de la empresa encargada de la elaboración de dicho documento, Laínsa, en el marco de la investigación abierta contra el primero por un presunto delito de falsificación documental, una causa que ha sido archivada de forma provisional por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de la capital grancanaria, Ana Isabel Vega.
El PEI, también denominado Plan de Autoprotección, es un documento indispensable para todas las empresas que operan con sustancias peligrosas y se debe renovar cada tres años e implementarse a través de simulacros de emergencias para que los trabajadores sepan cómo actuar en caso de accidente. El ingeniero Fernando Rosillo, que ocupó la plaza del fallecido como jefe de operaciones y que fue despedido años después tras alertar de las deficiencias en materia de seguridad y medio ambiente de la petrolera, denunció en 2016 que el plan que Petrologis había entregado en los juzgados durante la investigación del accidente era una burda manipulación para tratar de hacer ver que el documento fue elaborado en 2009 cuando, en realidad, era el mismo que había hecho en 2004 la empresa Laínsa. El gerente habría modificado la fecha del plan para tratar de evitar cualquier responsabilidad penal.
El propio Octavio Parada reconoció ante la jueza que en 2009 no se realizó un nuevo plan, sino que la empresa se limitó a “reflejar la escisión de la petrolífera Ducar (empresa matriz hasta 2008) en Petrologis Canarias (su filial hasta entonces) y el nombramiento de un nuevo jefe de operaciones (el trabajador fallecido)”. El técnico de Laínsa, por su parte, aseguró que el manual se elaboró en 2004 para Ducar (de hecho el CIF pertenece a esta empresa y no está firmado) y que era imposible que se hubiera redactado en 2009 por dos razones, porque a esta empresa no se le encomendó la realización de ningún nuevo plan y porque la normativa que figura en el documento entregado estaba obsoleta y no recogía los cambios normativos aprobados en 2007. A este reconocimiento se le une el hecho, puesto de manifiesto en el escrito del denunciante, de que el primer simulacro de emergencias se ejecutó en 2012, es decir, dos años después del accidente, a pesar de que la normativa lo exige para implementar el plan.
A pesar de ello, la jueza no aprecia en la actuación del exgerente de Petrologis una voluntad de engañar ni de manipular el documento para tratar de dar a entender que era nuevo, del año 2009.
En este auto, dictado en junio del año pasado pero conocido ahora, el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria cierra de manera casi definitiva el último resquicio penal contra la petrolera de Cañete por el accidente mortal. La magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa por falta de pruebas. Sin acusación particular y con la Fiscalía ausente en el procedimiento, sin participar en los interrogatorios, sólo resta por resolver el recurso presentado por la propia petrolera ante la Audiencia de Las Palmas para que la resolución se convierta en firme y el archivo, en definitivo.
Petrologis ya se libró de un juicio por homicidio imprudente, lesiones y delitos contra los trabajadores en 2013 por el mismo accidente. La familia del fallecido y el operario herido retiraron la acusación después de un acuerdo con la petrolera que se materializó en indemnizaciones por un total de 240.000 euros. Tampoco en aquella ocasión el Ministerio Público actuó contra la empresa de Cañete y atribuyó la responsabilidad del accidente a una imprudencia del trabajador que murió.
El pasado 24 de febrero se cumplieron ocho años del accidente, que se produjo durante los trabajos de reparación de un tanque de almacenamiento de combustible en el Puerto de la Luz. Jonathan Hernández, jefe de operaciones de Petrologis, y Gonzalo Suárez, empleado de otra empresa, se encontraban en la cesta de una grúa a 17 metros de altura cuando las chispas prendieron unos paños impregnados con productos químicos altamente inflamables con los que previamente se había limpiado parte de una fuga de fuel. El fuego subió por el tanque hasta la cesta. Hernández cayó y falleció prácticamente en el acto. Suárez bajó por el brazo de la grúa y sufrió graves lesiones y secuelas: quemaduras en el 17% de su cuerpo, la pérdida de la visión en un ojo y del pabellón auditivo izquierdo, además de quedarse sin sensibilidad en la mano izquierda.
Tanto la inspección de Trabajo como la investigación posterior en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria detectaron irregularidades en materia de seguridad laboral achacables a la empresa de Cañete, que en ese momento y hasta 2012, cuando se incorporó al gabinete de Mariano Rajoy, era presidente del Consejo de Administración. El actual comisario europeo conservó acciones de la petrolera hasta 2014, año en el que se desprendió de ellas precisamente para acceder al puesto, dejándolas en manos de su cuñado, Miguel Domecq.
A pesar de los indicios de delito apreciados por la magistrada Victoria Rosell, la causa fue archivada por falta de acusación. El juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba dio el carpetazo definitivo en noviembre de 2014, pero un escrito presentado por el exjefe operaciones de la empresa reactivó hace un año y medio el caso con una nueva vertiente, la de la falsificación documental.
Rosillo denunció ante el Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria, en el que se habían incoado las actuaciones, que algunos de los documentos presentados por la petrolera habían sido falsificados por su gerente. En concreto, especificaba tres: el mencionado Plan de Emergencia Interior, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y los procedimientos de permisos de trabajo en caliente. Tras recibir estas nuevas pruebas, Rosell dedujo testimonio y el Juzgado de Instrucción 5 de la capital grancanaria abrió las diligencias que finalmente archivó siete meses después.
La jueza sostiene que la declaración del exjefe de operaciones de Petrologis no está corroborada por pruebas. En relación al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Rosillo afirmó que el gerente de la empresa lo retocó con posterioridad al accidente para derivar la responsabilidad en el trabajador fallecido. Para tratar de corroborar este extremo, se refirió a los metadatos del documento, donde figura una modificación realizada por Octavio Paradas el 4 de marzo de 2010, una semana después del siniestro, y a la confesión que le habría hecho un trabajador de la empresa a la que se le encargó la elaboración del plan, Muprespa. Sin embargo, este empleado, que declaró como testigo, desmontó su versión y negó que el gerente de Petrologis le hubiera pedido que cambiara la fecha del plan “y pusiera al trabajador fallecido” como responsable. A la jueza tampoco le convencieron los argumentos sobre los metadatos, puesto que figuraban otros nombres que llevaban a confusión.
Fernando Rosillo también había revelado en su denuncia que Petrologis Canarias carecía de procedimientos de permisos de trabajo en caliente implantados, a pesar de que en los juzgados presentó documentos supuestamente emitidos en 2004 y revisados en 2009 con formatos muy dispares. En este apartado, la jueza creyó las explicaciones de Octavio Parada, que defendió que el único cliente de la empresa para este tipo de trabajos era Cepsa y que, por tanto, los procedimientos eran los de esta compañía y que no fue hasta 2009 cuando la petrolera de Cañete comenzó a adaptarlos. Otro testigo confirmó que antes de jubilarse, en ese mismo año, estuvo trabajando junto al entonces jefe de operaciones, el fallecido en el accidente, sobre estos documentos y que dejó preparado un borrador.
