“El suelo no es de derechas ni de izquierdas: la ley no puede ser un chicle del que tira cada político por su lado”

Moisés Castro es decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria (Coacan) desde 2018 y vicepresidente segundo del Consejo Superior de Colegios de Arquitectura, un profesional con la especialidad de Urbanismo y Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Trabajó como arquitecto al servicio de varios ayuntamientos y mancomunidades y en 2001 obtuvo plaza como funcionario del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Además, fue arquitecto de Visado del Colegio que ahora preside en el periodo 2007-2011 y es representante del Consejo en la Unión de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas, empeñado como está en los procesos de Agilización de Licencias y Administración Electrónica.

Él mismo se presenta como un santanderino que conoce los dos lados del mostrador en lo que al urbanismo se refiere, como empleado de ayuntamientos y como arquitecto con actividad profesional privada. Eso le pone fácil el ejercicio de empatía, un ejercicio necesario si se ostenta la representación de los arquitectos de Cantabria y poder tener en la cabeza cómo es una administración por dentro y lo que sus colegiados necesitan.

En 2008, con la gran crisis económica derivada del boom inmobiliario, se derrumbó todo y una profesión que parecía inamovible como la de los arquitectos fue sacudida por el paro. ¿Cómo ha evolucionado y en qué estado se encuentra la profesión?

Fue como cuando un accidente te sobreviene en medio de una mudanza. Teníamos un modelo profesional bastante anticuado, muy protegido, venía de una España distinta. Era entonces una profesión con mecanismos colegiales formales que se estaba ya poniendo en cuestión porque cada crisis era un golpe que resquebrajaba más la estructura. En la sociedad, ya estaba cambiando la figura del arquitecto. Fue el canto del cisne. De la época de esplendor de los edificios con firma se pasó a la debacle. Todo lo que se había construido no se vendía y no hacía falta hacer más.

Había una burbuja.

Igual que había una burbuja inmobiliaria también había una burbuja de proyectos y, con el estallido, los profesionales y los colegios quedaron en una situación dificilísima. En los diez años posteriores, hasta 2018, hubo una recuperación, pero nunca se volvió a lo anterior. Se fue hacia un servicio necesario, abriéndose a otros muchos campos como el de la rehabilitación. Se pasó así de un país de obra nueva a un país que se dio cuenta de que había viviendas construidas en los años 70 y 80, con unos requisitos que no son los de ahora ni desde el punto de vista energético, ni de estándares de confort... Edificios que necesitaban obras importantes más allá del mantenimiento... que nunca se ha dado.

Luego han tenido que cambiar la rueda de la bicicleta sin bajarse de ella. ¿Ha habido una depuración de profesionales?

Desde que pinchó la burbuja el número de viviendas por arquitecto es bajísimo.

¿Hay mucho paro?

Hay mucho pluriempleo y hay mucho subempleo. Hay arquitectos trabajando para empresas y otras cuestiones.

¿Cómo sobrellevaron la pandemia?

Fue muy dura porque se paró todo y provocó una crisis sobrevenida, pero al año siguiente se recuperó y fue muy bueno.

¿Cuáles son los principales problemas que aborda un Colegio de Arquitectos hoy en día?

El mayor, y en el que más gente se queja, es el del trámite de las licencias, que incide mucho en el trabajo, en el 'tiempo' profesional. El trabajo de un arquitecto es como el de una empresa de servicios: acompaña al cliente. Más allá del tiempo de obra, hay un tiempo muerto entre el proyecto y el momento que se paga la licencia para iniciar la obra, un margen que no es previsible. Lo peor no es que tarde, sino que no sepas si va a tardar tres o seis meses.

La incertidumbre, vamos.

Sí. La incertidumbre, además, es un grandísimo factor a la hora de movilizar las inversiones y los planes vitales que emprende una obra, porque detrás hay una familia que cambia de domicilio, que tiene un hijo... Esos retrasos deshacen cualquier planificación.

¿Por qué se producen esos retrasos?

La administración local es muy diversa. Hay un problema de coordinación de diferentes departamentos de distintas administraciones y está también la 'sobrenormalización'. El problema se ha acentuado los últimos diez o doce años. En España cada vez que hay un problema se hace una ley nueva. Hay mucha normativa con la que intentamos parecernos a Europa. Eduardo García de Enterría [jurista especializado en Derecho Público y Administrativo, ya fallecido] decía que España soporta el exceso normativo en base a que todos damos por sentado que las leyes se cumplen 'más o menos'. En Alemania hay menos normas que en España. Nosotros tenemos entre 10 y 12.000 normas. La construcción pone a muchos sectores en concurso y desde el ascensor hasta el ventilador del baño necesitan una justificación. En la construcción, que sigue siendo un sector tradicional, se mete normativa hasta tal punto que a veces acaba siendo contraproducente.

¿Dedican más tiempo a la cuestión jurídica que a trabajar en sí?

Cada proyecto tiene un 80% de tiempo que es pura justificación. Desde el revoco hasta el hierro de la barandilla está definido y con la referencia legal correspondiente. Hace falta sentido común para que la documentación sea la que aporte valor. Muchos ayuntamientos optan por el sistema de declaraciones responsables que es un cheque en blanco muy peligroso, ya que echa sobre las espaldas del ciudadano la responsabilidad de estar cumpliendo la normativa.

¿Qué más problemas tienen?

Ha habido una devaluación de salarios de la profesión, fruto de la crisis, de la abundancia de arquitectos y también porque no se entiende bien el valor que aporta el arquitecto, que tiene que ver con una visión integral de las cosas, un planteamiento previo que te evita muchos errores...

¿Se puede hablar de competencia desleal?

Tenemos competencia con otras profesiones, un conflicto de competencias sobre todo con los aparejadores y con ingenieros en ciertos aspectos, porque la reserva de actividad para arquitectos ha estado claramente enfocada a los edificios para el uso de personas, pero para el uso deportivo, industrial y otros usos se han incorporado otras profesiones con las cuales siempre ha habido competencia.

¿Eso no suena elitista?

Hay una imagen antigua del arquitecto, como en tantas profesiones.

Pero me reconocerá que pervive un cliché: el arquitecto que es hijo de arquitectos, que viene de buena familia, que pertenece a una casta social alta...

Ese modelo se mantuvo durante un tiempo. Esta es una profesión que en cierta medida ha muerto de éxito: una carrera exigente, una profesión prestigiosa... con vistas de ascenso social. Pero eso ha cambiado, como tantas otras cosas.

¿Cómo está la situación en Cantabria a la hora de la demanda de proyectos?

Muy semejante al resto de España. Somos una comunidad pequeña, el número de arquitectos por habitante es el normal y, en cuanto a la obra pública, estos meses sí que se ha notado una parada en todo. Íbamos muy bien hasta agosto y luego muy flojos hasta final de año.

¿Dependen mucho de la actividad política?

Dependemos mucho de la expectativa de la gente. El trabajo del arquitecto está vinculado al proyecto y ese es un indicador, es un barómetro.

¿Y qué dice el barómetro ahora?

Está flojo. En momentos de incertidumbre, en lo que no se sabe qué va a pasar, se guarda el dinero. Si el barómetro anuncia tiempo incierto me quedo en puerto.

Una cuestión psicológica en el fondo, de expectativas, ¿no?

Toda inversión de una familia o una empresa se para si no se está seguro.

Hablando de viviendas, tengo que preguntarle por la nueva Ley del Suelo de Cantabria, que pretende abrir la mano de la construcción en el medio rural. ¿Cuál es la posición del Colegio?

El Colegio tiene una función pública y es un organismo colaborador de la administración. Hoy en día, tenemos que hablar de la Ley del Suelo desde un punto de vista técnico. Sobre todo: ¡No me cambien las reglas del juego cada vez que cambie el Gobierno, por favor! Yo no puedo estar pendiente de quién gobierna para saber si puedo edificar o no. El suelo rústico, el suelo urbano y el suelo urbanizable son definiciones legales de los derechos de propiedad regulados por una ley estatal que luego las autonomías modulan. Pero no puede ser que la Ley del Suelo sea un chicle del que tira para cada lado cada opción política. El suelo no es de derechas ni de izquierdas. El suelo está ahí, va a estar con todos los gobiernos y lo que no puede ser es aplicarle esos vaivenes porque el territorio acaba hecho a pedazos. El terreno tiene un tiempo propio, un tiempo geológico, y un período de cuatro años a un terreno le da lo mismo. Es triste y es erosivo para la prosperidad de la región que el recurso del suelo, que es a largo plazo, se atienda con cortoplacismos.

Es triste y es erosivo para la prosperidad de la región que el recurso del suelo, que es a largo plazo, se atienda con cortoplacismos

¿Falta consenso político?

Tiene que haberlo. Cuando la materia pervive mucho más allá de lo cotidiano hay que tener una visión a largo plazo. Si se mira de cerca, se mira con direcciones enfrentadas.

¿Falta un modelo territorial compartido?

Es algo llamado a durar 20 o 30 años. Hay cosas indiscutibles y son necesarios acuerdos de mínimos. En el caso de Cantabria, todo el mundo se puede poner de acuerdo en la importancia del desarrollo aeroportuario, que el turismo sea una de nuestras industrias fundamentales, que necesitamos suelos industriales en corredores viarios, que necesitamos accesos a la Meseta...

¿El consenso no es algo que en el fondo no interesa a ningún actor político?

Si alguien no tiene interés en que haya consensos y haya polémica es porque vive de la polémica. La polémica interesa a otras regiones porque nos hace menos competitivos. El País Vasco tiene su territorio ordenado desde hace 25 años y ahora tiene una segunda versión. Lo tienen claro. El hecho de que se hagan desarrollos en base a autorizaciones en suelo rústico que no está planteado para eso o que se recurra de forma sistemática a los Planes Regionales de Interés Singular (PSIR)... Si hay un interés regional, hay que tener una idea clara de región.

¿Eso no lo ve?

El hecho de que no tengamos, ya no una foto de detalles, sino una idea de región, un esquema compartido, hace que no seamos una unidad de destino en lo nacional (ríe), ni siquiera en la pequeña liga en la que jugamos. Las inversiones que llegan son frutos muy personales, como una especie de lotería que nos ha tocado, que una familia se empeñe en poner algo aquí, pero no por nuestros méritos.

Santander tiene esa parte vistosa, en la que más claro se ve una idea de ciudad porque es la ciudad-escaparate. ¿El resto de la ciudad? El problema de calidad de vida es el de una ciudad que sigue basada en el coche, sin espacio, con mala orientación

¿Cómo ve el desarrollo de la fachada marítima de Santander?

Santander tiene esa parte vistosa, en la que más claro se ve una idea de ciudad porque es la ciudad-escaparate. En cierto modo se está logrando con esos museos, como el de Prehistoria, el Reina Sofía, el Botín, el Museo de Bellas Artes... Eso genera una ciudad de calidad, reconocible, visitable. Ahí hay un proyecto de ciudad, más o menos asumido por todos. ¿El resto de la ciudad? El problema de calidad de vida es el de una ciudad que sigue basada en el coche, sin espacio, con mala orientación.

¿No se requiere una decisión valiente?

Pero no es una decisión que pueda tomar uno solo porque los coches son de los vecinos. Han de tomarla los vecinos, asumiendo que para mejorar la calidad de vida lo primero que tienen que hacer es quitar esa ocupación de los vehículos. Hay barrios en que la situación es dramática, con aceras estrechas, coches que no se movilizan. El cambio generacional puede propiciar un cambio, pero la aspiración de la gente joven de esos barrios es irse a la periferia por lo que los barrios se quedan vacíos de la gente que tenía arraigo allí, se deprecian y la urbanización no se mejora.