Castilla-La Mancha tramita una convocatoria de ayuda humanitaria para Ucrania y se prepara para acoger refugiados

La Consejería de Bienestar Social está tramitando una convocatoria de ayuda humanitaria y de emergencia “de la forma más ágil posible” destinada a iniciativas de las entidades sociales de Castilla-La Mancha que tienen en marcha programas y proyectos en Ucrania, tras la invasión rusa, según ha podido saber elDiarioclm.es. Unas ayudas que se enmarcan en la convocatoria anual del departamento con la que se da respuesta a distintas crisis humanitarias en lugares de conflicto y también, en este caso, a Ucrania.

Este martes, Bienestar Social mantuvo una reunión con la Secretaría de Estado de Migraciones (junto a los departamentos homólogos del resto de comunidades autónomas) para coordinar la acción a nivel nacional en materia de acogida a personas refugiadas procedentes de la crisis en Ucrania.

En esa acción se incluyen los preparativos para la acogida de refugiados en las próximas semanas o meses. Se trata de un programa coordinado coordinado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con las entidades que trabajan habitualmente en el Plan de Acogida de personas solicitantes de Protección Internacional y que cuenta con Fondos Europeos. 

En Castilla-La Mancha las entidades que participan de esta coordinación a nivel nacional son Cruz Roja, Accem, CEPAIM, Guada-Acoge, Provivienda (que ya ha ofrecido 30 plazas) y Movimiento por la Paz (MPDL).

“Estamos en la fase de diagnóstico identificando la situación para poder ser más certeros a la hora de analizar las necesidades, priorizarlas y, en consecuencia, dar la respuesta más eficaz posible y hacerlo de forma coordinada entre todos los territorios”, señalan fuentes de Bienestar Social, que además apuntan que “quienes ahora mismo tienen capacidad para estar presentes y responder con acciones inmediatas son las entidades que trabajan habitualmente en zonas de conflicto y, por otra parte, las entidades especializadas en las tareas de acogimiento en los países de destino”.  

258 camas del servicio público de salud a disposición de los refugiados

En Castilla-La Mancha se van a poner a disposición del operativo 258 camas en el sistema público de salud de las que 199 son para pacientes en edad adulta, además de 38 UCI, 40 camas quirúrgicas, 95 generales y 26 camas oncológicas. El resto se destinarán a pacientes de Pediatría, con 4 UCI, 4 camas quirúrgicas y diez para neonatos. “Son sistemas de emergencia para la población que tiene la condición de refugiada y que accede al sistema público de salud”, según ha explicado hoy la consejera portavoz, Blanca Fernández.

“Podríamos ser nosotros y los recursos están para ayudar a personas en una situación tan terrible e injusta como tener que huir de la guerra. Es lo mínimo. La condición de asilado o refugiado garantiza no solo la asistencia sanitaria sino la asistencial social y la escolarización de toda la población infantil”, recordaba Fernández, quien habló también de la posible homologación de estudios para aquellas personas que están fuera de la edad de escolarización obligatoria.

Blanca Fernández ha puesto como ejemplo algunos de los lugares que podrían destinarse a la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, como el albergue del castillo toledano de San Servando, cuya titularidad ostenta el Gobierno regional así como las plazas libres en las residencias universitarias en la región. 

La Junta pide a los ciudadanos que colaboren económicamente con ONG: “Es lo más eficiente”

El Gobierno de Castilla-La Mancha agradece “la enorme corriente de solidaridad que recorre pueblos y ciudades a través de iniciativas individuales o en pequeña escala”, pero sostiene que en estos momentos “lo más eficiente es la colaboración económica con las entidades, ya que se gestionan mejor las contribuciones económicas que en especie”. 

Durante la reunión con el Ministerio se ha acordado remitir un cuestionario a las comunidades autónomas para hacer una relación de la capacidad de alojamiento que se puede ofrecer para acogida. “Hoy se está recabando toda la información sobre plazas y recursos para enviárselas hoy mismo al Ministerio”, explica Bienestar Social.

"Este próximo jueves se va a aprobar una nueva Directiva Europea de Acogida con la aprobación de un Estatuto Temporal de Protección Internacional por un plazo de un año"

La Diputación de Cuenca ofrece el albergue provincial

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha trasladado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España los medios provinciales para acoger a refugiados provenientes de Ucrania, en este caso, se refiere a las 66 plazas que tiene el Albergue Provincial Fuente de las Tablas y que serviría para atender a estas personas que se encuentran en una situación de extrema necesidad.

Además, el equipo de Gobierno está estudiando ayudas para los refugiados y para el propio país, ya que la Institución provincial tiene anualmente convocatorias a la Cooperación Internacional. Martínez Chana ha hecho este ofrecimiento durante la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Plenos donde también ha aprovechado para mostrar su “total repulsa” a la guerra que ha iniciado Rusia y ha pedido a Putin que cese en su ataque. 

La Diputación de Cuenca lleva a cabo este ofrecimiento, mientras lleva a cabo otras medidas de carácter simbólico como es la iluminación del Palacio Provincial con los colores de la bandera ucraniana. Todo ello con la finalidad de mostrar su total apoyo a toda la población de este país, así como a los ucranianos y ucranianas que viven en la provincia y que tienen familiares sufriendo este conflicto armado. 

Más de cuatro millones de personas saldrán de Ucrania

La información que se ha facilitado, según las fuentes de Bienestar Social consultadas por este medio, es que ya han salido de Ucrania 610.000 personas y la estimación es que “puedan ser más de cuatro millones las que salgan del país hacia países colindantes; fundamentalmente hacia Polonia y Rumanía”.

Este próximo jueves se va a aprobar una nueva Directiva Europea de Acogida con la aprobación de un Estatuto Temporal de Protección Internacional por un plazo de un año, con posibilidad de dos prórrogas cada seis meses, según la evolución de la crisis humanitaria, que incluye permiso de residencia y de trabajo, así como garantía de asistencia sanitaria, educativa y social.