El Gobierno de Cantabria seguirá emitiendo resoluciones para cazar lobos pese a la suspensión dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) el pasado martes. “No nos van a asustar las amenazas con los tribunales, porque para la gente de bien los tribunales no son una amenaza, sino una garantía”.
Así se ha pronunciado este jueves el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), en una rueda de prensa, como suele ser habitual en sus comparecencias, acompañando de un elenco de representantes del sector primario de la comunidad, en este caso casi una veintena de ellos.
Blanco ha cargado contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con quien lleva meses enfrentado por la inclusión del lobo como especie protegida, y contra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. “O la Audiencia Nacional nos da la razón o habrá que cambiar este Gobierno lo antes posible”, ha remarcado el consejero regionalista.
Y es que, según ha dicho, el Ejecutivo cántabro -que está dispuesto a recurrir a todas las instancias- “respeta” las decisiones judiciales “aunque discrepemos”. Así, los servicios jurídicos estudiarán el auto que acepta la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y suspende las extracciones para continuar realizando controles “en todo lo que no afecte al marco legal impuesto por el Estado”.
“Nos sobran lobos y nos faltan ganaderos”, ha exclamado visiblemente airado, tras criticar la “ruptura de la paz social en la gestión del lobo en Cantabria” provocada por su inclusión en el listado de especies protegidas (LESPRE). “Lo peor que le puede pasar al lobo es que se nos prive de las herramientas para el control con el que habíamos conseguido un equilibrio”, ha insistido, tras señalar que “la extracción de los diez ejemplares sobre una estimación de 170 no afecta a la conservación de la especie”. “Nos sobran lobos, y cada vez nos sobran menos ganaderos y ganado”, se ha quejado tras citar que desde que se incluyó el cánido en el LESPRE ha habido más de un millar de reses muertas.
Y cuestionado sobre si esta situación puede provocar tensiones entre los socios de gobierno PRC-PSOE, Blanco ha subrayado que con los socialistas, pese a que son los impulsores en Madrid de la normativa que protege al lobo, en Cantabria “nunca ha habido discrepancia”. “Tampoco en el Parlamento, por mucho que ahora estemos en la berrea -a las puertas del periodo preelectoral-, salvo un diputado del PSOE (Javier García Oliva)”, ha remarcado el consejero.
Finalmente, cuestionado por la querella interpuesta por el colectivo conservacionista Ascel contra él y contra su director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, el consejero regionalista ha asegurado estar “tranquilo” porque si algún día tiene que dejar el cargo “a raíz de una sentencia”, habrá actuado “siempre en base a informes jurídicos”.
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