La Asociación de Viviendas Turísticas de Cantabria eleva el decreto regulador autonómico al Tribunal Supremo

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que desestimaba el recurso de la agrupación contra el decreto regulador de las viviendas de uso turístico en la región.

La asociación, que representa a propietarios y gestores de viviendas de uso turístico de la Comunidad Autónoma, quiere que el Tribunal Supremo fije doctrina sobre cuestiones que “afectan no solo a Cantabria, sino a la regulación de las viviendas de uso turístico en toda España”, ha informado en un comunicado.

En esta comunidad, 2.762 viviendas de uso turístico de las analizadas hasta ahora no cumplen con el reglamento del decreto aprobado hace un año por el Gobierno autonómico, y, por lo tanto, no podrán ejercer como alojamientos turísticos. Representan casi el 50 por ciento de las registradas (6.605, según datos a 31 de agosto), de acuerdo con cifras del Ejecutivo cántabro, que hasta ahora ha abierto 63 expedientes sancionadores y ha impuesto 51 multas por importe de 210.000 euros.

Si todas las viviendas que están pendientes de comprobar su anexo fueran incluidas en el registro por cumplir los parámetros exigidos, el número total de alojamientos turísticos en Cantabria ascendería a 3.383.

Desde AVUTCAN se han referido a estas cifras y han opinado que el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, defendió que el Decreto “ha conseguido 'poner orden' en el sector pero buena parte de esas más de 2.352 viviendas sin revisar se encuentran, con toda probabilidad, inmersas en trámites o litigios con los ayuntamientos para obtener la compatibilidad urbanística. Es la mejor prueba de la enorme litigiosidad que ha generado el Decreto”.

Según ha explicado AVUTCAN en la nota de prensa, el recurso se motiva, entre otros, en “el incumplimiento de la directiva europea de servicios y de las leyes estatales que la desarrollan; los graves defectos formales en la tramitación del decreto; la aplicación retroactiva de la norma a viviendas que ya operaban legalmente y las reinterpretaciones urbanísticas sobrevenidas que cambian las reglas del juego años después de iniciada la actividad”.

En cuanto a la declaración responsable, han confirmado que “es el título con el que operan en España multitud de comercios, negocios y actividades profesionales”. Si ahora la Administración puede exigir, a actividades ya en funcionamiento una nueva declaración con requisitos adicionales y efectos retroactivos, “bajo amenaza de cese, se podría ver anulada su habilitación años después por requisitos que no existían cuando se inició”, han advertido.

La entidad motiva el interés casacional del recurso en que este afecta “a un gran número de situaciones”. Y ha recalcado que no lo han interpuesto solo para defender su actividad, sino para “salvaguardar el derecho de cualquier ciudadano a que no se le retrotraigan derechos ya reconocidos”.

El presidente de AVUTCAN, Jaime Paino de Pedro, ha aclarado que recurrir la sentencia supone “que cualquier actividad amparada por una declaración responsable no vea cambiadas las reglas a mitad de partida” y se vea “abocada al cese, en el momento en que la Administración de turno decida modificarlas”, ha subrayado.