La privatización de Valdecilla entra en la batalla electoral del 26J sobre la bocina

Ha sido uno de los temas más recurrentes de la pasada legislatura y forma parte del enfrentamiento diario entre el actual Gobierno PRC-PSOE y sus antecesores en el cargo, así que parecía casi milagroso que la refriega política en torno a la privatización de los servicios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) y el macrocontrato que lo sostiene en favor de Ferrovial no formara parte de los temas de debate de cara a las elecciones generales del 26J.

En el último minuto, casi en los estertores de una campaña electoral que ha pasado sin pena ni gloria por Cantabria, la Consejería de Sanidad, dirigida por la socialista María Luisa Real, “descubrió” una resolución aclaratoria del contrato público-privado de Valdecilla firmada por el que fuera gerente del centro sanitario con el anterior Ejecutivo del PP, César Pascual, que impide sancionar a la adjudicataria hasta el año 2017 aunque incumpla las condiciones.

Por este motivo, entendiendo además que la firma de Pascual se produjo con un Gobierno en funciones y a punto de ser cesado, la Consejería de Sanidad se plantea anular esta resolución, relativa al periodo de aplicación del mecanismo de deducciones a la adjudicataria ante la aparición de incidencias o deficiencias en la prestación de los servicios gestionados en el 'nuevo' hospital.

El departamento que dirige María Luisa Real ha ordenado la apertura de un expediente de revisión de la resolución aclaratoria de este cláusula de cara a una “posible anulación” de la misma al entender que impide sancionar a la adjudicataria del contrato de Valdecilla -un contrato por 20 años y cifrado en 900 millones de euros- hasta seis meses después de la entrada en funcionamiento de los servicios adjudicados a Ferrovial, según ha anunciado en un comunicado el Gobierno.

A juicio de la consejera de Sanidad, el objetivo de esta resolución fue “la limitación de los mecanismos de control del contrato público-privado de Valdecilla”, “perjudicando a Cantabria, a la Administración regional y a los ciudadanos”.

Como prueba de ello, alude a un fragmento de dicha resolución en el que se señala que “el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios será de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura, Fase III del HUMV”.

La consejera se ha referido al fundamento de esta resolución, que, según ha dicho, se basa en un informe jurídico emitido por la consultora Hill-Antares, adjudicataria en febrero de 2015 del servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad del contrato de Valdecilla por valor de casi 650.000 euros y con vigencia de 24 meses.

Real ha señalado que el contrato con la consultora fue rescindido por el actual Gobierno de Cantabria en diciembre de 2015, asumiendo dichas funciones de seguimiento y control una comisión técnica integrada por profesionales del Servicio Cántabro de Salud y del Hospital Valdecilla.

Al margen del contenido, Real ha criticado también la “oportunidad” de esta resolución, fechada el 17 de junio de 2015, fecha posterior a las elecciones autonómicas y municipales y cuando el Gobierno del PP estaba ya en funciones, lo que, en su opinión, supone “una deslealtad institucional para el nuevo Ejecutivo” y “para todos los ciudadanos de Cantabria”.

“Estrategia de desesperación”

Como era de esperar, la respuesta de la secretaria autonómica del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, no ha tardado en responder y, en rueda de prensa, ha negado que esa cláusula firmada durante el Gobierno del PP impida sancionar hasta 2017 a Ferrovial, unas acusaciones que, según la dirigente popular, tienen una “intención electoral” y forman parte del “juego sucio” de los socialistas contra el PP.

Sáenz de Buruaga ha instado a Sanidad a que, si de lo que está acusando al Gobierno del PP es de adoptar una decisión para beneficiar a una empresa en contra del interés público, interponga una denuncia ante los tribunales porque “eso en Derecho tiene un nombre”.