La Justicia tumba el recurso de la asociación de viviendas turísticas de Cantabria contra el decreto regulador

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso de nulidad presentado por la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) contra el decreto que regula estos alojamientos en la región. El decreto, aprobado en verano de 2025, ha venido acompañado de polémica porque descarga en cada ayuntamiento la decisión de limitar o no el número de pisos vacacionales, abriendo la opción a establecer requisitos distintos.

El efecto sobrevenido ha sido la dilatación burocrática en cada ayuntamiento de las autorizaciones. Como consecuencia, el Gobierno de Cantabria autorizó en marzo de este año una prórroga para que las viviendas turísticas sin regularizar puedan seguir funcionando en una comunidad donde, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay casi 9.000 viviendas turísticas (VUT), prácticamente el doble de las que había antes de la pandemia, aunque no existen datos oficiales del Gobierno de Cantabria.

En su recurso, la asociación planteaba que el decreto que viene a regular los inmuebles de uso turístico, porque el Gobierno autonómico desconoce la cifra real, suponía “un daño económico de 1.015 millones de euros en solo dos años y la destrucción de 2.371 empleos anuales”, además de “una fuerte sobrecarga” administrativa en los ayuntamientos.

La asociación ha dicho que la Sala “reconoce que no tiene constancia de cuántas viviendas de uso turístico ilegales estaban funcionando” en el momento de entrada en vigor del Decreto, pero posteriormente “justifica la nueva regulación aludiendo a un gran número de viviendas que venían actuando ilegalmente en Cantabria”. En un comunicado, la asociación ha cuestionado la resolución porque, en su opinión, parece proyectar “una sombra de ilegalidad sobre una parte muy importante del sector”.

“No se puede tratar como sospechosas de ilegalidad a viviendas que fueron inscritas por la propia Administración en el Registro de Empresas Turísticas y que venían ejerciendo su actividad bajo la normativa vigente en ese momento”. Por ello, la asociación ha opinado que es “difícilmente comprensible” que ahora se presente al sector como “un problema de ilegalidad generalizada”.

No defensa de situaciones irregulares

La asociación ha matizado que no defiende situaciones irregulares, sino una regulación “clara, proporcionada y segura”. Sin embargo, cree “inaceptable” que la “falta” de control previo o de coordinación administrativa pueda “terminar recayendo exclusivamente sobre los propietarios que actuaron de buena fe y conforme al sistema que la propia Administración había establecido”

Por todo ello, AVUTCAN ha avanzado que está estudiando la viabilidad de interponer recurso de casación, al entender que existen cuestiones jurídicas de interés general sobre la aplicación de nuevas exigencias a viviendas ya inscritas, además de la seguridad jurídica, la confianza legítima y los límites de la actuación administrativa.

Finalmente, ha incidido en que, actualmente, se están iniciando “múltiples” procedimientos contencioso-administrativos en distintos ayuntamientos de Cantabria, “muchos de ellos avalados por la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia urbanística y de uso turístico en otros territorios de España”.