La contrata municipal para la recogida de residuos y limpieza está pignorado el cobro por un grupo de bancos, representados por el Banco Santander, lo que hace que estos puedan ser los directos beneficiarios de los giros mensuales del Ayuntamiento de Santander a la empresa adjudicataria de la recogida de basura y limpieza viaria, Ascán-Geaser, en caso incumplir los compromisos crediticios con las entidades financieras. Se desconoce si la banca ha ejecutado sus derechos en este tiempo, pero el Grupo Municipal UxS sospecha que sí.
La pignoración es una figura financiera que consiste en dejar en prenda a un acreedor los derechos que pueda generar una empresa como garantía del cumplimiento del reitegro de préstamos. El Ayuntamiento de Santander, como queda reflejado en un informe de la Dirección General de Medio Ambiente, tiene constancia de esta pignoración de derechos desde 2014, apenas un año después de que se adjudicara la contrata de recogida de basura, es decir, desde prácticamente el inicio de la relación con Ascán-Geaser. Este hecho le fue comunicado al Consistorio por la propia UTE, por lo que desde hace seis años, el Ayuntamiento tiene que notificar a los bancos acreedores cualquier modificación de la contrata.
“Con fecha 15/07/2014 la concesionaria comunica al Ayuntamiento la pignoración de los derechos de cobro del contrato a favor de un sindicato de entidades financieras, figurando como Agente representante el Banco de Santander, a quien debe notificarse cualquier incidencia que afecte al derecho pignorado”, asegura la Dirección General de Medio Ambiente en su informe.
Santiago Díaz, presidente del Grupo Sadisa, al que pertenece la UTE concesionario, daba cuenta este miércoles en rueda de prensa de las dificultades económicas que pasó el grupò en 2014, cuando “estábamos en plena refinanciación con los bancos y la situación económica” les hizo retrasarse en la entrega de maquinaria, objeto de tres expedientes sancionadores aquel año y el siguiente.
Santander está aplicando recortes en los pagos mensuales que realiza a la adjudicataria del servicio, que rondan 1,2 millones. Esto ha llevado a que los trabajadores estudiaran movilizarse ante el retraso en el cobro de las nóminas, algo que la alcaldesa despejó afirmando que el pago del Ayuntamiento cubre la masa salarial. No obstante, grupos municipales de Santander como Unidas por Santander, el único que ha hablado hasta ahora de la pignoración de la contrata por los bancos, considera que el canon del Ayuntamiento pudiera estar siendo ingresado directamente por las entidades financieras, lo que generaría problemas en el abono de las nóminas. Miguel Saro, portavoz de UxS ya barajó en una entrevista a elDiario.es la posibilidad de que el Ayuntamiento pague directamente las nóminas a los trabajadores, una posibilidad que ya llevó a cabo en el pasado.
“La empresa (por Ascán-Geaser) está en una situación complicada. La liquidez que obtiene va a parar a sus acreedores y no sé hasta qué punto la transferencia que realiza el Ayuntamiento es directamente a una entidad financiera, que viene a ser lo mismo”, aseguraba el protavoz a este periódico..
La comunicación de la adjudicataria al Ayuntamiento se dio en los inicios de la contrata (fue adjudicada por el Ayuntamiento en abril de 2013 por 17,5 millones de euros anuales durante 10 años), que ya llevaba expedientes de sanción por incumplimiento en fecha tan temprana. Así, en el mismo 2014, en agosto, es decir, un mes después, el Ayuntamiento le impuso una primera sanción de 149.000 euros por no disponer de la maquinaria prevista para prestar el Servicio de Limpieza y después de haberle concedido una prórroga para hacerlo. Le siguieron varias sanciones más hasta totalizar más de 430.000 euros en multas: una segunda sanción de 151.000 euros por el mismo motivo impuesta en noviembre de ese año; una sanción de 6.000 euros por disponer de personal de la contrata al servicio de otras empresas; y una última de 127.187 euros en mayo de 2015 por seguir sin disponer de la maquinaria necesaria en 2015. En total, solo por la carencia de maquinaria, el Ayuntamiento multó con 427.000 euros a la adjudicataria, según el informe de la Dirección General de Medio Ambiente.
Cuatro años sin sanciones
Luego, la situación entró en un túnel en donde no hubo sanciones de ningún tipo a lo largo de cuatro años, entre 2015 y 2019, algo que se justifica diciendo que había comenzado a intervenir la empresa de control, aunque con grandes dificultades para hacer su trabajo. Ha habido y hay 21 expedientes sancionadores, el primero de los cuales data de mayo de 2019. Del total, nueve ya contemplan sanción y el resto está pendiente de resolución.
En los expedientes abundan las faltas graves, ocho en lo que va de año, lo que puede dar lugar a la rescisión de la contrata, recuerda la Dirección General de Medio Ambiente en su informe. Se consideran “graves y esenciales” las faltas detectadas en expedientes que afectan al mantenimiento de limpieza y vaciado de papeleras, incumplimiento de funcionalidades de la plataforma de gestión y un abanico de ellos que se refiere a mantenimiento y limpieza de contenedores.
“No nos encontramos ante incumplimientos puntuales del contrato, susceptibles de penalización económica, sino ante incumplimientos, en su mayoría de carácter grave, persistentes a lo largo del contrato, que acreditan su voluntad incumplidora”, concluye la Dirección General en su informe.
Es la propia Dirección General de Medio ambiente, corroborada por los informes de Intervención municipal, los que reconocen que la adjudicataria no ha colaborado en facilitar el control, a lo que hay que añadir la falta de utilidad que tuvo la plataforma Smart-City creada al efecto por Ascán-Geaser que nunca posibilitó hacer un control efectivo a las empresas asignadas a ello (primero la Fundación Torres Quevedo, después Louis Berger-Apia XXI, actualmente llamada WSO Spain-Apia). Según la Dirección General de Medio ambiente:
“Más allá de las deficiencias en la gestión del servicio e incumplimientos (...), la relación con la concesionaria se ha caracterizado por una falta de respuesta tanto a los requerimientos de las entidades de control como del propio Ayuntamiento. La respuesta a la documentación solicitada por las entidades de control se ha demorado en el tiempo más allá de lo que se entiende justificable y, por lo general, aun cuando ha sido requerida por esta dirección, bien verbalmente, bien por escrito, tampoco ha sido facilitada en tiempo y forma”.
Informe de Intervención demoledor
La Intervención municipal realiza este año dos informes sobre control financiero de la concesión, uno en abril y otro en julio. Ambos son demoledores, cuantificando el alcance de los incumplimientos en 7.048.105 euros, que se desglosa del siguiente modo:
- Déficit de personal: 2.994.436 euros.
- Gastos utilización plataforma (Smart City): 828.240 euros.
- Déficit de medios técnicos (maquinaria): 1.517.199 euros.
- Gastos de publicidad: 688.832 euros.
- Revisión de precios: 567.392 euros.
- Recogida de cartón en comercios: 163.687 euros.
- Ampliación parque de papeleras: 65.438, euros.
- Dotaciones en playas: 222.877 euros.
Estos incumplimientos reiterados han llevado a la alcaldesa Gema Igual a anunciar esta semana el inicio del proceso para resolver la contrata y elaborar una nueva licitación del servicio. El proceso de rescisión durará un mínimo de dos años y el propietario del Grupo Sadisa, al que pertencen Ascán y Geaser, ya ha anunciado que está dispuesto a dar batalla.