Pareciera que periodistas, tertulianos y políticos españoles desconocen, por regla general, qué significa y qué implica el término desobediencia civil. Debido a la respuesta ciudadana a la sentencia del 1-O —entre otros motivos—, en la última semana hemos visto cómo se contraponía constantemente esta legítima práctica ciudadana con los disturbios, como si ambos fueran incompatibles, algo que implica obviar el papel de los desórdenes en la historia de los derechos conquistados. Además, se ha achacado violencia exclusivamente a acciones de la población civil, nunca a una policía que, una vez más, ha mostrado una falta de control que pone los pelos de punta.
Juan Carlos Velasco, filósofo e investigador del CSIC, explica en un esclarecedor artículo que la desobediencia civil es “una quiebra consciente de la legalidad vigente con la finalidad de suplantar la norma transgredida por otra postulada como más acorde con los intereses generales”. El filósofo insiste en que “no cabe minusvalorar dicha manifestación política sin al mismo tiempo poner en cuestión los fundamentos participativos de la democracia representativa”. Una democracia sana ha de contar con expresiones de desobediencia civil y estas podrán ser caóticas e, incluso, violentas, y desde luego interrumpirán el estado normal de cosas. La definición se ajusta a lo que se ha vivido en Catalunya esta semana, igual que a otras movilizaciones sociales en curso como la revuelta hongkonesa, las acciones de Extinction Rebellion por el clima o la reciente lucha indígena ecuatoriana.
Velasco insiste en que sin desobediencia civil no hay autonomía política de la ciudadanía. Y es que sin esta no avanzarían las leyes ni tendríamos, siquiera, democracia, que se impuso en Europa mediante revoluciones no precisamente pacíficas u ordenadas. Porque ¿de dónde salen las leyes? ¿Cómo progresa la sociedad? Velasco lo explica muy bien, mostrando que el Parlamento es solo “la caja de resonancia más reputada de la esfera pública de la sociedad” mientras que la base social donde en realidad se generan las propuestas que luego se debatirán en las cámaras legislativas es la sociedad civil, fuente del dinamismo del cuerpo social.
Que esto no esté meridianamente claro para una parte de la ciudadanía puede tener que ver con el hecho de que los partidos políticos han querido monopolizar la vida política, negando a la ciudadanía su protagonismo, restando importancia a la política no institucional, hoy con el imprescindible concurso de los medios de comunicación y sus tertulianos. No por casualidad, a pocos de ellos se ha visto en estos días defender seriamente el papel de la desobediencia civil.
A lo largo de la historia no han sido pocos los derechos ganados gracias a actuaciones desordenadas, caóticas y con dosis de violencia diversas. Revoluciones, luchas obreras, luchas por los derechos civiles… Es tan cómodo como hipócrita ensalzar los logros sociales a toro pasado y blanqueados, limpios de incomodidades y caos. Velasco reconoce en su artículo que “una práctica social emancipadora no puede excluir totalmente el uso de una forma calculada de violencia o, por lo menos, una forma susceptible de llegar a ser clasificada como violencia por el poder establecido” y recuerda cómo la filósofa y socióloga Agnes Heller planteaba que, en los sistemas sociales, “la parte dominante no puede ser movida a escuchar una argumentación o a aceptar algún tipo de reciprocidad a menos que se la fuerce a prestar atención”.
La desobediencia civil incluye, así, por ejemplo, los sabotajes como el efectuado esta semana en los medios de transporte catalanes. Del francés, sabotaje, este “daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos” (RAE) toma su nombre de los 'sabot', los zuecos que obreros y/o campesinos —hay varias tesis— usaban para presionar a los patronos estropeando las máquinas, pisoteando los cultivos y entorpeciendo la producción. No es cómodo ni agradable, pero tampoco raro que sea necesario el concurso de un fuerte desorden para lograr presionar al poder, más cuanto más sordo se muestre: que se lo digan a los indígenas ecuatorianos que han doblegado a Lenin Moreno, que un día estaban en las barricadas y al siguiente se les ha visto ayudando a limpiar. El caso ecuatoriano nos muestra diferentes momentos y contextos para dos acciones que son igualmente una muestra de civismo, de compromiso con lo común.
La desobediencia civil debiera formar parte natural de nuestro vocabulario político y debiéramos comprender el fenómeno en su complejidad: negar la realidad, tratar de simplificarla, nunca es beneficioso. Velasco subraya que hay que entenderla como “acción política”, colocando en segundo plano su carácter de “acto antijurídico”, sea o no merecedor de respuesta judicial… Justo lo contrario de lo que se está haciendo con la cuestión independentista catalana, desde los presos políticos a las movilizaciones, que se están valorando desde el punto de vista jurídico antes que político.
Lo que se está viendo estos días en los medios, amén de puro sensacionalismo, que opaca la variedad de acciones que se están llevando a cabo poniendo el foco en lo espectacular, es, una vez más, un ninguneo del papel esencial que juega en una sociedad democrática la ciudadanía activa, ninguneo que muestran también quienes pretenden hacer ver que las personas que han salido a la calle a expresar su indignación son teledirigidas por Quim Torra o el procesismo.
Es de justicia reconocer a la sociedad civil catalana independentista, se compartan sus anhelos o no, una imaginación política y una capacidad organizativa admirables, así como una notable capacidad de unirse pese a la heterogeneidad, lo que obliga a considerar que las motivaciones de las movilizaciones y disturbios de estos días son múltiples y no todas coincidentes con los intereses de Torra/Puigdemont/el procesismo. De hecho, no hay más que leer las declaraciones de Puigdemont desvinculándose de “los incendiarios”. No me parece difícil imaginar que quienes salen a la calle estos días, en especial estas noches, no lo hacen solo por la República Catalana, sino que su indignación, autónoma, tiene que ver con la falta de democracia, la precariedad, el paro, la falta de vivienda, la pobreza creciente, la corrupción... Por desgracia, sobran los motivos.
En todos los rincones de España hay motivos para niveles de indignación similares al de la población catalana que cualquier representante político con dos dedos de frente debería atender. Esperemos que quienquiera que gobierne aprenda a tomar decisiones inteligentes que hasta ahora poco hemos visto, basadas en el respeto a la ciudadanía, entendiendo que en democracia no se puede responder al cabreo popular con negativas cerradas y palos, o mucho me temo que se multiplicará el caos. En cuanto a las ciudadanas, no podemos olvidar que nuestro papel político es seguir desobedeciendo cuando sea necesario, y que el nuestro es un trabajo cívico fundamental.
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