“Estoy trabajando para eliminar la condena de mi tío: era teniente, miliciano y fue fusilado”

Derio, 1938. La madrugada del 28 de mayo en que iban a fusilar a Anastasio Cañedo Mancebo soplaba una leve brisa en el cementerio de Vistalegre. Era albañil y sindicalista de UGT, y la pubertad había acabado abruptamente entre bombardeos. Su padre, Manuel Cañedo, había muerto por la gripe española de 1918 y su madre, Soledad Mancebo, enjuta, nervuda, recia, había criado a siete hijos en solitario en una casa minúscula rodeada de un poco de terreno.

Así lo relata María Toca Cañedo, sobrina-nieta de Tasio, quien nació en San Román de la Llanilla (Santander) y fue fusilado el mismo día en que a un centenar de kilómetros de distancia se enfrentaba al paredón del cementerio de Ciriego Matilde Zapata, periodista que había ocupado la dirección de La Región tras el asesinato de su marido, Luciano Malumbres por pistoleros de la ultraderecha a la salida de un bar en junio de 1936, en Santander.

“Yo tengo un tío-abuelo fusilado, y sus hermanos represaliados. Estoy trabajando para eliminar la condena de mi tío. Era teniente, miliciano y fue fusilado en Vistagre”, explica María Toca, quien ahora encabeza una campaña, entre lo personal y lo colectivo, ya que dirige la publicación digital 'La pajarera magazine', para que desaparezcan las condenas de los represaliados por el franquismo.

Tasio perteneció a lo que se conocía como la Quinta del Biberón. Con 17 años se alistó voluntario en el 136 Batallón de Infantería Santander, en donde alcanzó el grado de teniente de milicianos. Pero la guerra tenía los días contados y en 1937 fue preso, sin haber entrado en combate, en la sierra de El Escudo. De ahí pasó a Santoña, donde fue condenado a muerte; luego a Derio, en Vizcaya, en donde fue fusilado junto a otros trece.

Aunque haya pasado casi un siglo, el dolor se trasmite generación tras generación, y con él la indignación y el ansia de justicia. “Tan grande fue el dolor que siempre se acarreó como fardo pesado, porque a la añoranza le seguía la sensación de lo que se pudo hacer o de lo que no se hizo. El fantasma de aquella muerte se prendió de las vidas que quedaron con la fuerza de las heridas vivas, de las perdidas evitables y de los sueños rotos”, afirma Toca, quien añade: “Nosotras, la tercera generación de familiares de los derrotados, nos sentimos víctimas vicarias del fascismo residual. De ese rancio franquismo nacionalcatólico que torturó, asesinó y humilló a nuestros abuelos; los reprimió sumiendo en cárcel de silencio a nuestros padres dejándonos secuelas de las heridas anteriores a nosotros, la tercera y orgullosa generación de nuestros mártires”.

Ella encabeza un grupo que ha denunciado ante la Fiscalía de Memoria de Cantabria que actúe de oficio para hacer valer los acuerdos del pleno del Ayuntamiento de Santander para que se retiren del callejero los nombres asociados a la dictadura y la represión franquista. Pero también está llevando a cabo una campaña, ésta más personal, para pedir la anulación de las condenas de aquellos condenados en juicios sumarísimos tanto durante la guerra civil como en la posguerra.

¿Qué piden? La revisión y anulación de las condenas, como la de Tasio Cañedo. ¿Cómo? Cumplimentando una declaración que puede presentarse en cualquier Fiscalía si no hay una de Memoria en las proximidades, como queda recogido en lo dispuesto para Reconocimiento y Reparación Personal, según lo recogido en la Ley de Memoria Democrática. “También pretendemos invalidar las condenas de personajes célebres, como la propia Matilde Zapata o el premio Cervantes José Hierro [quien pasó cinco años de prisión en prisión tras una condena de 12 años y un día de cárcel], y tantos que fueron condenados por tribunales sumarísimos sin garantías ni defensa, realizando condenas criminales sin pruebas ni sentido. Para ello, actuaremos en grupo”, asegura la activista.

“Es importante que realicen este pequeño trámite, por ellos, los juzgados y por el futuro de nuestra sociedad que camina hacia el despeñadero en caso de olvidar el pasado. Porque sin pasado no somos nada. Nuestra identidad es nuestra historia, nuestra gente nos hizo sembrando el presente”, justifica.

Acuerdos sin cumplir

El Ayuntamiento de Santander aprobó en 2015 y 2016 sendos acuerdos que afectaban al callejero de Santander. En uno se tomaba la decisión de erradicar la nomenclatura asociada al franquismo y en el segundo se desarrollaba con un listado de calles y nombres a sustituir. Dichos acuerdos no se han cumplido en su mayor parte en una ciudad que se toma con calma el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de Memoria Democrática. De 18 calles, solo han cambiado de nombre tres.

Los memorialistas quieren que el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática tome cartas en el asunto y sea quien solicite la ejecución inmediata por el Ayuntamiento de Santander de los acuerdos de los plenos de fecha 27 de agosto de 2015 y 31 de mayo de 2016.

En 2015, la Corporación aprobó una moción de Izquierda Unida para “la determinación de las menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura contenidas en el callejero santanderino, procediendo al cambio de denominación de las calles o topónimos afectados”. Asimismo, quedó aprobada “la determinación de los escudos, insignias, placas o el resto de menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que deban ser retirados, elaborando un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura”.

El acuerdo fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los 13 concejales del PP, los cinco del PSOE, los cuatro del PRC, dos concejales de Ganemos Santander Sí Puede y el único edil de IU. Los dos concejales de entonces de Ciudadanos no lo apoyaron. En mayo de 2016, la Corporación aprobó un desarrollo de aquel acuerdo, también con los votos del PP, partido que actualmente gobierna la ciudad, con Gema Igual al frente como alcaldesa.

El acuerdo ratificaba las conclusiones de una comisión sobre cambios del nomenclátor de la ciudad. El Consejo Municipal de Cultura había acordado someterlo a su Comisión de Estudio para as untosde historia y patrimonio. Dicha Comisión elevó por unanimidad una propuesta de cambios que el Consejo de la Cultura elevó, a su vez, al pleno, que la aprobó. El acuerdo fue unánime, pero no su falta de ejecución que lleva años dividiendo a la Corporación entre los que quiere que se aplique lo pactado y un PP remiso a cumplirlo.

No son buenos tiempos para los defensores de la Memoria Histórica en Cantabria. El Parlamento de Cantabria acaba de derogar la legislación autonómica al efecto, con los votos de PP y Vox, lo que ha llevado a la autodisolución de una plataforma ciudadana que se creó para impedirlo. Tampoco los intentos ciudadanos por recurrir a la Justicia han tenido eco hasta ahora. La Fiscalía recientemente ha archivado una petición popular de retirada de nombres franquistas de las calles de la capital cántabra.