El Gobierno de Buruaga promete una nueva reforma fiscal en Cantabria sin tener apoyos para aprobarla

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha entrado de lleno en la precampaña electoral con una nueva promesa de rebaja de impuestos, que cifra en unos 27 millones de euros al año, sin contar aún con los apoyos suficientes en el Parlamento autonómico para sacar adelante estas pretendidas deducciones fiscales, al tiempo que ha reconocido que descarta iniciar las conversaciones con el resto de partidos de la oposición hasta después de las elecciones generales del 29N. “Sería una negociación abocada al fracaso con el actual clima de enfrentamiento”, ha justificado durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los planes de su Ejecutivo.

Así, en una rueda de prensa celebrada este martes en la sede del Gobierno de Cantabria junto al consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), Buruaga ha hablado de la “cuadratura del círculo” y del “círculo virtuoso” para la economía que, a su juicio, provocó la anterior rebaja de impuestos que aprobaron al inicio de la legislatura con el apoyo del PRC.

En este sentido, la presidenta autonómica ha señalado que, tras aplicar su política fiscal, Cantabria cuenta con 23.422 declarantes más del IRPF que antes de la reforma de 2024, que ha definido como “la mayor en la historia de la comunidad autónoma”, y con mayores rentas y, por tanto, mayor base imponible: 878 millones de euros más declarados que antes de la reforma y más cuota líquida, que alcanzó los 104 millones de euros más. 

Los cambios fiscales anunciados en rueda de prensa se recogerán en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que el Gobierno de Buruaga aprobará, junto al proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2027, el próximo viernes, registrando posteriormente estas iniciativas en el Parlamento autonómico para comenzar con su tramitación, que necesariamente tendrán que contar con el visto bueno de Vox o PRC.

Medidas fiscales

Entre las medidas concretas anunciadas por la presidenta, la que mayor impacto tendrá sobre las cuentas sería la decisión del Gobierno de actuar sobre el IRPF, “para que la inflación no se coma el salario de los cántabros”, deflactando o actualizando un 5% la tarifa autonómica, los mínimos personales y familiares y las deducciones autonómicas.

Según los datos aportados por Buruaga, esta medida afectaría a los más de 246.000 contribuyentes cántabros y puede suponer un “ahorro” estimado de 25,2 millones de euros, y se sumaría a la reforma del IRPF que el Gobierno del PP aplicó en 2024 con unas cifras similares.

Así, por ejemplo, en la tarifa autonómica implica que el primer tramo que tributa a un 8,5% y se aplica a las rentas hasta 13.000 euros pasará a aplicarse a rentas de hasta 13.650 euros. En el caso de los mínimos personales y familiares, se elevan un 5% las cantidades exentas, y deflactar las deducciones supone que se amplían las cantidades que no tributan en las 84.000 deducciones que se aplican a los cántabros en cada ejercicio, elevando además el límite de renta en un 5%, con lo que 9.000 contribuyentes más podrán beneficiarse de deducciones como las de gastos por enfermedad, para el fomento de ejercicio y la práctica deportiva, o la que se aplica por abrir una cuenta vivienda. 

También se pretende elevar de 36 a 40 años la edad límite para aplicar las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual, por adquisición de vivienda y por las aportaciones a la cuenta vivienda y, además, se refuerzan las deducciones “para que quien esté ahorrando para comprar su vivienda y quien la adquiera, tenga un beneficio fiscal, con un aumento de la cantidad deducible hasta los 1.500 euros durante un periodo de 10 años”. 

Respecto a las empresas, el Gobierno ha previsto actuar sobre el IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En el primero de ellos, se duplica el porcentaje de deducción, que pasa del 15 al 30% por inversión en nuevas empresas con un límite de 6.000 euros, y se elevará hasta el 45% y los 9.000 euros cuando se trate de pequeñas y medianas empresas innovadoras o empresas participadas por universidades y organismos de investigación. 

Además, el Gobierno reforzará las deducciones hasta un 40% de los gastos por traslado y permanencia de nuevos residentes en Cantabria con un máximo de 5.000 euros, cuando sea menor de 36 años, retornado o pertenezca a perfiles vinculados a sectores prioritarios, como innovación, empresas de base tecnológica o proyectos empresariales estratégicos.

Los cambios fiscales que promete el Gobierno en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales suponen la creación de un tipo reducido del 7% que se aplicará a la compra de inmuebles destinados a usos productivos en polígonos industriales, parques empresariales o centros tecnológicos siempre que el empresario mantenga la actividad y el domicilio fiscal en Cantabria durante cinco años y que incremente su plantilla y la mantenga durante al menos tres años.

También se aplicará el tipo reducido del 7% a la compra de inmuebles para el inicio de una nueva actividad económica en Cantabria si se mantiene durante 5 años y se contrata al menos a un trabajador a jornada completa, y a los adquiridos por beneficiarios de ayudas al autoempleo, una medida que se extenderá también a los inmuebles incluidos en la transmisión de empresas individuales o negocios profesionales, además de un tipo reducido del 4% cuando el inmueble se encuentre en alguno de los municipios afectados por riesgo de despoblamiento, que se extiende a su vez a las transmisiones de fincas rústicas afectas a explotaciones forestales activas.

Finalmente, la reforma fiscal diseñada por el Ejecutivo de Buruaga incluye otras tres deducciones, con una nueva para gastos en residencias 24 horas y centros de día a personas mayores de 65 años que no perciban prestaciones para la misma finalidad del sistema de atención a la dependencia; otra deducción por los gastos ejecutados para la prevención de incendios por parte de los propietarios de terrenos forestales, y una más para las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1950 y 1985.