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La historia y siete claves del contrato público-privado de Valdecilla

Desgranamos los principales puntos del contrato suscrito por el anterior Gobierno del PP con Ferrovial-Siec, grupo empresarial al que la Administración regional abonará más de 900 millones de euros por la finalización de las obras y la gestión durante 20 años de 40 servicios.  

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Las obras están previstas que finalicen el 15 de mayo aunque las nuevas instalaciones no estrarán a pleno rendimiento hasta septiembre.

Las obras finalizaron el pasado mes de mayo aunque las nuevas instalaciones no estrarán a pleno rendimiento hasta el próximo año.

Han pasado ya más de tres lustros desde que una de las fachadas de once plantas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se viniera abajo, llevándose consigo la vida de cuatro personas. Comenzó entonces un proceso para modernizar las instalaciones del centro sanitario, referencia nacional y orgullo de todos los cántabros. Aquel proceso que se inició en 1999 aún no ha concluido. Aunque las obras del nuevo edificio finalizaron el pasado mes de mayo después de múltiples retrasos y sobrecostes, su entrada en funcionamiento no se producirá hasta comienzos del año próximo. Además, el contrato público-privado suscrito por el anterior Gobierno del PP para concluir las obras, ha levantado las críticas, y también las sospechas de la oposición. Desgranamos los principales puntos del contrato, que desde este miércoles se puede consultar en su integridad en eldiario.es Cantabria.        

1. La rescisión del contrato original

El derrumbe en noviembre de 1999 de parte de la fachada del Hospital obligó al Instituto Nacional de Salud (INSALUD) a iniciar un proceso para la modernización de las instalaciones. El proyecto se plasmó en el denominado Plan Director de Valdecilla, que se dividió en cuatro fases. Las obras comenzaron en el año 2002, con un presupuesto de 205 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años. Sin embargo, el presupuesto inicial fue incrementándose hasta llegar a duplicarse y los retrasos en la financiación aportada por el Estado, sumados a la complejidad técnica, provocaron la demora en la conclusión de los trabajados de construcción  (debían haber finalizado en 2007).

Con este pretexto, en diciembre de 2012, el Gobierno del PP rescindió el contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por OHL, Ascan y FCC, y comenzó la redacción de uno nuevo basado en el modelo de colaboración público-privada y negociado a través del diálogo competitivo para "agilizar" los trámites y el ritmo de las obras. 

2. Colaboración público-privada y diálogo competitivo

Esta fórmula se emplea en contratos complejos. En lugar de que la Administración saque a concurso público una obra o servicios, son las propias empresas las que participan en la elaboración de las cláusulas y pliegos de condiciones del contrato antes de salir a licitación. Es decir, las empresas van 'quitando y poniendo' de acuerdo con el Gobierno a medida que avanzan las negociaciones.

En el proceso promovido por el Ejecutivo del PP comenzaron su participación siete grupos empresariales, aunque tan sólo FCC-SIEC llegó a presentar oferta.

3. 760 millones de euros

La licitación el contrato - publicada en abril de 2013- establecía que el Gobierno cántabro pagaría a la empresa adjudicataria un canon anual estimado inicialmente en 33 millones de euros, que incluye la construcción y equipamiento de la última fase del Plan Director -con una inversión de 99,1 millones-, y la gestión de 40 servicios no asistenciales, casi la práctica totalidad ya externalizados, durante un plazo de 20 años.

Medio año después, en octubre, el precio final del contrato adjudicado a  la UTE Ferrovial-Siec alcanzó los 37,9 millones anuales sin IVA. En total, por los 20 años de gestión,  759,2 millones de euros -también IVA excluido-.  Los técnicos de la Administración establecieron como la cantidad máxima a pagar 760 millones de euros, prácticamente la misma cifra que la oferta presentada por Ferrovial-Siec. 

4. Canon variable y techo de beneficio

Existen diversos factores por los que los 37,9 millones de euros más IVA establecidos inicialmente de canon pueden variar. En primer lugar, el contrato establece que esta cuantía se revisará anualmente en función del IPC interanual. Además, para calcular esta tasa se tomó como referencia una ocupación media anual del hospital del 95%, por lo que si supera este porcentaje también habría que abonar más dinero a la adjudicataria. De igual modo, cobrará un extra si se excede de un determinado umbral en los consumos de energía eléctrica, gas natural y gasóleo C. Por el contrario, los fallos de disponibilidad y de calidad en la prestación de los servicios darán lugar a la aplicación automática de deducciones. El acuerdo también limita los beneficios empresariales que puede obtener anualmente el concesionario, hasta un máximo del 12%. En caso de superarlos, ese porcentaje revertirá directamente a las arcas de la Tesorería de la Administración regional.

5. Explotación comercial

Además del canon por la gestión de los cerca de 40 servicios, el Gobierno también otorga al contratista el derecho a percibir ingresos procedentes de terceros, distintos de la Administración, como consecuencia de la explotación comercial en las instalaciones del Hospital. A este respecto, el contrato cede a Ferrovial-Siec la  explotación de las áreas comerciales que se encuentren en el centro sanitario, como el parking o el bar.  

6. Calidad y control del contrato

Para evaluar la calidad de los servicios prestados por Ferrovial-Siec, se establece como responsable del contrato al director del Hospital, a quien le corresponde supervisar la ejecución y adoptar las decisiones oportunas. Al mismo tiempo, se crea una Comisión Mixta de Seguimiento formada por ocho personas -cuatro de la Administración y cuatro del contratista-. 

7. Sanciones y rescisión del contrato

Como cualquier contrato, el mismo se puede modificar o rescindir, bien por mutuo acuerdo o por decisión unilateral de una de las partes, lo cual conllevaría daños o perjuicios que tendría que cifrar un juez. De este modo, calcular el coste de una hipotética rescisión del contrato es un poco más que un juego de azar.

Por otro lado, la adjudicataria p odrá ser penalizada con hasta 15.000 euros por "incumplimientos leves" de los compromisos adquiridos; de hasta 150.000 por "graves", y de 3 millones por los "muy graves", que también podrían ser motivo de resolución del contrato.

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