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Ejemplar de Lobo Ibérico.

Javier Fernández Rubio

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La Delegación del Gobierno ha informado que la prohibición de la caza del lobo en toda España afecta a la caza deportiva, pero no a los planes de gestión que “siguen plenamente vigentes”. Cantabria dispone de un plan de gestión para la campaña del bienio 2020-2021 en el que se ha programado la muerte de 34 cánidos, una quinta parte de esta población en la comunidad.

Según la Delegación del Gobierno, la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) “anula únicamente aquellos contenidos de los mismos (planes de gestión) que contradigan la normativa aprobada”. Este es el caso de la caza deportiva del lobo, antes permitida en las poblaciones al norte del Duero, por ser incompatible con el actual régimen de protección especial recientemente aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica.

Por si cabía alguna duda, la Delegación explica que  “las administraciones competentes (y Cantabria sigue siendo competente en la materia) podrán seguir eliminando determinados ejemplares conflictivos, si no existe otra alternativa satisfactoria”.

La competencia de las autonomías en la gestión y conservación del lobo afecta a los pagos indemnizatorios que haya que realizar por daños. Al extenderse la protección del lobo a todo el territorio nacional también se amplía la obligación de indemnizar los daños por parte de la administración (antes no era obligatorio en el ámbito en el que el lobo no estaba en régimen de protección especial). Cantabria, en todo caso, hace años que indemniza los daños que causa el lobo en la cabaña ganadera.

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