Cantabria destina más de 215 millones para atender las necesidades sociales
El Gobierno de Cantabria destinará a lo largo de 2017 más de 215,5 millones de euros para atender las necesidades sociales más urgentes, con un incremento en las partidas que se incluyen dentro del Plan de Emergencia Social que diseñó el Ejecutivo autonómico tras la llegada al poder del bipartito PRC-PSOE.
Así lo ha confirmado este jueves la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, que ha detallado el presupuesto de su departamento para este año, -pendiente de la aprobación definitiva en el Parlamento en el mes de febrero-, que cuenta en total con más de 404 millones de euros y un incremento del 1,89%.
La también secretaria general de los socialistas cántabros ha explicado que las cuentas están pensadas para cumplir con los grandes objetivos políticos de este ejercicio, entre los que ha señalado “recuperar los niveles de calidad del Estado de Bienestar, garantizando el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y atendiendo de forma prioritaria y eficaz las necesidades de las personas en situación de exclusión social”.
Además, la vicepresidenta ha subrayado que promoverán un sistema público de servicios sociales “moderno, de calidad, que dé respuesta a las nuevas necesidades sociales de los ciudadanos y asentado en el territorio”. En esta línea, ha remarcado también el objetivo de “recuperar las políticas de igualdad desmanteladas por el PP” y la puesta en marcha de “estrategias para luchar contra la violencia de género”.
Con estas líneas prioritarias, destacan las partidas destinadas al desarrollo de la Ley de Dependencia, que suman 131,6 millones, o la de la Renta Social Básica, dotada con 28,4 millones, y que se podrían ampliar si fuese necesario. También se invertirán 2 millones de euros en el Fondo Extraordinario de Suministros Básicos, al que se han adherido ya 59 ayuntamientos y 6 mancomunidades, que aportan un 20% más para complementar las ayudas.
En su conjunto, la vicepresidenta ha destacado el aumento del 18% del presupuesto orientado este 2017 a erradicar la violencia de género en relación al año pasado, pero que repunta casi un 47% respecto al de 2015, el último consignado por el Ejecutivo del PP. El aumento responde, en palabras de la líder de los socialistas cántabros, a que “se trata de una prioridad que no puede esperar”.
Enseñanzas universitarias
Díaz Tezanos ha reivindicado a su vez la mejora en la financiación de las enseñanzas universitarias, la investigación científica y el desarrollo económico de la comunidad autónoma, ya que las cuentas de 2017 incluyen el contrato-programa con la Universidad de Cantabria, con el que “se garantiza la suficiencia financiera” de la institución académica y que contiene un Plan Regional de Becas para los estudiantes que más lo necesiten.
El presupuesto recoge también 366.000 euros para el Centro Asociado de la UNED en Cantabria, 409.000 euros para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), 550.000 euros para políticas de internacionalización y 1,1 millones de euros destinados a dar apoyo a la investigación.
Por su parte, la empresa pública Sodercan contará con 15 millones de euros para “apoyar al tejido productivo, ayudar a las empresas cántabras en su posicionamiento en el mundo y fomentar el I+D+i”, con un recorte de 2,3 millones respecto al presupuesto del año pasado.
Medio Ambiente y Urbanismo
La macroconsejería que tiene bajo su tutela la vicepresidenta incluye las políticas de Medio Ambiente y Urbanismo, unas áreas para las que Díaz Tezanos ha fijado como prioridades “garantizar los servicios básicos de abastecimiento de agua y de saneamiento, proteger la calidad ambiental y gestionar un desarrollo urbanístico respetuoso con los valores ambientales de la región”.
Entre las políticas medioambientales, el Gobierno destaca para el próximo año la partida de 41,1 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y saneamiento y los más de 3,8 millones de euros en actuaciones en el ámbito local.
Además, la empresa pública MARE destinará 24 millones en la depuración de aguas residuales y 34,5 millones en el tratamiento de residuos y puntos limpios. El CIMA, por su parte, gestionará 2,8 millones de euros en acciones de educación, voluntariado, restauración ambiental y prevención de la contaminación.
En materia de Urbanismo, el departamento que dirige Díaz Tezanos atenderá de manera prioritaria las sentencias de derribo y así destinará 1,6 millones de euros al pago de los daños morales reconocidos, aunque esa cantidad se podría incrementar si fuera preciso.
El PROT (428.000 euros) y distintos desarrollos legislativos urbanísticos, la infraestructura vial a través de carriles bici (870.000 euros), el Plan de Movilidad Ciclista (122.000 euros) y el apoyo al desarrollo urbanístico de los ayuntamientos (300.000 euros) concentran la mayor parte del gasto en este ámbito.
