El Gobierno de Cantabria pidió la devolución de cuatro menores extranjeros mientras afeaba el comportamiento de la alcaldesa de Cartes

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) solicitó la devolución de cuatro menores extranjeros no acompañados el mismo día que exigió a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), paralizar la orden de cierre del centro de acogida que el Ejecutivo autonómico ha instalado en el municipio. Ambas decisiones, aparentemente contradictorias entre sí, se tomaron en la misma reunión del Consejo de Gobierno el pasado 5 de febrero y en plena polémica por la instalación de este hogar de emergencia para niños y niñas.

Por un lado, según informó el propio Gobierno, se ratificó la decisión adoptada de urgencia el día anterior para recurrir la resolución de la alcaldesa de Cartes, en la que ordenaba la inmediata paralización de la actividad del centro de acogida y amenazaba con precintar el edificio y cortar el agua y la luz. Por otro, en la misma sesión, se aprobó recurrir la llegada a Cantabria desde Canarias de cuatro menores de edad a quienes se identifica con las siglas de sus nombres y apellidos.

La diferencia es que, en este último caso, no se informó del asunto a los medios de comunicación. La nota de prensa que difundió el Gobierno de Cantabria sobre la reunión -que se puede consultar en la web oficial- no hace mención en ningún momento a este acuerdo.

Tal y como ha adelantado en exclusiva elDiario.es, no es la primera vez que el Ejecutivo omite decisiones de calado cuando comunica los acuerdos del Consejo de Gobierno, como la autorización del gasto de 216 millones, que finalmente fueron 40 millones más, del convenio singular con el hospital Santa Clotilde para la privatización de diferentes servicios sanitarios, o la transferencia de 45 millones de euros al fondo de imprevistos, que maneja con absoluta autonomía el consejero de Economía, sin explicar de qué partidas proceden ni cuál será su destino final.

Los recursos contra la llegada de menores migrantes dejan en evidencia al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y en especial a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), encargada de defender públicamente su traslado a Cartes y de afear la reacción de la alcaldesa socialista, Lorena Cueto, que calificó de “castigo” la apertura de un centro de acogida en su pueblo con el silencio cómplice del PSOE, que no pidió perdón hasta que se lo exigieron desde Madrid una semana más tarde.

“Me preocupa que estén protegidos”

Dos días antes de pedir su devolución al Gobierno de España, la consejera Begoña Gómez del Río dijo públicamente en rueda de prensa: “Me preocupa que estén protegidos, que estén atendidos y que nadie estigmatice a los menores. Eso es lo que me preocupa”.

Incluso calificó como “un hecho gravísimo” la amenaza de la resolución municipal de precintar el edificio y cortar los suministros de agua y energía: “Cuestión que está prohibida por la ley cuando estamos hablando de personas vulnerables”, apostilló. Obviamente, ahora cobra otro sentido al conocerse que en paralelo se recurría su llegada.

Gómez del Río también denunció que esta decisión implicaría “dejar en la calle y sin alternativa a los dos primeros menores no acompañados que ya han llegado. Y se prevé que otros cuatro lleguen hoy, miércoles”, añadió. Podría referirse a los mismos cuatro menores que trataron de devolver solo unas horas más tardes, aunque obvió esta decisión del Gobierno en sus múltiples comparecencias públicas durante la pasada semana en relación al centro de acogida de Cartes. También en las últimas horas ha mantenido el mismo discurso, asegurando incluso que su departamento “busca la protección de los menores” y “recuperar la normalidad”.

Otros ocho recursos en diciembre

No es la primera vez que sucede. Cada vez que llega un menor procedente de Ceuta, Melilla o Canarias, el Gobierno del PP en Cantabria recurre los “traslados forzosos” -en vocabulario de la consejera de Inclusión Social- y la reubicación de estos niños por parte del Estado.

Aunque, a raíz del polémico rechazo a la instalación de un centro de acogida en Cartes, el Gobierno del PP se había cambiado los papeles con el PSOE y ha defendido su atención públicamente. Mientras, según se ha desvelado ahora, tramitaba su devolución de forma simultánea y sin comunicarlo a la opinión pública.

Sin ir más lejos, mientras el Gobierno de Cantabria compraba en diciembre de 2025 el edificio en Cartes que iba a servir para la acogida -atendidos por la Fundación Cuin- recurrió la llegada de otros ocho menores desde Canarias, según se aprobó en el Consejo de Gobierno del día 18 de ese mes. Tampoco se informó de este particular.

En cuanto a la ausencia de referencias en el comunicado oficial del Consejo de Gobierno más reciente, del 5 de febrero de 2026, se consideró más relevante informar de la modificación del contrato de la obra de sustitución de tuberías para la mejora de la eficiencia del Plan Hidráulico de Liébana que de los cuatro recursos contra la llegada de menores.

De hecho, frente a este silencio la nota de prensa sí que es prolija en detalles sobre la sustitución de una tubería colgada mediante trabajos verticales “con apoyo de medios de elevación de cargas suficientemente estrechos para permitir el paso alternativo de vehículos ya que hasta ahora el emplazamiento de la maquinaria implicaba la utilización de ambos carriles y, por tanto, el corte total de la carretera”.