Nos vemos en los tribunales

Vuelvo a asomarme por aquí casi seis meses después, tras un agradable parón disfrutando de mi permiso de paternidad y observando la actualidad en la distancia como un mero espectador. La sensación, sin embargo, es de cierto déjà vu por lo poco que han cambiado las cosas en este tiempo. La recta final de la legislatura solo ha servido para dar un acelerón en algunas de las políticas más controvertidas del Gobierno de Cantabria: nueva promesa de reforma fiscal, liberalización del suelo rústico en manos de promotores privados, macroproyectos urbanísticos de dudosa fiabilidad, apuesta extrema por el turismo como motor económico y una privatización sanitaria cada vez más intensa.

Sobre esto, con gran esfuerzo y profesionalidad, han escrito con todo lujo de detalles mis compañeras de Redacción en elDiario.es durante mi ausencia. Han dado exclusivas relevantes, han aportado información desconocida incluso para la oposición parlamentaria, han ofrecido análisis en profundidad y voces de especialistas para dar contexto a lo que estaba ocurriendo. Este trabajo periodístico ha tenido un alcance espectacular, batiendo récords de audiencia, pero también ha tenido repercusiones negativas para el periódico y me veo en la obligación de contártelo.

La principal consecuencia ha sido que el Gobierno de Cantabria nos ha cerrado la puerta. En los casi 12 años que llevamos desde que pusimos en marcha la edición de elDiario.es en la comunidad autónoma nunca nos habían puesto tantas trabas para trabajar como ahora. Si no has leído aquí una entrevista con la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, o con sus consejeros es porque no las aceptan. Conceder una entrevista es voluntario, pero proporcionar información de su gestión pública no puede eludirse.

A nosotros rara vez nos responden cuando pedimos aclaraciones o intentamos contrastar una noticia. Creemos saber por qué. Nuestras informaciones les resultan incómodas: los 256 millones destinados a privatizar servicios sanitarios en un hospital religioso durante 20 años, la recalificación de 100.000 metros cuadrados para un resort con piscina de olas o el día que el Gobierno presentó un estudio favorable al centro de datos de Altamira que no existe. Por eso son reacios a facilitarnos información, y eso nos obliga a recurrir continuamente a peticiones de transparencia que, en la mayoría de los casos, se quedan sin respuesta.

Detrás de estas informaciones hay una redacción pequeña, con profesionales que vivimos en Cantabria y contamos lo que pasa aquí sin depender de bancos, fondos de inversión, ni intereses partidistas

Esta situación de boicot informativo se ha trasladado este año a la exclusión de elDiario.es de las campañas de publicidad institucional y los patrocinios del Gobierno de Cantabria. Dinero público que se invierte en los medios de comunicación pero que se distribuye con criterios arbitrarios en vez de a través de baremos objetivos y cuantificables como exige la ley. El Ayuntamiento de Santander lleva años haciendo lo mismo, y hemos tenido que ir a los tribunales. El juzgado ya ha admitido a trámite nuestra demanda y esperamos tener buenas noticias muy pronto. Ahora tocará hacer lo mismo con Buruaga y sus consejeros.

Vigilar a los poderosos, dar voz a la ciudadanía o contar qué hay detrás de muchas iniciativas públicas tiene un elevado coste para el periodismo independiente. Detrás de estas informaciones hay una redacción pequeña, con profesionales que vivimos en Cantabria y contamos lo que pasa aquí sin depender de bancos, fondos de inversión, ni intereses partidistas. Si no lo contamos nosotros, muchas de estas historias no las contaría nadie. Y necesitamos tu colaboración para llegar más lejos. Por eso, si no lo eres ya, te pido que te hagas socio o socia o aumentes tu cuota.