La demora de hasta 16 meses en tramitar un expediente obliga al Ayuntamiento de Santander a tener que 'legalizar' gasto cada vez más a menudo
El Ayuntamiento de Santander puede tardar entre 15 y 16 meses en tramitar y dar por acabado un expediente de Contratación. En el caso de los expedientes del servicio de Compras el tiempo medio de tramitación oscila en torno a ocho meses. Esta demora en la tramitación, en el contexto de una administración escasa de recursos y obsoleta, es la causa principal de que en los últimos cuatro años, el pleno de la ciudad haya tenido que legalizar a posterior 24 millones de euros de gasto.
Para la Intervención municipal, en su último informe de control financiero, considera que no existe un ánimo en el equipo de gobierno de saltarse las normas habituales de contratación, sino que el abuso de la práctica de legalizar a posteriori determinados gastos es resultado de deficiencias de recursos que hacen que los expedientes se retrasen.
En efecto, los retrasos en los trámites hacen que gastos periódicos tengan que abonarse de esta forma ya que no termina de llegar el contrato que lo regularice o hacen que se sitúen a caballo entre dos ejercicios ya que el año natural no es suficiente para darles salida.
El resultado es la proliferación del reconocimiento extrajudicial de créditos o 'facturas en el cajón' por lo que el pleno legaliza a posteriori el gasto: solo en los cuatros años que median entre 2016 y 2019 se legalizaron así 24 millones de euros.
Según el órgano fiscalizador, se ha convertido en habitual lo que es excepcional o, como indica en su informe, “en Santander se ha producido en los últimos años un incremento de expedientes, tendencia que deja translucir la conversión del reconocimiento extrajudicial de crédito en un procedimiento de convalidación del gasto de fácil acceso, siendo ésta una anomalía que puede dar lugar a exigencia de responsabilidades”.
Durante estos cuatro años analizados por la Intervención se tramitaron 11 expedientes de regularización que afectaban a 55 contratos de los servicios de Contratación (60%) y Compras ( 40%). La mayor parte de los mismos se corresponde con contratos de servicios, y en menor medida, contratos de suministros. Los contratos de obra han tenido como causa única los modificados de la misma. Por áreas gestoras, los más recurrentes a este procedimiento fueron las áreas de Ingeniería Industrial, Informática, Parques y Jardines y Servicios Sociales.
Administración electrónica
Tantas veces anunciada, la administración electrónica parecía haber llegado ya; pero esto no solo no es así, sino que el Ayuntamiento de Santander adolece de una gestión integral de los procesos que permita gestionar los expedientes de cabo a rabo. El Consistorio dispone actualmente de una plataforma llamada Pixelware que solo acoge la licitación, pero no el inicio del expediente ni la fiscalización de la adjudicación.
A ello se añaden usos habituales en el régimen de trabajo municipal en donde cada departamento es un compartimento estanco sin que ninguno tenga conciencia de una responsabilidad colectiva a la hora de cumplir plazos. Cuando estos se incumplen, nadie parece ser responsable por lo que el reconocimiento extrajudicial se utiliza como la solución para todo sin tener en cuenta que puede derivar en responsabilidad judiciales.
La falta de previsión y por lo tanto la improvisación llegan hasta el extremo de que el interventor ha tenido que recomendar que con al menos tres meses de anticipación a la conclusión de un contrato esté aprobado el nuevo expediente de contratación, indicio de que esto no se realiza. Esta anticipación se propone que sea de nueve meses cuando afecte a una contratación nueva.
Baja ejecución de inversiones
La obsolescencia de la administración es la responsable también de una baja ejecución de las inversiones previstas en cada ejercicio. Según la Intervención, el Ayuntamiento ejecuta solo el 41% de las inversiones previstas. Sin embargo, en ocasiones esto no es exactamente así, ya que hay proyectos cuya ejecución se demora tanto que constan como tales en ejercicios posteriores.
Otra causa de que estadísticamente la ejecución dé un porcentaje bajo es el mal cálculo del presupuesto de cada proyecto, que no tiene en cuenta las bajas medias con que las empresas suelen acudir a los concursos. Así, se entiende que hay una oferta media por licitación de 1,7 millones de euros, mientras que el precio medio de adjudicación es de 1,1 millones de euros, es decir, hay por término medio una baja de 35,64% (615.400 euros), que es la que echa abajo el nivel de ejecución.
Otras causas son la costumbre de usar partidas genéricas y no vinculadas a cada proyecto, así como la inexistencia previa de proyectos técnicos, lo que supone retrasos en la licitación.
El problema que se genera, en todo caso, trasciende a la mera gestión y a la imagen política: condiciona el umbral del techo de gasto, el cual está vinculado con el nivel de inversión, por lo que a menor inversión, menos disponibilidad de gasto para el ejercicio posterior. Si, como parece, las restricciones fiscales volverán a implantarse a partir de 2022, la administración municipal tendrá que financiarse sin poder echar mano de los remanentes (presupuesto no ejecutado de ejercicios anteriores) y con un techo de gasto limitado.
La mala planificación del Ayuntamiento de Santander hace que algunos proyectos sean reiterativos año tras año. Así lo señala el Interventor, quien aprecia “una mala planificación inicial, ya que hay inversiones que se dotan en un año y no comienzan a ejecutarse hasta el ejercicio siguiente o posteriores, en alguno casos hasta el tercer año desde la primera presupuestación, como 'Nueva sede para talleres municipales, y policía local”' o 'Eficiencia energética'“.