Castilla-La Mancha secunda las movilizaciones contra la reforma de la Ley Mordaza: "No la queremos maquillada"

Más de cien colectivos, organizaciones y movimientos sociales se han manifestado este domingo en 25 puntos de España contra la reforma de la Ley Mordaza cuyo planteamiento consideran “insuficiente” y un “maquillaje”, por lo que exigen “la derogación total” y “revertir todo lo perjudicial para los Derechos Humanos”. En la región, varios colectivos han secundado las movilizaciones en las ciudades castellanomanchegas de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo.

La movilización la impulsó impulsada por la plataforma ciudadana No Somos Delito, en la que se han agrupado entidades como Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, CGT, CNT, Red Acoge, CEAR, Greenpeace o Defender a Quien Defiende, entre otras.

La protesta se ha desarrolla bajo el lema 'Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada' y de cara a la reunión el martes 15 de febrero de la ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, donde se prevé que se cierren los acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma.

Se trata de denunciar que “la reforma de la Ley Mordaza, tal y como la plantea el Gobierno, no es una verdadera reforma que se alinee con los estándares internacionales de los derechos humanos: es un maquillaje de la ley actual, que no elimina los elementos más restrictivos para el ejercicio de derechos”, señalaba Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

Entre el clamor de lemas como “no más recortes de las libertades” y “Ni desahucios, ni mordaza” y arropado con chalecos y carteles en los que ha primado el color amarillo, se han manifestado decenas de personas en las capitales de provincia de la región.

A las 12 horas se congregaban los manifestantes en la plaza de Zocodover de Toledo, en Albacete en la plaza de la Constitución, en Guadalajara frente a la Subdelegación de Gobierno y en Ciudad Real se ha unido a la convocada por Alianza por el Clima, por la víspera del Día Mundial de la Energía, en la plaza del Pilar.

Aspectos “más problemáticos” de la ley

En la movilización de este domingo han reclamado que “se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de seguridad ciudadana”, según señalaba la plataforma ciudadana No Somos Delito.

En este contexto, ha recordado que cuando se aprobó la actual legislación, los partidos que entonces se encontraban en la oposición se comprometieron a derogar o reformar de forma integral esta norma, un compromiso político que “está muy lejos de cumplirse”.

Así, los colectivos que componen la plataforma han tachado de “ineficaz” la medida planteada por PSOE y Unidas Podemos para limitar la “presunción de veracidad” de los funcionarios policiales.

Y es que, según No Somos Delito, la propuesta de que el relato policial en las denuncias sea coherente, lógico y razonable, “además de no exigirse a todas las actuaciones policiales, no acaba con uno de los aspectos más problemáticos de la ley, que es que la palabra del agente vale siempre más que la de la ciudadanía, vulnerando el derecho a una defensa justa”.

Derecho a la manifestación espontánea

También consideran que está “incompleta” la propuesta de reconocer el derecho de manifestación espontánea ya que, según apuntan, se sigue manteniendo las infracciones que permiten a la Policía determinar quién es la persona convocante de una manifestación que no ha sido comunicada y sancionarla.

Lo mismo sucede, han detallado, con la propuesta planteada para reformar la infracción referente al uso de imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, argumentando que “se seguirá permitiendo que sea el agente quien decida si la persona que ha hecho la foto podría hacer un uso de la misma que suponga un peligro para su seguridad, la de su familia, la del operativo o las instalaciones”. “En base a ello, se puede sancionar a la persona autora de la foto por algo que todavía no ha sucedido, como es el uso presunto de la imagen”, han lamentado.

Por otro lado, han subrayado que esto mismo sucede con la infracción que más afecta al movimiento Stop Desahucios, la que sanciona la obstrucción a la actuación de comisión judicial, que plantea “dejar a la interpretación del funcionario la decisión de si parar un desahucio es una obstrucción o un ejercicio de derechos fundamentales”.

En este mismo sentido, han condenado la redacción propuesta sobre el uso de balas de goma, “donde dejan margen para que sean los agentes quienes determinen si hacer o no uso de las mismas, por lo que no puede considerarse que se establezca su prohibición expresa”.