Las decisiones que se toman con una moneda al aire

¿Qué opinaría usted si le preguntaran sobre las decisiones tomadas por los gobiernos cuando le afectan directamente, sea por el sector donde trabaja, las condiciones laborales o la carga impositiva? ¿Se atrevería a participar, si con ello puede influir en cómo se van a aplicar dichas decisiones?

¿Ha pensado qué habría dicho sobre la subida de la electricidad, los problemas del abandono escolar y la eficiencia educativa? ¿Se imagina qué podría aportar para mejorar el medio ambiente o reducir la contaminación, más allá de su ideología y teniendo la oportunidad de decir lo que de verdad piensa? O sobre la Justicia, los impuestos, etc.

La mayoría de la ciudadanía conoce la política a través de los debates televisivos, las convocatorias electorales y sus discursos, así como por las intervenciones en las cámaras, tanto las nacionales (Congreso y Senado) como en las autonómicas.

Esta visibilidad de los temas políticos nos hace creer que la política consiste en una permanente pugna dialéctica para tomar el poder. Siendo la toma del poder entendida como la titularidad de las carteras de los ministerios, en el caso del gobierno nacional, y como consejeros en los gobiernos autonómicos.

Pero la política que protagonizan los partidos políticos no es la única forma de la política. Existe otra forma de ver la política, se trata de las políticas públicas. Los estadounidenses y británicos tienen incluso distintos términos para designarlas. La -politic- y la -policy- pero nosotros usamos el término -política- para ambos. El primero se aplica a las estrategias para conseguir los apoyos de los votantes y la segunda para diseñar propuestas que afronten los problemas generales de la sociedad.

La participación de la ciudadanía en la política se suele limitar a la elección de sus representantes cada 4 años. Este nivel de participación suele ser considerado muy importante para los partidos políticos. Sin embargo, se puede decir que ahí ha acabado todo lo que el ciudadano puede hacer en relación con la participación política.

Sin embargo, existe otra forma de la política, la participación ciudadana en las políticas públicas, que como ya hemos dicho, se refiere a la agenda de actuación de los gobiernos en los distintos asuntos y que dependen, a su vez, de la toma de decisión de los ministros, consejeros o presidentes de los gobiernos correspondientes.

Estas líneas de gestión siguen un proceso de toma de decisiones, normalmente basado en la consulta previa con los sectores a los que el resultado de dichas políticas públicas afectaría.

Desde ya hace bastantes años, la Unión Europea insiste en normalizar la participación de la ciudadanía en ese proceso de toma de decisiones.

El proceso de consulta pública no suele ser muy transparente, pocas personas de un determinado sector son convocadas a participar

Hoy día lo conocemos como “Consulta pública”. Este proceso no suele ser muy transparente, pocas personas de un determinado sector son convocadas a participar. No se hace mucha publicidad de dicho proceso y no se suele identificar los sectores consultados. Por ejemplo, en lo que se refiere al sector energético, medioambiental o educativo, por nombrar algunas de las políticas públicas que más suelen aparecer en la prensa como sectores consultados antes de tomar una decisión de gobierno.

Existen varios problemas para hacer de este proceso de toma de decisión un proceso democrático y participativo.

El primero es que el gobierno, nacional o autonómico, responsable en última instancia de la decisión final, suele ceñirse a entender esta parte de la participación como un mero trámite de consulta no vinculante. Vamos, que preguntan y, tanto si responden como si no, no obliga a tomar una decisión que coincida con las peticiones o acuerdos alcanzados.

El segundo es que, cuando la consulta exige un determinado tipo de conocimiento experto, solo resulta relevante las aportaciones de los técnicos conocedores de una materia concreta.

El tercero es que, si el sector que va a sufrir directamente la decisión del gobierno es muy poderoso y su reacción puede afectar a la efectividad de la norma, como ha sido el caso de la subida eléctrica reciente, los participantes en la consulta se reducen a lo que dicen dichas empresas.

Por otro lado, existen varios problemas que genera no realizar un adecuado proceso de consulta y participación ciudadana activa. Me refiero a los efectos de resistencia, retrasos e incumplimientos derivadas de no entender la lógica de las decisiones.

“Un coste económico”

El coste de no hacer un adecuado proceso de participación democrática en los procesos de toma de decisión supone un coste económico ya que, si no hay un acuerdo mayoritario en los sectores afectados, pueden, dichos sectores, reaccionar dilatando su cumplimiento, con dos posibles escenarios. Uno, el proceso de sanciones por su incumplimiento, lento y costoso. La tensión social sobre los sectores más perjudicados y el coste sobre la opinión pública, lo que repercutirá en un mayor desgaste del gobierno.

Otra de las posibles reacciones es la resistencia. Recordemos las resistencias a crear basureros de desechos químicos o radiactivos.

Las tomas de decisión desde los gobiernos, asesorados por técnicos y científicos, no es suficiente para que sea ni correcta ni efectiva la medida que se quiera tomar.

Existe un serio problema a la hora de aplicar una solución científicamente avalada que depende del grado de acierto de la comunicación de dicho conocimiento hacia la ciudadanía general. La reacción de la ciudadanía, o de sus organizaciones, que no ha sido escuchada previamente, puede hacer inútil planes industriales o multimillonarias inversiones. Recordemos aeropuertos abandonados, autopistas sin coches, bibliotecas sin visitantes o palacios de congresos sin congresos o incluso hospitales sin camas.

En definitiva, tomar decisiones como moneda al aire puede convertir aquello que nació de un voluntarismo político en un fracaso político, si no se cuenta con la ciudadanía más allá de las elecciones y más cerca de sus intereses.