“Cataluña no es una entidad que pueda disfrutar del derecho de autodeterminación”

¿Es posible la independencia de Cataluña? “Desde el punto de vista jurídico y como experto en derecho internacional: no hay fundamento jurídico al que acogerse”. Es la explicación del profesor y doctor, José Fernando Lozano, también director del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá. “Se recoge el derecho a la autodeterminación [en el derecho internacional], pero está pensado para los pueblos que están sometidos a dominación colonial”. explica.

Este, recalca, “no es el caso de Cataluña”, sino que se refiere más bien, según explica Lozano, al caso del Sáhara Occidental. “Ahí sí cobra sentido. Los partidos soberanistas incurren en un grave error y tratan de engañar a la opinión pública al intentar sostener su argumento en el derecho a la libre autodeterminación”, afirma el docente de la Universidad de Alcalá. Por eso, recalca, “Cataluña no es una entidad que pueda disfrutar de este derecho. No se dan lsa circunstancias. Es un traje en el que no entran”.

Lo que sí sería posible, señala Lozano, sería una independencia “de facto, política”, pero que no se apoya desde el punto de vista jurídico. “Si se quiere intentar prescindiendo del derecho, pues ya entramos en el terreno de la anomia. Sin encomendarte a ninguna ley o norma, en ese caso lo que rige es ser el más fuerte”, afirma el docente, especialista en derecho internacional.

Pero, además, en este caso también se corre el riesgo de convertirse en un estado “sin reconocimiento alguno”. “Tenemos que pensar en clave europea también y conforme al derecho de la Unión Europea, si Cataluña quedara fuera de España, también lo haría de la UE. Para poder ingresar, tendría que volver a solicitar su ingreso y para eso, es condición 'sine qua non' que todos los Estados den su visto bueno. Si hablamos de una separación no amistosa...”, explica.

Efectos del Brexit

El profesor también ha tenido palabras para hablar de la situación, todavía sin aclarar del todo, del Brexit. “Los efectos van a depender de si hay acuerdo o no, porque si hay acuerdo, los efectos serán mucho menos perniciosos que en el caso de no haber acuerdo. Si no lo hay, será duro pensando sobre todo en los ciudadanos de a pie, en aquellos que residen en Reino Unido o que siendo británicos residen en Europa”, señala el docente.

Sin embargo, en el caso de un acuerdo, explica Lozano, hay un apartado “interesante” en el acuerdo negociado por Theresa May, según el cual los ciudadanos se verán “poco afectados”. Sin embargo, recalca que en “toda ruptura, las dos partes suelen salir perdiendo”, que en este caso afectará a la Unión Europea en su conjunto, y no sólo como organización sino a todos los Estados miembro“, continúa.

De todos modos, explica que el impacto económico se va a “notar mucho más” al otro lado del Canal de la Mancha, porque van a “estar solos, entre comillas, a pesar de que Donald Trump les ha permitido ayudas y un acuerdo comercial beneficioso”. “Ya sabemos que podemos fiarnos poco de sus palabras”, asevera el docente, que señala que “todas las partes van a salir perdiendo, y también en el caso de no haber acuerdo ”costará más digerir“ estas pérdidas.

Todavía no se sabe cuán fuerte será la “sacudida” en todo el mundo, especialmente en los distintos casos, como ocurre con los países de la Commonwealth que tienen más relación con el Reino Unido, de manera histórica. “Sin embargo, aunque el Reino Unido salga de la Unión, no se perderán estos vínculos. Lo que sí puede ocurrir, es que se intente competir con la Unión Europea, o con otros socios con los que la Unión se ha relacionado tradicionalmente”.

Lozano advierte de que las relaciones a futuro con la Unión Europea “no van a discurrir por causes amistosos”, pero que sí se paga la factura y se está “dispuesto a respetar los derechos de los ciudadanos, la cosa cambia”. Finalmente, el profesor llama la atención a que es la primera vez que un Estado solicita abandonar la Unión, pero que también se debe a que es un mecanismo “relativamente novedoso” que se introdujo en el Tratado de la Unión Europea en su última versión, la de Lisboa.