La asociación de viviendas turísticas de Cantabria recurre ante la Justicia el decreto regulador y pide su suspensión cautelar

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha presentado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad contra el decreto que regula las viviendas de uso turístico, respecto al que también ha pedido su suspensión cautelar.

El recurso de la asociación se apoya en un informe pericial elaborado por la empresa inAtlas que concluye que la aplicación del decreto supondrá para Cantabria “un daño económico de 1.015 millones de euros en solo dos años y la destrucción de 2.371 empleos anuales”, además de una fuerte sobrecarga administrativa en los ayuntamientos.

AVUTCAN subraya que el decreto “golpea de lleno un modelo no especulativo”, pues defiende que “la mayoría” de las viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria son segundas residencias de propietarios locales, viviendas familiares que se alquilan para complementar ingresos, pagar hipotecas o mantener vivo un patrimonio en pueblos y barrios donde “apenas hay otra oferta”.

Así, expone que la “retirada forzada de hasta un 62%” de la oferta de VUT que supone la nueva regulación significa “vaciar de visitantes muchos pueblos del interior, recortar ingresos en tiendas, bares y restaurantes, y romper la cohesión territorial, concentrando todavía más el turismo en Santander y en la franja costera mientras el medio rural pierde oportunidades y se empobrece”.

Su demanda recuerda, además, que el Consejo de Estado ya “advirtió las debilidades del Decreto 50/2025 antes de su aprobación”: falta de un análisis jurídico completo, ausencia de valoración económica real pese al peso estratégico del turismo en el PIB regional y “ninguna evaluación seria” de las cargas administrativas que recaerían sobre ayuntamientos y ciudadanos.

AVUTCAN lamenta que el Gobierno cántabro aprobó el decreto este verano “sin corregir las carencias señaladas, sin una memoria de impacto rigurosa y sin medir los riesgos que generaba”.

En el plano jurídico, añade además que el decreto es “inconstitucional e ilegal”, puesto que aplica una retroactividad “prohibida” al obligar a 6.445 viviendas ya legales a volver a tramitar su actividad “bajo amenaza de cese y cancelación registral”; invade competencias municipales en materia urbanística; incumple el procedimiento europeo de notificación previa y vulnera los principios de buena regulación al aprobarse “sin motivación suficiente ni verdadero análisis de impacto”.

La asociación destaca que, durante toda la tramitación, los propietarios mantuvieron una “postura responsable y dialogante”, pero el Gobierno de Cantabria (PP) “ignoró” tanto estas aportaciones como las advertencias de varios ayuntamientos que alertaban del peso del sector -en torno al 11 % del PIB regional- y del “riesgo de colapso administrativo”.

Finalmente, AVUTCAN advierte en un comunicado que, de no suspenderse el decreto, “Cantabria caminará hacia un modelo turístico más concentrado, más frágil y más desigual, con una costa saturada y un interior cada vez más vacío”. Por ello, solicita al Ejecutivo “la apertura de un nuevo proceso de regulación basado en datos, jurídicamente sólido y respetuoso con los municipios y con las familias”.